CARACAS.- La diputada a la legítima Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Delsa Solórzano informó este sábado que han remitido a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la denuncia sobre las muertes ocurridas en la localidad de la Victoria, estado Apure, presuntamente a manos de miembros de efectivos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

“Ya hemos hecho llegar los testimonios y estamos levantando el expediente por violación de Derechos Humanos. Lo estamos remitiendo a las instancias internacionales”, explicó Solórzano en una transmisión por Instagram Live en la que conversó con uno de los familiares de las víctimas, reseñó El Nacional.

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La diputada agregó que han recabado "decenas de testimonios y ya la ONU está haciendo las investigaciones de rigor".

Enfatizó que debe realizarse una "investigación imparcial y transparente". "Esto se tiene que investigar", remarcó.

Criticó que en la investigación anunciada por el Ministerio Público del régimen vayan a participar los altos mandos militares. "No pueden ser investigadores e investigados", puntualizó.

Los hechos

El pasado domingo se produjo en la población de la Victoria, estado Apure, un enfrentamiento entre militares del ejército venezolano y miembros de un grupo de las disidencias de las FARC. Desde ese día, los enfrentamientos no han cesado y el régimen de Maduro trasladó a la zona un contingente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del grupo élite FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) para apoyar al ejército en el combate con los guerrilleros.

Desde entonces, los habitantes de la zona se han visto forzados a huir hacia Colombia para resguardarse de la violencia causada por los grupos irregulares, pero también han denunciado maltratos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro.

“Hemos recibido denuncias creíbles de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en contra de la población de Apure”, dijo el jueves, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

El diario El Nacional dio cuenta de varios relatos de familiares de presuntas víctimas de estos abusos. Tal es el caso de Raiza Isabel Remolina, quien en un video contó que cinco miembros de su familia fueron sacados de una vivienda en el barrio 5 de julio de la Victoria durante un operativo de seguridad de las FAES. Estas personas aparecieron muertos el día martes en una zona llamada El Ripial, donde se han producido los enfrentamientos entre el ejército venezolano y la guerrilla. Dijo Remolina que en el momento en que fueron encontrados los cadáveres, éstos estaban con otra vestimenta, similar a la de los guerrilleros.

Fabiola Álvarez, quien es también pariente del grupo, pidió justicia y respeto por los derechos humanos.

"Lo que hicieron es una masacre, un falso positivo, porque jamás y nunca mis suegros fueron guerrilleros, fueron personas honradas, mi suegro trabajador del campo, mi cuñado era un niño, aún con 20 años no salía a las calles de su barrio. Mi suegra era una señora de casa”, dijo Álvarez en otro video.

Otros testimonios se refieren también a robos por parte de los efectivos de seguridad del régimen.

"Saquearon esos desgraciados, se llevaron mercado, lo que había en la nevera, en el congelador, el gobierno venezolano, esto es gracias a Nicolás Maduro, esto lo hacen, saqueando porque están muriendo de hambre”, dijo un hombre desde un pequeño comercio en El Ripial.

El activista de derechos humanos en Venezuela, Marino Alvarado, calificó como "muy grave" lo presuntamente ocurrido en El Ripial y asomó que se puede estar ante crímenes de lesa humanidad.

"Esta denuncia de El Ripial es muy grave, recordemos que fueron trasladados contingentes de las FAES con amplio prontuario de ejecuciones extrajudiciales. Hay denuncias de robos a viviendas, donde también tienen un récord considerable”, señaló Alvarado en Twitter.

Alvarado condenó que la Defensoría del Pueblo de Venezuela no se haya pronunciado hasta ahora. "Las omisiones también generan responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad", aseveró.

En tanto, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó este sábado en Twitter que fueron designados dos fiscales de protección de los derechos humanos para investigar los hechos en La Victoria, estado Apure.

"El Ministerio Públicodesigna a dos fiscales de protección de #DDHH para investigar sucesos ocurridos en la población de La Victoria, estado Apure: en coordinación con el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos”, escribio Saab en su cuenta en Twitter.

Añadió que de encontrarse envidencias de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado se iniciará la investigación y se dará la sanción correspondiente.

Sobre este anuncio del régimen, la diputada Solórzano manifestó que las autoridades venezolanas buscan evitar que se considere lo ocurrido como un delito de lesa humanidad.

Patrocinio de la CIA

El ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino, afirmó este sábado que los grupos irregulares que delinquen en la frontera entre Colombia y Venezuela cuentan con el "patrocinio" de la CIA y responsabilizó al gobierno de Iván Duque y a EEUU por sus "incursiones" en Venezuela.

“Resulta imperativo recordar a la comunidad internacional que estos grupos irregulares cuentan con el patrocinio del gobierno de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), razón por la cual, sus incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque, toda vez que les proporciona apoyo logístico-financiero, creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica; en tanto, no es casual, que estos eventos coincidan con la reciente creación de una Unidad Élite de Acciones Especiales”, dijo Padrino López mediante un comunicado de prensa, informó El Nacional.

Padrino también culpó a los medios de comunicación de publicar informaciones falsas sobre los hechos ocurridos en Apure entre la guerrilla y los militares de la FANB y la FAES.

"Eso corresponde a Colombia. Tienen grupos guerrilleros, estructurados, delincuencia, paramilitares, disidentes. Eso es problema de ellos. No es nuestro problema. Nuestro problema es que un grupo armado está al margen de la ley y ligado al narcotráfico", expresó.

FUENTE: REDACCIÓN/EL NACIONAL

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