En su título IV, este código creado antes del nacimiento de Odlanier (11 de diciembre de 1998), recoge los delitos contra el orden público, entre ellos los “desórdenes” y la “instigación a delinquir”.
Por el primero han respondido, según cifras oficiales proporcionadas por Joselin Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular, 53 de las 62 personas juzgadas después de las protestas nacionales del 11-J. A otros, dijo la misma fuente, los han condenado por “resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño”.
Un listado construido por iniciativa ciudadana eleva hasta 178 la cantidad de personas acusadas de desorden público. Otros delitos los distribuye así: desacato (66), atentado (37), instigación a delinquir (58), resistencia (35), propagación de epidemia (31), manifestaciones ilícitas (1), amenazas (1), robo con fuerza (7), daños (4), desobediencia (1), lesiones (2), hurto (1).
odlanier santiago rodríguez cuba
Odlanier Santiago Rodríguez, arrestado por el régimen cubano.
FACEBOOK / Odlanier Santiago Rodríguez
Menos frecuentes han sido los acusados por sabotaje (2), terrorismo (1) y sedición (2), que es un delito “contra la Seguridad Interior del Estado”. Lo que eso significa en la Cuba de los últimos 62 años, es que el marco regulatorio prevé penas severas para sancionar a quienes como Odlanier, son acusados bajo este cargo.
“Los que, tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes, son sancionados:
a) con privación de libertad de diez a veinte años o muerte, si el delito se comete en situación de guerra o que afecte la seguridad del Estado, o durante grave alteración del orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia;
b) con privación de libertad de diez a veinte años, si el delito se comete sin recurrir a las armas ni ejercer violencia y concurre alguna de las demás circunstancias expresadas en el inciso anterior; o si se ha recurrido a las armas o ejercido violencia y el delito se comete fuera de zona militar en tiempo de paz;
c) con privación de libertad de uno a ocho años, en los demás casos”. Así se lee en la página 36 del Código Penal. Esta es su ruta: libro segundo, Parte Especial, título I, capítulo II, SECCIÓN SEGUNDA, ARTÍCULO 100.
Para que esperara su procesamiento en prisión, a Odlanier le pusieron una medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la medida fue cambiada y el joven fue excarcelado temporalmente bajo fianza de 2.000 pesos cubanos (unos 83 dólares). En estos momentos está de vuelta en su casa en La Güinera, en la misma casa donde lo recogieron los uniformados el pasado 14 de julio en la mañana, dos días después de las manifestaciones en el barrio que dejaron al menos un muerto: Diubis Laurencio, el primero reconocido oficialmente. Lizet Rodrìguez, la tía de Odlanier, recuerda cada flash de los uniformados llevándose a este y sus demás sobrinos, los hermanos Emiyoslan (17 años), Yosney (25) y Mackyani (23) Román Rodríguez.
“Entraron por la mañana, a los muchachos se los llevaron sin desayunar, sin asearse, descalzos, sin nasobuco [mascarilla]. Yo era la adulta que estaba en la casa en ese momento. En mis 40 años yo no había visto semejante cosa, los niños del barrio estaban aterrorizados, todos decían: ‘entren a los niños’… El día de las protestas se sintieron las balas”, relata.
Insiste en que los militares entraron como por su casa: “me empujaron, me halaron un brazo. Eran ‘boinas negras’, uno era instructor penal. Pregunté por la orden de registro, pero no tenía. Me abrió la puerta del escaparate y le pregunté ‘qué usted busca’. Yo tenía un pomo de aceite y le dije que si se lo iban a llevar también. Fueron con unos testigos que yo nunca en la vida había visto, aunque se suponía que los testigos fueran personas conocidas, del barrio”.
“Por la forma en que entraron a la casa, parecía que yo era integrante de Isis [grupo terrorista] y estoy preparando una bomba para poner en el Capitolio. No me dejaron filmar. Era una película de terror. Yo estaba ahí, se vio feo, mi mamá gritaba y yo me preocupé porque sabía que le podía dar hasta un infarto. A mi mamá le dio después una isquemia y terminó en el hospital.
documento excarcelacion odlanier santiago rodríguez cuba
Documento oficial de excarcelación bajo pago de fianza.
Familia Odlanier Santiago Rodríguez
A la novia de uno de mis sobrinos la iban a cargar y le dije: “¡suéltala! ¡Está embarazada!”. Le dije que la violencia engendra violencia. Y una colega mía que estaba ahí trató de pararme: ‘Lizet, ya no te pongas más así’, me dijo. Pero yo sí puedo hablar… la gente piensa, sabe lo que quiere”.
