Organizaciones solicitan al TSJ una acción mero-declarativa, en la que se reconozca el derecho a la justicia para víctimas de los delitos de odio denunciados
La denuncia ante el TSJ en el exilio la presentaronp el residente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general de COVIDOD, Esteban Ibarra; en compañía de Manuel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Ayuda a Venezuela; y Miguel Henrique Otero, en representación de la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela
Cortesía equipo de prensaMADRID.- El Movimiento contra la Intolerancia, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación de España (COVIDOD), la Plataforma de Ayuda a Venezuela y la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela denunciaron este viernes, 3 de enero, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio los crímenes de odio cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en el marco de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general de COVIDOD, Esteban Ibarra; en compañía de Manuel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Ayuda a Venezuela; y Miguel Henrique Otero, en representación de la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela; presentaron desde Madrid un informe sobre las violaciones de los derechos humanos registrados desde el 4 de julio pasado, tras el inicio de la campaña electoral de cara a las presidenciales, en las que la oposición arrasó con alrededor del 70% de los votos a favor del diplomático Edmundo González Urrutia,
De acuerdo con los denunciantes, estas violaciones a la "dignidad de las personas" y sus "inherentes DDHH", que constituyen un crimen de odio, se documentan en al menos 35 personas muertas, más de 1,300 manifestaciones víctimas de violencia o represión y más de 2,400 detenciones arbitrarias.
A esto, se le sumarían las muertes bajo custodia, torturas, tratos crueles y condiciones inhumanas que sufren los presos políticos en el país suramericano,
Además, la acusación menciona los mensajes y discursos de odios, amenazas e intimidaciones proferidos por Nicolás Maduro, quien ha amenazado con un "baño de sangre" y una "guerra civil", y de dirigentes como Diosdado Cabello.
En la denuncia Ibarra, Rodríguez y Otero, sustentada en la Constitución, el Código Penal venezolano y los tratados internacionales de DDHH, resaltaron la "imperante necesidad" de que se haga justicia para la víctimas de los crimenes de odio de la dictadura chavista, de los que no se conoce investigación ni puesta a disposición judicial de los presuntos responsable.
En este sentido, las organizaciones solicitan al TSJ en el exilio una acción mero-declarativa, en la que se reconozca la existencia del derecho a la justicia para las víctimas de los delitos de odio denunciados y la reparación reclamada.
Destacaron que son delitos que no cuentan con medios para alcanzar un fin jurídico en Venezuela, donde el régimen de Maduro tiene cooptado el sistema judicial venezolano. Por tanto, piden a la instancia en el exilio "depurar" las responsabilidades penales que pudieran derivar de estas graves violaciones de DDHH para que "la justicia actúe sobre los autores y responsables de estos crímenes de odio".
FUENTE: Con información de comunicado de prensa
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