María junto a Carlos y su hermano mayor.
Cortesía/CubanetPoco después de las siete de la mañana se produce la primera llamada al celular de María. Un minuto más tarde suena otro móvil en la casa. Esta vez la llamada va dirigida a Carlos, el padre de la muchacha. Este enciende el altavoz y se dispone a grabar la conversación.
Del otro lado de la línea, en tono sarcástico, alguien que se identifica como “amigo de la niña” lanza insultos y utiliza frases sádicas para referirse a María. La conversación, que dura poco más de un minuto, encierra una amenaza de muerte a Carlos: “te voy a cortar el cuello y te voy a dejar tirado en las escaleras del edificio”, reseña el portal web CubaNet
María pudo reconocer la voz en la grabación del teléfono. Se trataba de Nelson Canales Hernández, el hombre que durante años la había abusado sexualmente y que debía encontrarse en privación de libertad. Sin embargo, el servicio de atención al cliente de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) confirmó que la llamada provenía de un número telefónico ubicado en el reparto Guanabo, una zona donde no existen centros penitenciarios.
La mañana siguiente, Carlos acudió a denunciar lo sucedido en la 4ta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del municipio de Cerro. Por reglamento, la denuncia debió ser radicada como atentado, sin embargo, los agentes de guardia desestimaron la grabación de la llamada como prueba y el hecho quedó registrado como amenaza.
Desde que recuperó a María en 2019, como padre, los esfuerzos de Carlos se concentraron en ayudar a su hija a superar el trauma. Pero con la llamada las prioridades cambiaron: en apenas dos minutos desapareció la vida segura que había logrado proporcionar a la niña. La reaparición del agresor y la inoperancia de las autoridades trajeron de vuelta viejos fantasmas del pasado.
En 2008 Carlos y Daymarelis Rodríguez Toledo, madre de María, se divorcian. Entonces, el padre queda con la guarda y custodia de dos hijos en común. El juez tomó la decisión tras un proceso judicial por negligencia de la madre en el cuidado de los niños.
Pocos meses después la policía irrumpió en la vivienda de Carlos –en el municipio Cerro– para arrestarle alegando que había sido denunciado por amenazar con un arma blanca a la madre de los niños. En el proceso de instrucción penal esto no trascendió porque nunca apareció el acta de la denuncia; tampoco constaron pruebas de que hubiera ocurrido la amenaza, Sin embargo, el cuerpo represivo devolvió los menores a la madre sin respetar el dictamen del tribunal.
Para entonces, Daymarelis y Canales Hernández ya eran pareja. Ambos usaron como argumento la existencia de una supuesta orden de restricción para impedir durante diez años las visitas de Carlos. Los intentos de acercamiento más precipitados fueron repelidos de manera violenta, con palos y pedradas.
Que Carlos sea un activo miembro de una plataforma opositora al régimen, con más de 10 años de labor como activista y periodista independiente, ha jugado un papel determinante en la pasividad con que las autoridades se mostraron ante esos sucesos y otros que tendrían lugar en el futuro.
María no llegaba a los cuatro años cuando todo comenzó. Su padrastro y agresor sexual la obligaba a dormir sola en un pequeño cuarto al final de la casa. La niña se defendía como podía, fingía tener pesadillas y a veces lograba levantarse de la cama intentando llamar la atención de su mamá.
Fueron cerca de ocho los años de abuso lascivo y otras vejaciones sexuales que sufrió María. La madre, por su parte, niega haberse percatado del calvario que vivió su hija.
El rompimiento del matrimonio llegó en diciembre de 2018, cuando Canales Hernández, en estado de embriaguez, hirió con un machete a la abuela de los niños. Ese día Rodríguez Toledo se vio obligada a huir de la casa y deambular por las calles con los dos hijos de Carlos y un tercero más pequeño, fruto de la relación con Canales Hernández. Una semana después encontró alojamiento en la vivienda de una nueva pareja.
