MANAGUA.- El abogado estadounidense Jared Genser, defensor de los opositores nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, detenidos por el régimen de Daniel Ortega hace un mes, afirmó el viernes que sus clientes están legalmente “desaparecidos” debido a que no existe información alguna sobre su paradero ni su condición.

“Este es un claro ejemplo de desapariciones forzadas, cuando un Estado se niega a reconocer una detención o a dar información sobre personas detenidas”, señaló Genser en una rueda de prensa virtual sobre la situación de ambos aspirantes presidenciales, capturados por la policía el pasado 9 de junio.

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Dijo que en igual situación están la dirigente política Violeta Granera y otros 23 opositores arrestados desde fines de mayo, entre quienes figuran otros cuatro aspirantes presidenciales, tres dirigentes campesinos, dos líderes estudiantiles, dos exguerrilleros sandinistas, dos exvicecancilleres, dos empresarios y un periodista.

“Es una situación muy grave. El régimen ha dicho que han sido llevados ante un juez, pero no podemos confirmarlo, los abogados no han estado presentes y no han sido acusados formalmente de ningún delito”, explicó el jurista.

Los opositores tampoco han sido vistos por sus familiares. “Es posible” que estén en la cárcel conocida como El Chipote, pero esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial ni por allegados a los detenidos, añadió Genser.

Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de Maradiaga y Chamorro, exigieron al régimen una “prueba de vida”. Por su parte Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, acusó al régimen de impedir el ingreso de un médico privado al centro penal para examinar a su madre, que tiene 70 años y padece problemas cardíacos.

Genser dijo que esperan que Ortega responda a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que el 24 de junio dio un plazo de dos semanas para liberar a ambos detenidos y dar información sobre su situación. El plazo venció este jueves.

El alto tribunal también ordenó liberar a Granera y al empresario José Adán Aguerri, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió adoptar medidas provisionales para “proteger la vida, la integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares”.

A una pregunta de The Associated Press, Genser dijo que prevén otras acciones legales, como solicitar una audiencia en la CorteIDH y, en el caso de Maradiaga y Chamorro, entregar información al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias para que se pronuncie sobre la legalidad de su arresto. Reveló que han realizado gestiones con el Parlamento Europeo, que el jueves aprobó una resolución solicitando aumentar las sanciones contra el régimen de Nicaragua, y que han contactado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pero no ofreció detalles al respecto.

Están presos por decir la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua, por luchar por la democracia y la libertad. Esto no es moral, no es aceptable”, subrayó Genser.

Nicaragua vive una crisis política desde 2018, cuando estallaron protestas que fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares dejando un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 emigrados y exiliados, según cifras de la CIDH.

El régimen de Nicaragua acusa a los opositores detenidos de haber organizado esa rebelión, que califica como “un fallido golpe de Estado” para derrocar a Ortega. El dictador de casi 76 años aspira ser reelegido por tercera vez en los comicios del 7 de noviembre, con lo cual iniciaría un cuarto mandato presidencial consecutivo en 2022.

FUENTE: Con información de AFP

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