Este texto nació del Laboratorio de Periodismo Situado, proyecto de formación de periodistas de Colombia, Cuba y México para la producción de historias y relatos sobre violencia estatal utilizando formatos digitales de alta calidad narrativa.

La doctora Yasmín abre el refrigerador y examina sus provisiones. Echa en falta un alimento que considera esencial para su hijo de cuatro años: la carne de res. La última vez que la doctora recibió la entrega subsidiada por el Estado fue en marzo, poco antes de que estallara la pandemia mundial de COVID-19. Tampoco pudo conseguir en el mercado negro. Los vendedores ambulantes que habitualmente recorren las calles ofreciendo la libra a 30, 40 o hasta 50 pesos (el equivalente a dos dólares) ya no aparecen por el barrio.

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Yasmín y su familia viven en el municipio de Nuevitas, en Camagüey, la provincia más extensa de Cuba (15.615 kilómetros cuadrados) y con mejores rendimientos en ganadería. El liderazgo productivo de la provincia no parece beneficiar a quienes la habitan. Yasmín está en una situación similar a la de Maribel, solo por vivir donde viven. Para la embarazada pudiera ser diferente, no por el embarazo o porque antes viviera en La Habana. También porque a solo 59 kilómetros de su casa, en la provincia de Mayabeque, se ubica el Matadero de Nueva Paz, uno de los más conocidos del país. No le queda muy lejos, pero tampoco lo suficientemente cerca. Y es de ahí de donde sale buena parte de la carne de res para el mercado negro local.

Hay personas que viajan desde distintos puntos a buscar mercadería para revender en sus comunidades. Todos los días una pareja se monta en un camión de pasajeros. Limpios, decentes. Ella con un bolso; él con una mochila. Durante el trayecto escuchan música con audífonos. La policía detiene el camión y bajan a los pasajeros. A ellos no los revisan.

—No tienen pinta de revendedores —cuenta una mujer que viaja con la pareja.

A ella sí la revisan.

—Buscan algo frío.

Los municipios de Nueva Paz, Los Palos y Vegas son las comunidades más beneficiadas por su cercanía con el matadero. Ahí la carne llega con menos restricciones. “El centro tiene unos 200 trabajadores. Los que trabajan directamente con la carne, quienes la venden a otros que la sacan a la calle con un precio mayor a 25 pesos o un CUC (un dólar), debido a que ya pagaron a una primera mano. La sacan en el cuerpo y hasta en los desperdicios, entre vísceras y mondongos. Hay otros autorizados a sacar los camiones con carne y consiguen sus tajadas”, cuenta la mujer.

Es difícil vivir en Cuba sin ser parte de la trama de corrupción asociada a la venta de alimentos básicos. La escasez empuja a las personas al mercado negro, donde se vierte lo extraído del sector estatal por trabajadores que buscan complementar un salario medio de 40 dólares al mes. Pocos se arriesgan tanto como el que “mete la mano” para sacar carne roja: la ley establece penas de entre 100 y 500 pesos cubanos, de cuatro a 20 dólares. Algunas contravenciones incluyen penas complementarias como invalidación de la facultad para ejercer.

Decreto Nro. 225 de “Contravenciones personales de las regulaciones para el control y registro del ganado mayor y de las razas puras” (ARTÍCULO 1)

Alejandro Gutiérrez vive en Las Tunas, a más de 600 km de la capital. Su hija tiene tres años. Hasta que cumpla siete seguirá recibiendo la carne subsidiada. Es casi siempre de segunda y le alcanza solo para dos comidas. Antes solía complementarla con carne obtenida “por fuera” que pagaba 30 pesos ($1.25) la libra.

—Ahora no hay nada —dice.

La pandemia y las medidas de aislamiento dificultaron el acceso a carne ilegal.

—Ha disminuido y los precios han aumentado —lamenta la doctora Yasmín.

