El presidente colombiano puntualizó que esa fue una promesa de su campaña y advirtió no significa un porte de armas indiscriminado
El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (izq.), recibe el bastón presidencial de manos del presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, durante su ceremonia de inauguración en la Universidad Santiago de Cali en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026.
Foto de Luis ACOSTA / AFPBOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este 8 de septiembre de 2026 el decreto que pone fin a la suspensión de los permisos para portar armas en el país, decisión que justificó alegando que la restricción dejaba en desventaja a los ciudadanos que cumplen la ley frente a los criminales. Ya se oyen voces en contra de la medida.
El anuncio lo hizo en su cuenta oficial de X, en la que afirmó que, durante varios años, se restringió a los ciudadanos que cumplen la ley, mientras los criminales, según dijo, siguieron armándose de forma ilegal.
“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, indicó el mandatario.
De la Espriella aseguró que la decisión no significa un porte indiscriminado de armas, sino que se mantienen los controles, requisitos y permisos de las autoridades competentes.
“Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla", añadió y defendió que “la seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos".
La medida levanta una suspensión que impedía a los titulares de permisos vigentes para portar armas sin una autorización especial adicional y restablece la eficacia de esos permisos, aunque no habilita el porte cuando estos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni cuando exista una prohibición legal o judicial.
El decreto, que entrará en vigor este miércoles, ordena a las autoridades militares adoptar las medidas necesarias, restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes.
De la Espriella afirmó que las cifras dejan ver dónde están las amenazas en Colombia. Compartió las estadísticas de las incautaciones realizadas por las autoridades entre 1 de enero hasta el 3 de septiembre de este año.
“Las cifras muestran dónde está la verdadera amenaza: entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, nuestra Fuerza Pública incautó 15,700 armas de fuego. De ellas, 14,179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”, puntualizó.
El mandatario precisó que las armas aparecen vinculadas a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y al ELN.
“Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir (sic)”, señaló.
La decisión generó reacciones en diferentes sectores políticos del país, entre ellos María Fernanda Cabal y la senadora Esmeralda Hernández.
“Desde ya anuncio que demandaré este decreto que pretende legalizar el porte de armas. Es una medida sumamente peligrosa”, indicó Esmeralda Hernández.
Y agregó: “Armar a la ciudadanía no mejorará la seguridad; al contrario, puede desatar más violencia. En un país con altos niveles de intolerancia, cualquier discusión cotidiana podría terminar escalando a una confrontación armada”.
María Fernanda Cabal, por su parte, indicó que: “lo advertimos durante años. Los criminales, armados hasta los dientes; el ciudadano honesto, condenado a permanecer indefenso”.
En diciembre de 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz en 2016, suspendió de forma general los permisos para el porte de armas mediante un decreto que estableció inicialmente la restricción por poco más de un mes y que posteriormente fue prorrogada de manera sucesiva hasta el final de su mandato, en 2018.
Los expresidentes que le siguieron, Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026), también decidieron prorrogar la norma como una medida para reducir los delitos y la violencia con armas de fuego.
La restricción permitía, no obstante, que las autoridades concedieran autorizaciones especiales a titulares de permisos por razones de urgencia o seguridad, por lo que las personas que ya contaban con un permiso vigente podían solicitar una autorización adicional para poder portar el arma durante la vigencia de la suspensión.
El último decreto que prorrogó la suspensión la mantenía vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Según datos del Ministerio de Defensa de 2025, en Colombia hay cerca de 700,000 armas legales con permiso de tenencia y porte, de las cuales alrededor del 40 % están en Bogotá.
FUENTE: Con información de EFE/Infobae
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