CARACAS.- A propósito de las acusaciones del régimen contra el presidente encargado Juan Guaidó, lideres políticos y miembros de ONG de financiar y promover las bandas armadas en Caracas y grupos narcoguerrilleros en la frontera venezolana, la diputada Olivia Lozano manifestó que quien tiene el "monopolio de las armas y la administración de la violencia letal" es el régimen de Nicolás Maduro.

“No me gusta hablar de que al régimen se le salieron de control las bandas armadas; todo lo contrario, las promueve, financia y estimula”, afirmó la parlamentaría, que agregó que "las bandas criminales forman parte del conglomerado de grupos delincuenciales junto a las FARC y el ELN, a quienes se les cede control territorial tanto rural como urbano, para la explotación de recursos minerales y la comisión de delitos de trata de blancas, tráfico de drogas, extorsión, robo, secuestro y asesinato; constituyéndose en un emporio criminal del mercado negro y la delincuencia organizada, cuyo socio mayoritario es el régimen de Nicolás Maduro”.

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Agregó la parlamentaría, que “las bandas armadas son los mecanismos de control y coerción de las bases sociales. Lo que inicialmente fueron organizaciones sociales de base que se atribuyeron las competencias de la seguridad ciudadana y la garantía de convivencia pacífica en nuestras barriadas, mutaron posteriormente a colectivos paramilitares y bandas delincuenciales al servicio del régimen opresor de Nicolas Maduro, ejerciendo control político y social de las comunidades y mantienen en zozobra a sus habitantes”.

“Al régimen le conviene el estado de caos que generan estos "paraestados", que "norman", "legislan" y contribuyen a mantener el control social y la inacción de la población a través del miedo y la coerción, evitando la protesta por las paupérrimas condiciones de vida”

“El régimen también utiliza esos falsos argumentos para criminalizar la disidencia política y continuar con la sistemática persecución de los liderazgos políticos y sociales que puedan promover la lucha democrática, y las ONG que facilitan la denuncia sobre el drama que viven los venezolanos, a la vez que ayudan a aliviarlo brindándoles asistencia; todo eso al régimen le es incómodo”.

De igual manera, la diputada Lozano hizo un llamado a estar alerta y destacó que siempre en vísperas de un proceso de negociación para buscarle una salida pacífica a la grave crisis venezolana, el régimen recurre a estas acciones para aumentar sus “fichas de canje político”, y opacar los procesos de negociación y no tener que ceder en los puntos medulares.

“En el Estado represivo, policial y parapolicial en que vivimos, estas acusaciones no son cosas menores. Se hace necesario extremar las precauciones y alertar a las instituciones, organismos multilaterales, organizaciones sociales, a la opinión pública y a la comunidad internacional, sobre nuevos actos represivos y persecutorios de dirigentes políticos y sociales, que en esta oportunidad pudieran tener nuevos agravantes”, dijo Lozano.

“Temo por la construcción de otra narrativa en el consciente colectivo, otro acto ejemplificante y de escarmiento como lo han sido, en el ámbito judicial, el encarcelamiento de la jueza María De Lourdes Afiuni; el asesinado del concejal Fernando Albán, emblema de la organización de base de los partidos; el secuestro y asesinado de Pipo Rada, símbolo de las organizaciones sociales de base; el asesinato del Capitán Acosta Arévalo, símbolo de la disidencia militar. Temo que estén buscando la creación de otro escabroso referente”, aseveró la parlamentaria.

“Sería un error subestimar las capacidades de un régimen atroz que sigue actuando y cometiendo tantos agravios y atropellos, porque actúa al margen de la ley y porque se cree impune”, agregó.

FUENTE: Centro de Comunicación Nacional

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