Después de que liberaron bajo fianza a Odlanier, la familia ha esperado la excarcelación del resto. Pero los tres hermanos continúan tras las rejas. Su padre Emilio Román y su madre Teresa Rodríguez, han ido a llevarles jabas de aseo, pero no les han dejado verles. “Tengo el corazón hecho pedazos. Y cada día la angustia me está matando. Estoy como loco”, dice Román.
Desde el principio aclaró: “Ni Teresa ni yo estábamos en el momento de la detención” ... “Yo no vivo ahí, y Teresa estaba en el trabajo. Cuando llegué, que me avisaron, ya estaban todos los ‘boinas negras’ ahí con tremenda mala forma y ya se los habían llevado. Y hasta el sol de hoy que sé que al mayor y al primo los mandaron para el Combinado del Este, a la hembra se la llevaron para la prisión de mujeres y al menor a la del Guatao”.
A Teresa y a Emilio nadie les ha dicho que sus hijos estén acusados de delitos contra la Seguridad del Estado. Mientras continúan presos en espera de juicio, la familia los va viendo en el espejo que sería el primo. Un espejo opaco porque a un mes de las protestas del 11J, todavía no hay sentencias y, en cambio, abunda la especulación. A Teresa lo que sí le han dicho es que su hija está “complicada”. Qué tan complicada tendría que estar para no haber salido con fianza como su primo, quien sí está acusado de un delito contra la seguridad del estado. La policía asegura tener un video que los inculpa, pero no lo ha mostrado. Quizás porque en la mayoría de las imágenes que han circulado —y ese presunto video no tendría por qué ser excepción— lo que se ha visto es el enfrentamiento desigual entre uniformados y civiles, el despliegue de tropas especiales. Todo ello evidencia, además, que se está aplicando la legislación penal de manera selectiva, como transparenta la jurista Laritza Diversent: “No todas las personas que participaron en las protestas del 11-J están siendo procesadas en estos momentos. Hay discriminación por motivo de la opinión política, por ejemplo, los miembros de brigadas de respuesta rápida ni los policías que usaron la violencia, incluso la fuerza mediante armas de fuego, no han sido procesados ni juzgados por estos hechos. Tampoco el presidente, que convocó y llamó a la violencia. Por lo tanto, hay una discriminación por razones políticas”, advierte.
La Fiscal General de Cuba, Yamila Peña Ojeda, dijo el domingo 25 de julio que la Fiscalía garantiza el principio de legalidad y actuará severamente en los casos más graves en los cuales “se demuestre que las personas juzgadas organizaron, promovieron o financiaron los hechos que ante todo violaron la tranquilidad ciudadana y vulneraron la seguridad jurídica”.
En contraste, Diversent explica que “los manifestantes no cometieron ningún delito, basado en que ejercieron un derecho (a manifestarse) que está reconocido en la Constitución, lo que condiciona que haya una ley que cumpla lo establecido. Pero eso de momento no existe”. Desde la sociedad civil, se han generado peticiones públicas que buscan que se inicien de oficio los procedimientos de revisión en aquellos que ya han recibido sentencia y/o confirmación de las apelaciones y solicita, así como demandan sobreseimiento libre y total con carácter inmediato de todos los procesos que estén en manos de la Fiscalía; así como de los casos que ya fueron presentados por la Fiscalía al tribunal, sin que se haya efectuado juicio. Y archivo definitivo con carácter inmediato de todos los expedientes o investigaciones abiertos contra personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio y los días posteriores, incluso de aquellas con procesos abiertos por actos supuestamente violentos, en base a que los manifestantes no cometieron delito, sino que reaccionaron en legítima defensa a la orden de combate dada por el presidente.
La abogada precisa que las suyas son recomendaciones de Cubalex a las instituciones del Estado para resolver el problema actual que incluye un trato discriminatorio que ningún Estado debería permitir: hasta por la televisión han aparecido personas del ámbito militar que reconocen haber estado en las protestas y sin embargo no están siendo procesadas como parte de la población que estuvo allí, recuerda y explica que están mostrando algunos heridos del lado de la autoridad, mientras otros heridos de la ciudadanía no están siendo presentados en esas plataformas mediáticas estatales. Y (ese trato discriminatorio) está perjudicando especialmente a las personas privadas de libertad porque puede influenciar a fiscales y jueces que están ejerciendo la acción penal en contra de los manifestantes de manera dura”.
La mano dura ha incluido la falta de acceso a información sobre familiares detenidos. Hasta el momento, la información de la que disponen las familias de los presos del 11J es limitada y llega a cuentagotas. Pero lo poco que se filtra va mostrando el calado de la Justicia en Cuba, donde la Seguridad del Estado se ve “amenazada” por jóvenes que lanzaron sus gritos al vacío y ahora están privados de su libertad.
@cabezamestiza
