Todos esos días, hasta que fue diagnosticada con COVID-19, Juana estuvo en casa con el bebé, que solo toma pecho y un almuerzo al día: “Está operado de ano imperforado (ausencia o desplazamiento del orificio anal)”, dice la joven madre estudiante de Medicina.
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Cuando caminaba por las calles de Centro Habana, a más de 15 kilómetros de su casa, Juan Dennis Rodríguez Gómez vio que había una gran cantidad de gente concentrada. Ya en medio de la manifestación frente al Capitolio Nacional, las cámaras de AFP lo captaron bajo la garra de un “civil” que le apretaba el cuello. Las imágenes se han hecho virales, pero su nombre ha tenido menor visibilidad, como otros tantos de un listado de más de 770 personas reportadas como desaparecidas o detenidas desde el 11 de julio. Hay al menos 30 menores, entre 14 y 18 años: siete permanecen en detención, el más joven de ellos es Christopher Lleonart Santana (14 años) y le sigue en edad Glenda de la Caridad Marrero Cartaya (15 años).
Las circunstancias en las que les detuvieron, varían, y coquetean con el azar. Solo algunos han podido contarlo porque muchos han permanecido incomunicados. Según la adolescente excarcelada Gabriela Zequeira, cuando se la llevó la policía, ella regresaba de la peluquería y se quedó mirando la mayor manifestación que ha visto en Cuba. En el caso de Juan Dennis, su esposa recuerda que él dijo en el juicio sumario: (...) “Cuando íbamos caminando rumbo al Capitolio, vinieron unas personas vestidas de civil y me cogieron por el cuello, sin previo aviso, me esposaron, me montaron en la patrulla y me llevaron para la estación de Zanja”.
No pudieron verse desde el 11 de julio hasta el día del juicio. “Dijeron que no hay visitas por el COVID-19. Las llamadas son cada dos semanas”, asegura. Revela que el mismo día de la detención le mandaron un mensaje de aviso, pero después ese número “daba apagado”. Sobrevino a partir de ahí una pesadilla para esta familia habanera, sin comunicación ni acceso a información pues el Internet fue cortado.
“Fuimos al otro día (12 de julio) a Zanja porque ese mensaje fue a las 5 casi y no podía dejar al niño solo. Ya no estaba ahí y me dijeron ‘ve a ver si está en el centro de detención de Aldabó’. Otro preguntó ‘¿seguro? ¿No estará en Villa Marista (prisión notoria donde se suelen procesar casos de la Seguridad del Estado)’. Y nada, al final estaba en Aldabó. Pero no nos avisaron del traslado. No le dejaron llamarme”, dice Juana.
La joven madre insiste en que le ocultaron información. “No nos querían decir la causa”. Siete días después, “cuando fuimos el próximo lunes (19), a las 10 am casi 11 fue que nos dijeron el número de denuncia y la causa: ‘desorden público’”. Ella averiguó que iba a ser un juicio sumario con abogado de oficio solo para las personas que no tuvieran dinero.
Preguntó la fecha del juicio, temiendo que llegara el momento y no tuvieran abogado, pero no le dijeron. “Y en efecto, el juicio fue al día siguiente, el martes 20”, revela. “Como tengo un bebé se apiadaron de mí y me dieron las cosas (tarjetas y pertenencias de Juan) para que pudiera comprar lo que necesita el bebé”.
“Nunca nos explicaron que el juicio sumario lo que significa es que podía ser en presencia o no del abogado. ¿Cómo va a estar el fiscal atacando a esas personas que ni pueden defenderse ellas mismas? ¿Solo tienen el derecho a última palabra pero qué hacen con eso si no son abogados? No se pueden defender con base”, razona la joven. Recuerda entre los 12 acusados a Anyelo Troya, Carlos Acosta y Armando Sardiñas (20 años), quien “está preso con sanción de 10 meses a un año de privación de libertad”. Troya es uno de los realizadores del videoclip de ‘Patria y Vida’ (banda sonora de las protestas), y el rostro visible de una campaña mediática por la excarcelación de los presos del 11-J. Fue excarcelado con medida de libertad provisional desde el 24 de julio de 2021 hasta la apelación.
Yaquelin Salas, esposa del acusado Dashiel Alfonso, juzgado junto a Juan Dennis, dio a Cubanet su testimonio, que coincide con el de Juana Rizo. Ambas fueron las únicas con abogados presentes defendiendo a sus esposos. Alfonso fue condenado bajo el número de causa 452/21.
Para Juana, el Fiscal se desviaba mucho del tema. “Preguntaba por convicciones ideológicas, qué significaba para ellos ‘Patria y Vida’, por qué protestaban. Los abogados decían que se estaba desviando del tema, que lo estaban politizando. Y la jueza preguntaba quién tenía hijos y en qué trabajaban. Fue un juicio político vengativo. No tenían pruebas de que los acusados estuvieran en el lugar de la manifestación, dentro como tal”.
