QUITO.- La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este lunes un comunicado en el que solicita que el juicio político al que se enfrenta el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ofrezca "garantías" y respete el debido proceso.
El Congreso de Ecuador, actualmente dominado por la izquierda, iniciará este martes un juicio político contra el presidente Lasso con el objetivo de destituirlo por presunta corrupción. Este proceso de juicio político puede resultar en tres posibles escenarios: su destitución, la disolución del Congreso o su permanencia en el cargo.
El presidente Lasso se enfrenta a fuertes corrientes opositoras en el Parlamento, como el movimiento afín al exmandatario Rafael Correa y Pachakutik, brazo político del poderoso sector indígena, quienes ya intentaron destituirlo hace un año.
En su comunicado, la Secretaría General de la OEA insiste en la importancia de que el juicio "ofrezca todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso". Además, subraya que se deben respetar los mandatos constitucionales de los presidentes electos por voto popular, asegurando que los términos y plazos presidenciales se ejerzan sin presiones ni amenazas.
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Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, enfrenta acusaciones de supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), basadas en contratos establecidos entre 2018 y 2020.
Ecuador se encuentra actualmente inmerso en una crisis política, la cual el presidente Lasso atribuye a la oposición. Durante la Cumbre Iberoamericana de marzo, el mandatario manifestó que la oposición busca llegar al poder "no por el voto, sino por un golpe de Estado parlamentario", considerándose víctima de conspiraciones.
La Secretaría General de la OEA enfatiza la importancia de que todos los actores involucrados en este proceso actúen con la mayor responsabilidad y mesura política e institucional.
La OEA seguirá de cerca el desarrollo de este juicio político y reitera su compromiso con la democracia, el respeto al estado de derecho y la garantía de un proceso justo y transparente.
FUENTE: Con información de AFP