Bajo los cuidados de “Pupi” –sobrenombre del nuevo padrastro– cesaron los abusos sexuales, pero, al igual que su madre y dos hermanos, María estuvo sometida a violencia física y psicológica. Con la anuencia de Rodríguez Toledo, en vez de asistir a la escuela, por dos meses fue enviada con su hermano menor a trabajar como jornalera de la agricultura por 30 pesos y una merienda diaria, entre otros “beneficios”. El hermano mayor permanecía internado en una escuela de conducta.
A inicios de 2019, un amigo de Carlos visitó Jaruco, municipio de la provincia de Mayabeque donde María vivía con su familia. Allí reconoció a la niña y le facilita una llamada con su padre. Tras diez años de separación comenzaron a tener contactos por teléfono. Ella ya tenía 12 años y con su hermano mayor (14) lograron presionar para que la madre permitiera que visitaran a Carlos. Un mes después se produjo el encuentro, que se comenzó a repetir en fines de semana alternos.
Fue el 10 de febrero, día siguiente del cumpleaños 13 de María, que entre lágrimas y sollozos la niña confiesa a su padre la morbosidad a la que estuvo expuesta. Ese mismo día padre e hija visitaron el Centro Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CEPNNA), donde supieron que debían realizar una denuncia que horas más tarde sería radicada en la 4ta unidad de la PNR, ubicada en las calles Infanta y Manglar.
Entre lo dilatado del proceso de instrucción a Canales Hernández y la entrada de la COVID-19 en Cuba, no fue hasta junio de 2020 que tuvo lugar la vista oral. El juicio se desarrolló en un tribunal improvisado en el teatro de la Dirección de Educación de Santa Cruz del Norte (Mayabeque), ya que el tribunal municipal estaba declarado inhabitable por serios problemas estructurales en su cubierta.
Una y otra vez, durante el juicio, el “debido proceso” fue violado. En el expediente se omitieron declaraciones y amenazas contra la integridad física de Carlos y sus hijos. Las pruebas habían sido entregadas en audios y videos, tanto en la 4ta unidad del Cerro como en la Unidad Territorial de Investigaciones Criminal y Operativa (UTICO) de San José de las Lajas, capital provincial de Mayabeque, en correspondencia con el lugar donde ocurrieron los hechos.
Por momentos, la atención del tribunal giraba en torno a la figura de Carlos, quien narra que tuvo que interrumpir al juez para increparle: “con permiso del tribunal, quién está siendo juzgado, el acusado o yo, porque conscientemente todo el proceso está siendo violado”.
Antes de que lo pudieran callar, Carlos testificó sobre cómo el acusado había llegado caminando por sus propios pies acompañado de la madre de los niños, con quien se había reconciliado para asegurar que no declarara en su contra. Testificó, además, sobre las omisiones de la fiscalía y la manera en que minimizaban la culpabilidad de Canales Hernández.
El presidente del tribunal preguntó a Carlos por qué nada de lo expuesto constaba en el expediente, a lo que este contestó: “Porque sucede que en un estado donde reina la injusticia, de nada vale tener la razón”.
Debido a sus declaraciones, Carlos fue expulsado de la sala y privado de escuchar testificar a los especialistas del CEPNNA, quienes se habían comprometido a acusar de oficio a la madre de María por corrupción de menores.
Los propios hijos de Rodríguez Toledo testificaron que durante un periodo de tiempo fueron forzados a trabajar en la agricultura a cambio de dinero, meriendas y algunos tomates y viandas. Además, que el pago recibido debían entregarlo para los gastos de la casa.
A Carlos tampoco le permitieron estar presente para cuando se dictó la sentencia. Minutos después de ser expulsado de la sala, uno de los policías del tribunal le indicó que debía marcharse.
Durante más de dos meses estuvo esperando que la secretaria del tribunal le notificara sobre la sentencia, pero fue a través de una gestión personal que pudo conocer que a Canales Hernández, por abusar de su hija a lo largo de casi ocho años, solo le habían dado un pequeño jalón de orejas: tres años de privación de libertad.
La primera llamada ocurrió el 22 de marzo de 2021. Luego de terminar la conversación el número fue bloqueado, tanto en el celular de Carlos como en el de María.
