WASHINGTON.- La agenda consensuada que negociará el régimen de Daniel Ortega y una alianza extraparlamentaria para superar la crisis que estalló hace casi un año marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en el país, dijo este jueves la embajada de Estados Unidos en Nicaragua.
"La agenda de negociación (...) marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en Nicaragua. No hay tiempo que perder. Se necesitan soluciones reales en tiempo real", señaló en un mensaje el embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin K. Sullivan.
El diplomático resaltó el compromiso asumido el miércoles por el régimen nicaragüense en la mesa de negociación, que se instaló el 27 de febrero pasado, de "liberar a todos los presos políticos", lo cual calificó como "un paso positivo".
"Deben ser liberados lo antes posible", exclamó en otro mensaje.
Los negociadores entre el régimen de Ortega y de la oposición acordaron el miércoles en presencia del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y del enviado especial de la Secretaría General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, trabajar una agenda común que será desarrollada con amplitud en la mesa de conversaciones.
La agenda incluye fortalecer la democracia y reformas electorales; reforzar los derechos y garantías ciudadanas y la liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días, de todos los presos y detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año pasado.
Además, agrega un punto referido al tema de la verdad, justicia y reparación.
Por último, se decidió que, de común acuerdo entre las partes, se pedirá en su momento a la comunidad internacional suspender las sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retornó el miércoles a la mesa de negociación debido a la decisión de Ortega de liberar en un plazo máximo de 90 días a los denominados "presos políticos".
Durante la sesión del miércoles el Ejecutivo nicaragüense se comprometió a cumplir ese punto "de conformidad con el ordenamiento jurídico del país".
El número de manifestantes presos alcanza los 802 en Nicaragua según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, que expresó su desacuerdo con el plazo de 90 días y propuso que fueran liberados en un tiempo máximo de 15 días.
El Gobierno mantiene la cifra de manifestantes presos en 340, pero no los reconoce como "presos políticos" sino como "terroristas", "golpistas" o reos "comunes".
Las partes acordaron, además, invitar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a retomar el trabajo de reformas al sistema electoral de este país centroamericano.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
FUENTE: EFE
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