MANAGUA- El régimen de Nicaragua anuló las licencias profesionales de al menos 2.000 abogados sin ofrecer explicación, denunciaron este jueves juristas y medios nicaragüenses en el exilio, que calificaron la medida como una nueva acción de persecución contra el gremio.
De acuerdo con el diario La Prensa, los nombres de los abogados afectados fueron eliminados en los últimos días del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia, lo que les impide continuar ejerciendo la profesión.
"Es un mensaje político de control y represión (...), una muerte civil", afirmó una abogada nicaragüense exiliada, que pidió mantener en reserva su identidad y confirmó que ya no figura como profesional activa en la plataforma digital de la Corte Suprema.
Persecución del Estado
A juicio de la jurista, la medida forma parte de un patrón de persecución impulsado por el régimen contra ciudadanos identificados con la defensa de la democracia y se suma a otras acciones, como el despojo de la nacionalidad a opositores y críticos del Gobierno.
"El mensaje para los nicaragüenses es que no pueden escoger cualquier abogado, sino únicamente a aquellos que gocen de privilegios ante el régimen", sostuvo.
La AFP también conoció el caso de otro abogado que, al presentarse en un tribunal, fue informado de que su licencia profesional había sido anulada.
"Nicaragua no cumple ni siquiera con el estándar mínimo de independencia judicial. Eliminar abogados del registro de la Corte Suprema, sin previo aviso ni debido proceso, significa cerrar el último canal de defensa que le quedaba al ciudadano", declaró Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas.
La organización opositora Liberales Nicaragua también rechazó la decisión al considerar que convierte el ejercicio de la abogacía "en una profesión supeditada a las consignas y a los antojadizos designios políticos de la dinastía Ortega-Murillo".
Los cogobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen el poder de Nicaragua desde hace casi dos décadas con un amplio control sobre las instituciones del Estado. Organismos internacionales de derechos humanos sostienen que la represión se intensificó tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según cifras de Naciones Unidas.
FUENTE: Con información de AFP