MIAMI.- Este sábado el proceso de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana continuó a puertas cerradas, tras la firma del "memorando de entendimiento" celebrado antes de iniciar las discusiones que intentan dar una respuesta a la crisis en la que está sumergida el país, que afecta a millones de venezolanos, no solo en el territorio nacional sino también en el mundo entero.

Ayer se conocieron los siete puntos de la negociación, pero no se ofreció una agenda formal sobre el orden a tratar cada uno o cuánto tiempo estiman que demorarán en cada parte.

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En horas de la tarde de este sábado se conoció el pronunciamiento conjunto hecho por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, quienes manifestaron estar atentos a las reuniones, y anunciaron que estarían considerando "revisar las políticas de sanciones" contra la dictadura que gobierna Venezuela si el régimen de Maduro "hace avances significativos en las negociaciones" .

Según una nota publicada en la página del Departamento de Estado, aseguran que acogen con beneplácito el anuncio sobre las negociaciones integrales dirigidas por Venezuela en la Ciudad de México. "Esperamos que este proceso conduzca a la restauración de las instituciones democráticas del país y permita que todos los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales libres y justas. Instamos a todas las partes a comprometerse de buena fe para alcanzar acuerdos duraderos que conduzcan a una solución integral a la crisis venezolana. Las fuerzas de la oposición democrática han trabajado arduamente para construir una Plataforma Unitaria y reconocemos la necesidad de esa unidad para hacer avanzar estas negociaciones. Apreciamos el papel constructivo del Reino de Noruega en la facilitación de estas negociaciones" indican.

Reinteran el llamado a la liberación incondicional de todos los presos políticos; a que se permita la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión y que se le ponga fin a los abusos contra los derechos humanos.

"Hacemos un llamado por condiciones electorales que cumplan con los estándares internacionales para la democracia, comenzando con las elecciones locales y regionales programadas para noviembre de 2021. Seguimos comprometidos a apoyar al pueblo venezolano y a abordar la grave crisis humanitaria de Venezuela. Damos la bienvenida a un mayor acuerdo entre todos los actores políticos en Venezuela para permitir un acceso transparente y sin restricciones a la asistencia humanitaria, que incluya alimentos, medicamentos, vacunas y otros suministros críticos de socorro COVID-19".

Los firmantes reiteran la voluntad de revisar las políticas de sanciones si el régimen logra avances significativos en las conversaciones anunciadas.

La declaración fue emitida por el Secretario de Estado Antony J. Blinken, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau.

Sanciones contra la dictadura

Desde que el gobierno de EEUU impuso severas sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro y contra las caras más visibles del régimen, hace menos de dos años, los voceros de la dictadura han asegurado en reiteradas ocasiones que todo lo malo que le ocurre al país es consecuencia de estas medidas de presión ejercidas desde los Estados Unidos, y que han sido replicadas en algunos puntos por la Unión Europea y por Canadá.

Ahora, en la mesa de negociación será uno de los temas más álgido y en el que más han hecho incapié los representantes de Miraflores, hasta el mismo dictador Nicolás Maduro lo dejó claro en varias declaraciones oficiales.

Según explica la BBC de Londres, la dictadura exigirá la administración de los activos congelados de la nación en el exterior. Ya en mayo habría informado que una de sus condiciones era "la devolución de cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central". Otro requisito anunciado previamente por Maduro fue el "reconocimiento pleno" de la Asamblea Nacional y los poderes del país que en la agenda del diálogo quedó plasmado como "Respeto al Estado Constitucional de Derecho".

Aparecen en esta nota:

 

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