Juana presenció cómo llamaron a declarar a dos denunciantes por parte de la Fiscalía. Uno era un policía que “ni siquiera conoce a ninguno de los detenidos ni los apresó ni sabe en qué condiciones fueron apresados. Recuerda un diálogo entre la jueza y el denunciante que se desarrolló de esta forma:
—¿Usted conoce a alguno de los acusados aquí?
—NO
—¿Apresó a alguno?
—NO. Yo no los apresé, no los conozco.
—¿Se detuvo a algún ciudadano que solo estuviera pasando por ahí o parado de espectador?
—Sí, en ese momento no se sabía quién estaba o no involucrado. Incluso al espectador se lo llevaron. No, no conozco a los detenidos aquí presentes ni los detuve yo.
Juana se pregunta: “¿Qué están queriendo decir? ¿Por qué no trajeron a cada vestido de civil que sin identificarse cogió a cada detenido y le metió una llave?”. Y ejemplifica: “Hubo un acusado que se enfrentó a un hombre de civil (que no se identificó en ningún momento como policía) porque estaba asfixiando a una mujer. ‘Pensé que la estaba maltratando porque era un hombre contra una mujer, algo injusto’, dijo el acusado”, a lo que según relata Juana el fiscal cínicamente preguntó:
—¿Y usted sabe por qué ese agente le estaba haciendo esa medida a la mujer? Quizás esa mujer había hecho ‘algo’ y por eso se merecía en ese momento esa medida.
—¿Usted me está queriendo decir que tengo que permitir que maten a una mujer delante de mí? —respondió con otra pregunta el acusado.
Juana dice, tajante, mientras se escucha el llanto de su bebé: “¿Qué puedes esperar de un fiscal inhumano que dice eso?”. Luego de que su marido se declarara en contra de las tiendas MLC, el fiscal le preguntó: “¿usted me dice que iba a comprar una lavadora en MLC?. Y Juan Dennis le respondió ‘sí, pero no porque yo cobre en MLC, sino porque mis hermanos que tienen un salario bajo en Estados Unidos tienen que mandarme dinero a mí. Y yo no quiero depender de ellos, yo quiero con mi salario poder comprar lo que necesito’”.
Al parecer, esto no es lo suficiente legítimo para las autoridades cubanas, que han condenado a penas de cárcel de entre ocho y 12 meses, por hechos relacionados con las protestas iniciadas el 11-J, al menos a 20 personas. Uno de ellos es Juan Dennis, cuya abogada presentó el miércoles 28 un recurso de apelación.
La jurista Laritza Diversent, de Cubalex, explica que “los manifestantes no cometieron ningún delito, basado en que ejercieron un derecho (a manifestarse) que está reconocido en la Constitución, lo que condiciona que haya una ley que cumpla lo establecido. Pero eso de momento no existe”.
Declara que se está aplicando la legislación penal de manera selectiva y discriminatoria. “No todas las personas que participaron en las protestas del 11-J están siendo procesadas. Los miembros de brigadas de respuesta rápida ni los policías que usaron la violencia, incluso la fuerza mediante armas de fuego, no han sido procesados ni juzgados por estos hechos. Tampoco el presidente, que convocó y llamó a la violencia...(ese trato discriminatorio) está perjudicando especialmente a las personas privadas de libertad porque puede influenciar a fiscales y jueces que están ejerciendo la acción penal en contra de los manifestantes de manera dura”.
“Pedimos un cambio de medida para que lo suelten”, dijo Juana sobre su esposo Juan Dennis, el joven padre y estudiante que continúa preso y sin acceso a su móvil. Nacido el 17 de noviembre de 1989, si cumple su condena prevista, pasará su cumpleaños 32 en prisión y no estará, tampoco, para el primer año de su bebé.
“Bienvenida a Cuba: no hay justicia”, sentencia Juana. Para que se imparta justicia, Diversent, desde Cubalex, pide además que el presidente Díaz-Canel se disculpe públicamente por haber llamado a la violencia mediante un discurso de odio cuando dijo: ‘la orden de combate está dada'. “A través de ese llamado él promovió el odio, la violencia y la hostilidad entre cubanos”, dice. La disculpa “es fundamental para respetar por haber quebrantado todos los estándares internacionales. Debería disculparse”.
La última vez que Juana habló por teléfono con Juan Dennis, le contó que tenía síntomas de COVID-19. “Me dijo que me llevara el bebé conmigo, que le dolía mucho que yo estuviera pasando por esto y él estuviera allí adentro”.
@cabezamestiza
