La decisión es temporal. Hasta ahora han fallecidos seis menores de edad en ataques a campamentos irregulares
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" (AFP)
AFPBOGOTÁ.- Un juzgado de Bogotá ordenó al gobierno suspender de inmediato cualquier bombardeo en zonas donde pueda existir presencia de menores de edad. Pese a que la medida es temporal, la administración de De la Espriella apelará el fallo.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá, a cargo de la juez Viviana Arciniegas Gómez, decretó una medida provisional dentro de una acción de tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra, que busca proteger a menores reclutados por grupos armados.
La orden está dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional.
En la tutela se pidió específicamente “frenar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados”:
El juzgado aclaró que la decisión no representa una prohibición general de los bombardeos ni suspende las operaciones militares. La restricción únicamente aplica cuando las autoridades tengan conocimiento confiable de que en el sitio escogido como blanco permanecen menores reclutados o utilizados por grupos armados.
Según la decisión, existen razones para considerar que los derechos de estos menores podrían estar frente a un riesgo grave e inminente.
El gobierno de Abelardo De la Espriella ha ordenado tres ataques en las zonas de Catatumbo y Guaviare. En el primer sitio, murieron tres menores y en el segundo, donde se han realizado dos bombarderos, fallecieron otros dos y un sexto en otro operativo militar del cual no se han dado detalles.
La decisión ocurre después de que, desde el pasado 10 de agosto, el gobierno haya realizado tres bombardeos contra estructuras del ELN y disidencias de las FARC vinculadas con Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’ y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, el hombre más buscado de Colombia.
Estas operaciones han dejado 41 muertos y civiles heridos.
La administración del gobierno de Abelardo De la Espriella apelará el fallo judicial.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, cuestionó especialmente los términos utilizados por el despacho para definir cuándo debe detenerse una operación. En su cuenta de X señaló que expresiones como “razonablemente verificable” pueden generar dudas para quienes toman decisiones en el terreno.
“Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria. ¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, indicó el jefe de cartera.
“En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos. Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos. Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor, y así lo viene haciendo y lo hará este Gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo. Este fallo absurdo e inconstitucional será apelado”, concluyó.
FUENTE: Con información de El País de Cali/ El Colombiano
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