Su esposo, también médico, vive en el exterior y ella sola debe hacerse cargo del cuidado del niño. La pareja conoce las estrategias del sistema de salud pública para evitar la anemia infantil. Yasmín habla como doctora y como madre: “En los primeros meses depende de que las madres cumplan y se tomen las prenatales, además de ácido fólico durante el embarazo. Los niños hasta los seis meses circulan con la hemoglobina materna. En lo adelante se les orienta el consumo de carnes rojas”, dice, pero la considera una “orientación irónica”.

Hace ya 30 años, la Convención sobre los Derechos del Niño hablaba de la necesidad de proporcionar “alimentos nutritivos adecuados” para combatir la malnutrición y las enfermedades infantiles. Como madre, Maribel también pone atención a la necesidad de su niño para el adecuado crecimiento: hierro y proteínas presentes en la carne. “Es muy importante incluirla en la dieta”, dice. En ocasiones ha recurrido al mercado negro para conseguir más, pero no siempre puede. “No todos tenemos dinero para eso”, remarca.

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Hasta hace poco Maribel Montes de Oca vivía sin la preocupación de que a su hijo le faltara carne de res y leche, al menos en porciones mínimas y subvencionadas. Pero al regresar de La Habana a su natal Matanzas se encendieron las alarmas: su pequeño Darío cumple los siete años en octubre y dejará de recibir la libra de carne asignada por el Estado cada mes, así como la leche. Para ese momento ella habrá dado a luz y caducará también la dieta correspondiente a su embarazo, que será sustituida por una para bebé. Con más frecuencia Maribel tendrá que valorar la opción de comprar en el mercado negro para alimentar a dos menores.

En La Habana, Santiago de Cuba o la Isla de la Juventud la norma estatal establece la entrega de los dos productos hasta los 13 años, mientras que para las restantes provincias sólo hasta los 7 años.

Vivir en Matanzas, ya lo sabe Maribel, es una desventaja debido a esa “distribución estratégica” entre embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, y niños, que regula la misma porción de carne para todos los niños del país, pero por menos tiempo para los de provincias como la de Darío.

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Toda res en Cuba debe tener, por ley, un número de identidad que la acompañará en el cuerpo desde el primer año de vida hasta su muerte. Toda res reportada ante el Registro Pecuario es controlada por su dueño real, el Estado. Cada número estampado con hierro al rojo sobre su piel dará la información necesaria sobre el lugar de nacimiento, raza, sexo y edad. Garantiza que “si aparece en Pinar del Río una res perdida en Santiago, se sepa todo sobre ella y se pueda devolver a su lugar de origen”, explica Ileana La Rosa, una ingeniera pecuaria que por una década trabajó en la industria local de Palma Soriano, en Santiago de Cuba.

La ingeniera utiliza la palabra sacrificar. En el país no se matan las reses salvo en los mataderos estatales; el resto es “sacrificio de ganado mayor”, casi siempre acompañado de hurto, que prevé penas de prisión de entre cuatro y diez años.

A Denia Caraballo y su esposo, campesinos de la comunidad Santa Rita, en Santiago de Cuba, más de una vez les han robado reses. “Hasta los caballos nos han llevado”, cuenta. Cada vez que les roban, Denia y su esposo deben pagar al Estado el valor de los animales perdidos.

En la madrugada del 5 de julio el cubano Yamisel Díaz Hernández, de 38 años, intentaba huir junto a otros dos hombres después de haber robado ocho caballos en la provincia de Artemisa. Un policía los interceptó. Según reporta la prensa estatal, Yamisel lo atacó con un machete. El policía disparó y lo mató.

La protección legal que ostenta el ganado mayor en Cuba nada tiene que ver con agendas de bienestar animal, sino con una política de Estado encaminada desde el triunfo de la Revolución a aumentar la cantidad de cabezas de ganado, experimentar con el cruce de especies en busca de mejoras genéticas y súper productividad de leche.

Seis décadas después, en un país que produce al año solo unas 36.363 toneladas de carne de res deshuesada, frente a 11.2 millones de habitantes, existen barrios como el de Rossalia Benítez en El Cerro capitalino, donde poco se habla de racionamiento socialista y los vendedores ofrecen alimentos puerta por puerta. “Venden de todo, la calidad depende”, explica. Solo compra carne de res a conocidos, de lo contrario va a la tienda aunque allí cuesta alrededor de 20 dólares cada kg de carne roja.

Los planes de la economía nacional (y su desagregación a nivel local) deben desglosar las cantidades correspondientes al encargo estatal entre Turismo, Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) y Balance Nacional. Este último incluye lo que se suministra para la canasta normada, según un informe en el que no se precisan las cantidades.

“A mi hija le dieron dieta de carne cuando estaba embarazada”, dice la abuela de cabello anaranjado. “Pero luego se derrumbó nuestro edificio y había que ir del Cerro a La Habana Vieja y perdíamos casi todos los cárnicos porque no nos enterábamos de su llegada”. Y lo que se deja de entregar no regresa a ningún almacén estatal, va a manos del carnicero. Las carnicerías estatales también alimentan el mercado negro.

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Carla, una argentina radicada en Cuba que ha traído al país la cultura vegana a partir de su negocio culinario, valora que el cubano tiene la convicción de que la carne es lo mejor y trata de mantenerla en su dieta. Asegura que es más difícil sostener en la isla una dieta vegana o vegetariana debido a los precios y a la sistemática escasez. El boom del veganismo en el mundo, con tantas propuestas alimentarias, no lo cree pertinente para Cuba. Ella desaconseja el consumo de carnes y aprueba solo el pescado una vez cada dos o tres meses.

En la Isla de la Juventud, otro de los territorios protegidos, es más fácil conseguir pescado que carne roja. La madre de Lia y Leandro, de seis y trece años respectivamente, esperaba el 16 de mayo la carne de res. Hasta ese día no había llegado y ella temía que pasara lo mismo que el mes anterior, cuando recibió pollo por carne. Es una práctica habitual en las carnicerías estatales.

El 2020, y no solo por el COVID-19, es problemático para esta madre: las seis bolsas de leche que recibe la niña, más las dos que recibe el niño, quedarán solo en dos porque Lia cumplió siete años este mes y, en agosto, Leandro arribará a sus catorce. Lo mismo pasará con la carne vacuna. La madre, dice, tendrá que recurrir con más frecuencia al mercado negro.

Otros padres lo tienen claro desde que sus hijos nacen y, para alimentarlos, ni siquiera esperan por la “gratuidad estatal”.

La estadística de que el 59% de los niños de todo el mundo no reciben los nutrientes que tanto necesitan de los alimentos de origen animal, alarma. En tanto Infomed, el sitio web del Ministerio de Salud Pública, asegura que Cuba no tiene esos problemas, es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil severa, gracias a “los esfuerzos del Gobierno por mejorar la alimentación del pueblo, especialmente la de aquellos grupos más vulnerables”.

Esos “esfuerzos” no hablan del mercado negro. Y los “más vulnerables” no incluye a una población infantil flotante que, al emigrar a la capital u otras ciudades con sus padres sin cambio de dirección, quedan fuera de la distribución estratégica.

*Los nombres de los protagonistas de esta historia fueron cambiados para proteger su identidad.

Este artículo fue producido en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado. Durante ocho meses, 20 periodistas de Colombia, Cuba y México participaron de tres seminarios y tres talleres en los que aprendieron contenidos teóricos sobre violencias de géneros y diferentes formas de violencia institucional y herramientas sobre narrativa periodística, noticias urgentes y viralización de contenidos.

Los periodistas seleccionados también participaron del Laboratorio Virtual intensivo en el que cuatro maestros del periodismo y un investigador académico de reconocida trayectoria internacional aportaron su conocimiento y experiencia en la cobertura urgente en tiempos de crisis y pandemia.

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