LA HABANA - El régimen cubano presentó este martes un nuevo paquete de disposiciones para atraer inversión extranjera, un intento por oxigenar una economía paralizada, sin divisas y marcada por apagones, escasez y una profunda pérdida de capacidad productiva.
El anuncio llega en momentos en que la dictadura cubana busca enviar señales de apertura, pese a que los inversionistas internacionales mantienen su desconfianza ante la falta de seguridad jurídica y el control absoluto del Estado sobre los negocios.
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, aseguró durante un foro en la Feria Internacional de La Habana que las medidas buscan “dinamizar” la llegada de capital y facilitar la operación de empresas foráneas. Sin embargo, las iniciativas se presentan como una reformulación limitada del mismo modelo centralizado que ha generado décadas de ineficiencia y ha expulsado a miles de emprendedores.
El analista Diego Acuña, presidente del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo (ILAD), dijo que en la isla no existe seguridad jurídica, pero sí expropiaciones, cambios arbitrarios de reglas, controles y decisiones del Partido Comunista Cubano que ahuyentan el capital. "El sistema prohíbe el mercado mayorista, limita la importación privada, mantiene el monopolio estatal del comercio exterior. No existe capitalista que quiera arriesgar dinero en una estructura donde el Estado es juez, parte y dueño total", afirmó.
En este sentido, refirió que la ley 118 cubana permite la inversión extranjera y existen zonas francas como Mariel. "El problema no es legal, es práctico. El Estado (régimen) prohíbe que el inversor contrate directamente trabajadores. Debe contratarlos a través de una empresa estatal que se queda con más del 80% del salario", agregó.
También señaló que la economía cubana ya era disfuncional, incluso cuando no había embargo. La crisis estructural no comenzó con el embargo.
Autorización de cuentas en el exterior y pagos en divisas
El régimen anunció que las compañías podrán abrir cuentas bancarias en el extranjero, manejar ingresos en divisas y operar indistintamente en pesos cubanos o dólares. La flexibilización, según el ministro, permitiría sortear parte de la asfixia financiera interna y el colapso del sistema bancario estatal, incapaz de garantizar liquidez y pagos básicos.
Las nuevas regulaciones, que aún deben publicarse en la Gaceta Oficial, también ofrecerán la opción de importar combustible “cuando sea necesario”, una admisión tácita del fracaso del Estado para asegurar el suministro energético en una Isla que enfrenta apagones diarios.
Contratación directa y promesas de reducción de trámites
Las normas permitirán que las empresas extranjeras contraten directamente a sus trabajadores —una práctica restringida por décadas— y que puedan otorgarles gratificaciones en divisas. Además, el régimen promete reducir de 15 a siete días la evaluación de propuestas de inversión, una medida que intenta suavizar la rígida burocracia que históricamente ha espantado a posibles socios.
Aun así, el Estado mantiene el control total de los procesos de autorización, así como la participación en la mayoría de las actividades económicas clave, lo que para analistas continúa siendo un obstáculo que imposibilita cualquier apertura real.
Más capital extranjero en el sector financiero
Pérez-Oliva afirmó que las nuevas reglas, según él, abren espacio a una “mayor participación del capital foráneo” en el sistema bancario y financiero del país. El anuncio ocurre en medio del deterioro más severo en más de tres décadas: un ciclo sostenido de escasez de alimentos y medicinas, caída del turismo, inflación descontrolada, fuga masiva de profesionales y un mercado informal que supera ampliamente al estatal.
Actualmente, Cuba asegura tener 376 negocios con capital extranjero provenientes de 40 países. La cifra está muy lejos del volumen necesario para rescatar la economía. Según expertos locales, el país requiere al menos 5.000 millones de dólares anuales en inversión, pero el régimen apenas logra captar una fracción mínima debido al riesgo político y a la inexistencia de garantías legales.
Las nuevas disposiciones del régimen se presentan como un esfuerzo por atraer capital, pero surgen en un contexto donde la población sufre las consecuencias de un modelo agotado y la dictadura busca desesperadamente ingresos para sostenerse, más que para emprender una transformación económica de fondo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoAcuOficial/status/1990792858270413053?s=20&partner=&hide_thread=false
FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA