CARACAS.- Denunciar los linchamientos cometidos por policías, los cuales son presentados como enfrentamientos o resistencias a la autoridad; así como las detenciones masivas de jóvenes por protestar contra el Gobierno o la situación de escasez de alimentos y medicamentos que padece el país, convierte a quien lo haga en objetivo de persecución, en particular de Diosdado Cabello, quien se ha vuelto un azote contra los defensores de los Derechos Humanos en el país.
Esta es la conclusión a la que arribamos tras leer los datos recabados por la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, una de las organizaciones pro garantías fundamentales más antiguas e importantes del país; y la cual hasta junio había contabilizado 18 ataques contra activistas y agrupaciones, 16 de las cuales fueron ejecutadas por Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde su programa de televisión Con el mazo dando, que es transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
Ataques
La totalidad de los ataques fueron enfocados a desprestigiar a los mencionados, se asegura en el reporte, en el cual consta que los blancos predilectos de Cabello fueron Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, de quien se refirió en seis ocasiones y lo acusó de defender “a terroristas de ultraderecha” y de recibir millones de dólares del Gobierno estadounidense.
En segundo lugar estuvo Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), al que en el los primeros seis meses del año mencionó en cuatro ocasiones y en una de ellas lo tachó de “golpista” por formar parte del grupo de activistas que pidió la renuncia del entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab; y por cuestionar la actuación de este funcionario ante organismos de Naciones Unidas.
En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los señalamientos que Cabello lanzaba desde su programa televisivo contra los activistas y llamó a las autoridades venezolanas a "abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los Derechos Humanos”.
El año pasado, la Vicaría registró 44 ataques, dos de los cuales fueron agresiones físicas. Hasta el último día de junio 12 personas y 11 agrupaciones habían sido objeto de campañas de desprestigio y criminalización.
Datos
Al revisar el informe se observa que casi todos los defensores y organizaciones que acuden a organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a los distintos comités, relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas a presentar informes o denuncias son blancos de los ataques de Cabello y otros medios públicos.
Estos datos no sorprendieron al director de la Vicaría, José Gregorio Guarenas, quien afirmó: “Los defensores de Derechos Humanos son los que están colocando el tema de la crisis venezolana ante organismos internacionales. ¿Por qué? Porque ante la negativa del Estado de permitir que los organismos internacionales de supervisión puedan venir al país a hacer observación, los defensores, quienes tradicionalmente han hecho informes no solo se han conformado con enviarlos sino que también han debido participar en distintas audiencias. Los pronunciamientos de los órganos de Naciones Unidas y de la CIDH se basan en la información que suministran los defensores y eso no le gusta al Gobierno, por eso vienen las campañas de criminalización y de desprestigio y de decir que somos traidores a la patria, desestabilizadores a la democracia”.
Tras aclarar que la misión de la Vicaría no es desestabilizar la democracia sino fortalecerla, Guarenas denunció que el objetivo de las autoridades es silenciar a los activistas de Derechos Humanos. “Tan es así que nuestros informes no son el objeto de la controversia, si se revisan las cifras de los ataques del último semestre se ve que los ataques son contra la persona y lo que hace, pero en ningún ha habido un debate de controversia de lo dicho en los informes, porque la mayor riqueza que tiene una organización es la credibilidad. Los datos de los informes que las organizaciones presentan a instancias internacionales son reales, firmes y demostrados”.
Perspectivas
Consultado sobre la posibilidad de que Venezuela recorra el mismo camino que Colombia, México o algunos países centroamericanos, donde año a año se registran muertes de defensores, el director de la Vicaría recordó que en el país ya se han producido este tipo de hechos y mencionó el asesinato en 2003 de Joe Castillo, miembro de la Vicaría de Derechos Humanos de Machiques (Zulia), en la frontera con Colombia.
Entre 1997 y 2007 hubo 72 activistas que fueron asesinados, según un primer informe elaborado por la Vicaría, en la cual recordó que, según los estándares internacionales, se consideran defensores de los Derechos Humanos a los sindicalistas y a los periodistas.
Internacionalmente hay conciencia de los riesgos que afrontan los activistas de Derechos Humanos. Por eso la CIDH ha dictado en los últimos años medidas a favor de casi una docena de ellos y apenas esta semana el secretario general adjunto de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmore, incluyó a Venezuela en la lista de países que atacan a los defensores.
