WASHINGTON - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murilo. Entre los sancionados se encuentran la hija de la pareja presidencial Camilia Antonia Ortega Murillo, sancionada por socavar la democracia y violar los derechos humanos.

Los otros tres sancionados son: Leonardo Ovidio Reyes Ramirez, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN); Edwin Ramon Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada del Ejército de Nicaragua y director ejecutivo del Instituto de Bienestar Social Militar (IPSM).

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El anuncio de nuevas sanciones contra el régimen de Ortega ocurre luego de una serie de arrestos de opositores denunciados por Washington. Cuatro precandidatos presidenciales, dos activistas políticos y dos trabajadores administrativos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, han sido detenidos en la última semana.

Los cuatro sancionados son señalados de apoyar a un régimen que socava la democracia, viola los derechos humanos, promulga leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha intentado de silenciar a los medios de comunicación independientes.

“Las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una mayor tiranía”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Andrea M. Gacki.

“Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la represión contra el pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que ignoren la voluntad de sus ciudadanos”, subrayó Gacki.

Las nuevas sanciones son adoptadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, dirigida a sancionar personas que son funcionarios del Gobierno de Nicaragua o que se han desempeñado como funcionarios del Gobierno de Nicaragua a partir del 10 de enero de 2007.

Con estas cuatro personas ya son 31 los funcionarios y allegados a Ortega sancionados por Estados Unidos desde fines de 2017.

Estas medidas se dan a conocer en momentos de mucha tensión en Nicaragua, tras el arresto de los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, estos dos últimos detenidos por la policía el martes, acusados de realizar actos que "menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación e incitar a la injerencia extranjera”, entre otros cargos.

También la noche del martes la policía arrestó al líder empresarial José Adán Aguerri y mantiene en “casa por cárcel” a la opositora Violeta Granera. Otro dirigente opositor, el político liberal José Bernard Pallais, fue “circulado” por la policía y arrestado este miércoles en la ciudad de León, informó la entidad en un comunicado.

Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses de esas personas en Estados Unidos quedan “bloqueadas”, así como las entidades donde estas personas posean el 50% o más de propiedad, se indicó.

El régimen de Ortega asegura que Cristiana Chamorro cometió el delito de lavado de dinero y que los otros tres precandidatos detenidos “atentaron contra la soberanía nacional” por haber solicitado sanciones de Estados Unidos y otros países como parte de un “plan golpista para desestabilizar” a su régimen y que comenzó con las protestas sociales de 2018.

La oposición asegura que Ortega, de 75 años, quiere eliminar del proceso electoral a los candidatos opositores, pues teme no poder lograr su tercera reelección presidencial, para lo que sería su cuarto mandato consecutivo, en los comicios del 7 de noviembre de 2021.

En tanto, un vocero de la secretaría general de Naciones Unidas expresó su preocupación por los recientes arrestos y por la invalidación de las candidaturas de los líderes de la oposición. “Estos acontecimientos pueden socavar gravemente la confianza de la población en el proceso democrático de cara a las elecciones generales”, advirtió.

“El Secretario General reitera su llamamiento para que se llegue a un acuerdo de base amplia sobre las medidas para la celebración de elecciones creíbles, participativas e inclusivas en noviembre” y pide al gobierno “que respete plenamente las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos, libere a los dirigentes políticos y restituyan sus derechos”, añadió.

FUENTE: Redacción y AP

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