La entrada en vigor del Decreto-Ley 108/2026 "De Aduanas" representa una maniobra estratégica del régimen dictatorial cubano para blindar su control sobre la frontera, disfrazada de modernización técnica.
Bajo el pretexto de unificar normativas dispersas, la cúpula estatal ha diseñado un cuerpo legal que centraliza el poder de vigilancia en las aduanas, eliminando cualquier vestigio de autonomía ciudadana. Este nuevo ordenamiento no busca facilitar el comercio, sino perfeccionar el engranaje de fiscalización sobre el único canal de entrada de bienes que escapa al control absoluto del Estado: el equipaje de los viajeros.
El texto legal otorga facultades extraordinarias para retener y destruir mercancías bajo la nebulosa justificación de proteger la "seguridad de la sociedad socialista". En cualquier democracia funcional, estas atribuciones están limitadas por principios de proporcionalidad y supervisión externa; sin embargo, en la estructura totalitaria de la isla, estos contrapesos son inexistentes.
La ley confiere a los funcionarios un margen de discrecionalidad tan amplio que cualquier objeto puede ser declarado "peligroso" para el orden interior, dejando la propiedad privada a merced del capricho administrativo, detalla el portal web Diario de Cuba
Cuba sin seguridad jurídica
Uno de los pilares más opresivos de esta reforma es el diseño de su sistema de recursos, que anula de facto el derecho a la defensa. Al obligar a los ciudadanos a impugnar decisiones ante la misma autoridad que impuso la sanción, el régimen ignora deliberadamente los estándares internacionales de revisión independiente.
Este modelo de revisión "en casa" es una trampa jurídica diseñada para desalentar el reclamo y perpetuar la indefensión, reafirmando que en Cuba la administración pública no es una servidora del ciudadano, sino un brazo ejecutor de la voluntad oficial.
La seguridad jurídica en la isla queda herida de muerte por el uso sistemático de conceptos indeterminados. Términos como "orden interior" o "seguridad nacional" funcionan como comodines legales que el régimen utiliza para criminalizar el flujo de bienes según sus necesidades políticas del momento. Esta imprecisión deliberada genera un estado de incertidumbre permanente, donde el ciudadano nunca sabe con certeza qué es lícito importar, permitiendo que la arbitrariedad se convierta en la norma y la impunidad administrativa en el escudo del funcionario.
La ley introduce, además, la capacidad de ejecutar medidas irreversibles, como la destrucción de bienes, antes de que se agoten las vías de apelación. Esta táctica elimina la posibilidad de una reparación material efectiva, convirtiendo cualquier victoria legal posterior en un simple papel sin valor real. Al destruir la mercancía antes de que un tribunal pueda pronunciarse, el aparato estatal anula el contenido del derecho a la propiedad, enviando un mensaje claro: una vez que el Estado confisca, la pérdida es definitiva y la resistencia es inútil.
Finalmente, el impacto social de este decreto es devastador en un contexto de miseria y escasez sistémica provocada por la propia dictadura.
Al endurecer el control sobre las importaciones personales, de las que dependen millones de familias para su subsistencia diaria, el régimen utiliza la aduana como una herramienta de sometimiento económico.
FUENTE: Con información de Diario de Cuba
