LA HABANA — Familiares y amigos de cubanos arrestados en medio de las inéditas protestas recientes denunciaron que el régimen cubano realiza procesos sumarios contra los manifestantes esta semana, en momentos en que las autoridades de la isla son blanco de críticas de organizaciones internacionales y gobiernos por la brutal respuesta contra la gente que reclamó en las calles.

Y mientras el régimen impone condenas antojadizas, los "boinas negras", la unidad élite del ministerio de Interior, patrullan permanentemente las calles en La Habana y en otras ciudades de la isla tras las protestas.

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Martha Acosta, madre del artista plástico Carlos González Acosta, dijo que su hijo había sido sancionado a diez meses de prisión el martes bajo el delito de "desorden público", sin que se le diera tiempo a ella para presenciar el juicio en el Tribunal de Centro Habana, pues no se le informó hasta ese mismo día cuando la vista oral ya había pasado y pese a que estuvo pendiente hasta último momento.

“No me parece justo. Mi hijo no tiene antecedentes, no es un delincuente”, expresó Acosta, quien indicó que la familia apelará la sentencia el viernes, como lo establece la ley.

El artista de 38 años, quien ya fue llevado a la cárcel capitalina de Valle Grande, es uno de un número no precisado de personas arrestadas entre el domingo 11 y el lunes 12 en medio de protestas antigubernamentales con demandas variadas, desde los cortes de luz, las colas y el desabastecimiento, hasta cambios políticos. Fueron las primeras manifestaciones en la isla de tal magnitud en décadas.

El régimen comunista no ha informado sobre cifras de arrestados, pero el canciller Bruno Rodríguez dijo la víspera que todos los casos se ajustan a la ley, al tiempo en que negó rotundamente que existan desaparecidos o no identificados entre los detenidos, menores de edad presos o que sometiera a torturas a alguien, como indican mensajes por redes sociales.

El régimen no ha ofrecido informes sobre la cantidad de detenidos, desarticuló las protestas a palo y balas, y los encarcelados por manifestarse de manera pacífica no tienen acceso a una defensa legal.

El jueves, el gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones y puso en una lista negra al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera y a la Brigada Especial del Ministerio de Interior —conocidos como “boinas negras”—, por haber participado en la brutal represión.

El coronel del Ministerio del Interior cubano, Victor Alvarez, reiteró en una comparecencia televisiva que a las 24 horas de los arrestos las familias ya conocían la situación de sus allegados, mientras José Luis Reyes, de la Fiscalía, señaló que 63 personas -especialmente parientes- se presentaron a esa dependencia con quejas por las detenciones o para saber el paradero de alguien.

Un listado de la organización Human Rights Watch difundido el jueves registraba más de 600 nombres de detenidos —algunos de los cuales ya estaban en libertad este viernes—, y el director del periódico independiente El Toque, José Jasán Nieves, indicó que sumaban alrededor de 537.

https://twitter.com/josjnieves/status/1418005531852222473

“Son muchas las personas que aún no han podido ser registradas”, expresó Nieves en Twitter.

https://twitter.com/josjnieves/status/1418005532976324610

El coronel Alvarez también aseguró que en las primeras horas después de los arrestos fueron liberados grupos de ciudadanos a los cuales no se les demostró participación y a otros se les impuso multas, aunque no entró en detalles. Los juicios sumarios están previstos en la ley cubana.

Las manifestaciones se desarrollaron en varios puntos del país y de la propia capital. Algunos de ellos terminaron en disturbios violentos, con saqueos de tiendas, rotura de cristales, piedras a policías y patrullas y otros vehículos destruidos.

El designado gobernante Miguel Díaz-Canel consideró que en las protestas convergieron opositores, compatriotas genuinamente agobiados por la crisis y delincuentes. Simpatizantes de la dictadura castrista salieron también a las calles en "defensa" de lo que llaman revolución tras el llamado que hizo el designado.

Yoel González Acosta, hermano de Carlos, el artista plástico, afirmó a la AP que luego de casi una semana y media después de los sucesos no han podido verlo, ni hablar con él.

Por su parte, la productora de cine, Claudia Calviño, confirmó a través de su página de Facebook que también fue sentenciado a diez meses por desorden público el fotógrafo Alexander Diego Gil, mientras en las redes sociales la familia informó sobre la condena de un año para el artista visual Anyelo Troya.

Artistas como Julio Llópiz-Casal dijeron a la AP que aunque se encuentra en su casa no pueden salir pues tienen un custodio de civil en la puerta de sus casas.

Otro arrestado que pasó unas horas preso pero quedó en libertad fue el dramaturgo Yunior García Aguilera.

FUENTE: Con información de AP
 

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