QUITO.- Daniel Noboa, un exitoso empresario con poca experiencia política, se enfrenta a un desafío monumental en su rol como presidente electo de Ecuador. Su promesa de rescatar al país de la espiral de violencia narco y devolverlo a la estabilidad de tiempos pasados resuena en un clamor popular que le otorgó el 52% de los votos en el balotaje el pasado domingo.
Entre sus propuestas más destacadas se encuentran la implementación de jurados exclusivos para delitos graves, la fortificación de las fronteras con Colombia y Perú (dos de los principales productores de cocaína a nivel mundial), y la creación de barcos prisiones para los reclusos más peligrosos. Todos estos compromisos tienen un objetivo claro: restablecer la seguridad en medio de la cruenta guerra entre cárteles.
Sin embargo, la pregunta que pesa en la mente de muchos es si Noboa podrá efectivamente poner fin al terror que ha invadido Ecuador en los últimos años. En colaboración con bandas locales que han introducido métodos criminales cada vez más brutales, incluyendo el desmembramiento y la incineración de cadáveres, así como su exhibición en puentes.
Durante el período de 2018 a 2022, los homicidios se han multiplicado por cuatro, alcanzando un récord de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que secuestros, extorsiones y balaceras han proliferado de manera alarmante.
Estos son los enormes desafíos que deberá afrontar el joven presidente de 35 años, hijo de uno de los hombres más ricos del país, y con una experiencia política limitada en el Congreso.
Control de las prisiones
Uno de los primeros signos del auge de la violencia fue la ocurrencia de masacres simultáneas en cuatro cárceles en febrero de 2021, provocadas por enfrentamientos entre bandas rivales. Desde entonces, al menos 460 reclusos han perdido la vida en enfrentamientos, algunos transmitidos en tiempo real a través de las redes sociales.
Las imágenes de cuerpos desmembrados y cadáveres en llamas dan cuenta de la situación descontrolada en las prisiones, que se han convertido en centros de operaciones del narcotráfico.
En este contexto, la propuesta de aislar a los reclusos en barcos prisiones, bajo la vigilancia de agentes de seguridad altamente susceptibles a la corrupción, genera escepticismo. Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, advierte que las instituciones relacionadas con la seguridad no confían entre sí, y que los funcionarios podrían ser corrompidos por el crimen organizado, lo que convertiría las soluciones en problemas adicionales.
Además, surgen inquietudes en cuanto al respeto de los derechos humanos de los presos y al alto presupuesto que requeriría la transformación del sistema carcelario. Rivera señala que la implementación de esta medida podría llevar bastante tiempo.
Depuración de las Fuerzas de Seguridad
Expertos coinciden en que los narcotraficantes operan y se fortalecen con la complicidad de algunos miembros de las fuerzas de seguridad.
David Chávez, analista político de la Universidad Central, afirma que es esencial llevar a cabo una depuración agresiva, rápida y eficiente de las fuerzas de seguridad, que claramente están infiltradas por el crimen organizado. Es común en Ecuador que en operativos de gran envergadura se descubra la participación de policías y militares vinculados a organizaciones criminales.
Estados Unidos retiró visas a altos oficiales de la policía, jueces y empleados judiciales en 2021 y 2022, alegando luchar contra la corrupción y el crimen organizado. A pesar de esto, la población aún confía en las Fuerzas Armadas, según Rivera. No obstante, advierte que una militarización sin objetivos claros tiene un impacto marginal en la lucha contra la inseguridad.
Fortalecimiento de la Inteligencia
El servicio de inteligencia en Ecuador ha sido objeto de disputas políticas a lo largo de los años. Durante el mandato del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), se le consideró un aparato de espionaje contra opositores, lo que llevó a su reestructuración bajo gobiernos de tendencia derechista.
Rivera sostiene que se trata de un sistema de inteligencia debilitado que no está cumpliendo su función de prevenir el crimen y reducir las tasas de homicidios. Para el experto, la capacidad del nuevo presidente será evaluada principalmente en función de su capacidad para reducir las tasas de homicidios en un período relativamente corto.
Noboa fue elegido para completar el mandato de Guillermo Lasso hasta mayo de 2025, ya que el impopular presidente saliente disolvió el Congreso y convocó elecciones anticipadas para evitar una posible destitución en un juicio por corrupción.
Los esfuerzos del nuevo gobierno deberán concentrarse en las zonas más afectadas por el narcotráfico, como la ciudad portuaria de Guayaquil y la frontera con Perú, según expertos. Se estima que Ecuador podría cerrar el año con una tasa récord de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando a México y Colombia, países con una larga historia de criminalidad.