Dos días después, el miércoles 24, faltando diez minutos para las siete de la tarde, Canales Hernández volvió a llamar siguiendo el mismo patrón. Primero marcó a la muchacha, y acto seguido repitió la llamada al número de Carlos.
Sobre la llamada se realizó una nueva denuncia en la 4ta unidad de la PNR. En consecuencia, según los oficiales, Canales Hernández fue aislado y privado de poder realizar llamadas telefónicas.
En más de una ocasión las autoridades aseguraron que no tendría acceso a un teléfono, sin embargo, el 13 de abril Canales Hernández vuelve a sembrar el pánico llamando primero a María a las 11:36 de la mañana y luego a Carlos, un minuto más tarde.
Una vez más, Carlos pidió a ETECSA la ubicación del número. Según la empleada de guardia ese día, no podía ofrecer la información porque la llamada había salido de una entidad estatal.
Precisamente, por tratarse de un centro estatal, Carlos devolvió la llamada ante la posibilidad de que fuera un teléfono fijo. Tras apenas dos timbres, tomó la llamada la misma persona que el 22 de marzo le había amenazado con apuñalarlo en el cuello, el mismo que la policía había asegurado en más de una ocasión que no tenía acceso a llamadas telefónicas.
Carlos no se identifica por precaución, pero al tercer intento, sin titubear, la voz del otro lado de la línea le llama por su nombre: “tú eres Carlos”, y al instante pidió “saludar a la niña” porque, gracias a ambos, él se encontraba preso.
Durante varios minutos, mientras la llamada era grabada, tuvo que escuchar de las vejaciones que había sufrido María a manos de Canales Hernández.
Ese mismo día (13 de abril) Carlos acude a la 4ta unidad de la PNR. Al día siguiente presentó un CD con todas las llamadas y capturas de pantalla con los horarios en que fueron realizadas. El CD fue ocupado como evidencia.
El viernes 28 de mayo, a poco más de un mes de realizada la denuncia, Carlos fue citado a la 4ta unidad de la PNR con para un cotejo de las llamadas, pero la instructora estaba de guardia y no pudo atenderle, así que debió regresar el lunes 31 de mayo.
La instructora asegura haber solicitado a ETECSA un informe de las llamadas realizadas el 13 de abril desde las 11 de la mañana hasta las 12 y media de la tarde, pero en el informe sólo aparecía la llamada realizada por Carlos. Por error, o de manera intencional, ETECSA nada más reportaba las llamadas realizadas a partir de las 11:40, tres minutos después de que Canales Hernández realizara la llamada a Carlos.
El 31 mayo su celular aún reflejaba los registros desde la primera llamada, el 22 de marzo. La copia impresa de las capturas de pantalla con el registro de llamadas quedó en manos de la instructora. Luego de exigir en múltiples ocasiones una entrevista con la Fiscal jefe de la Fiscalía Municipal del Cerro, pasaron siete meses hasta que volvió a ser citado a la 4ta unidad policial.
Por iniciativa propia, Carlos se presentó el 9 de diciembre en la 4ta unidad. Según la instructora, el teléfono de Carlos debía ser ocupado para llevarlo al laboratorio y que los especialistas extrajeran las grabaciones oficiales, pero este se negó por temor a que pudieran dañar su móvil, una práctica muy común de la policía para perjudicar a los opositores en la Isla.
Según el jefe de procesamiento, “tenían que garantizar los derechos del recluso”, aunque continuaban vulnerando a las víctimas en ese proceso. Desde la perspectiva de Carlos, el procedimiento inconsistente de la policía obedece a una sola razón: archivar la denuncia arguyendo que no quiso cooperar con la investigación.
Mientras tanto, María y su hermano sigue viviendo aterrados. Carlos también teme por su vida. La niña, aunque pretende ser más fuerte, solo se siente segura cuando es acompañada.
De acuerdo con Carlos, para víctimas de abuso sexual, la policía no tiene intención, recursos ni voluntad para hacer cumplir la ley.
FUENTE: CubaNet
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