En lo que va de 2021 más de 1.7 millones de migrantes han sido detenidos en la frontera, un máximo histórico que pone de relieve la crisis migratoria que atraviesa la región. Estos datos triplican el promedio de arrestos registrados en años anteriores. No es de extrañar que los cubanos se encuentran entre los grupos más afectados por esta ola de arrestos limítrofes. Si tomamos en cuenta el incremento en el número de trotamundos que intentan llegar desde la isla caribeña a Estados Unidos, sea por tierra o por mar.
Precisamente un navío de la Guardia Costera estadounidense repatrió hace apenas unos días a 31 balseros cubanos, un grupo resultado de cuatro interdicciones frente a las costas de Florida y Bahamas.
Entre el 1 de octubre y el 2 de noviembre las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 248 cubanos, una cifra que va en aumento.
Este año suma ya 838 balseros interceptados, una cifra superior a los 49 de 2020, los 313 de 2019 y los 259 de 2018, según datos oficiales.
De acuerdo con estadísticas oficiales, entre los años fiscales 2017 y 2021 más de 95.000 cubanos han entrado ilegalmente a territorio estadounidense, el 92% de ellos lo hizo por la frontera mexicana.
La paupérrima situación económica, la falta de oportunidades, la represión política y el cierre de las vías formales son una especie de coctel molotov que empuja a los cubanos a tomar decisiones desesperadas, a pesar de los riesgos que estas conllevan, incluyendo la muerte.
Más dificultades
A este panorama sombrío es necesario agregarle el estanco de las vías formales de inmigración por la cancelación de los servicios consulares en la embajada de EEUU en La Habana, paralizados en 2017 por los misteriosos incidentes de salud que afectaron a algunos diplomáticos y cuya causa aún se desconoce.
Como consecuencia, los acuerdos bilaterales existentes para la concesión de visas y el programa de reunificación familiar están prácticamente paralizados. Los cubanos tienen que, de hecho, acudir a otro país primero para realizar los trámites pertinentes en una representación consular estadounidense, lo que conlleva a gastos adicionales en un país donde la gente apenas 100 dólares al mes. Situación que empeoró con la pandemia del COVID-19.
Las cifras son exorbitantes, todavía hay pendientes 22.000 casos de reunificación familiar y 100.000 visas en el limbo, según la congresista republicana María Elvira Salazar.
Hay rumores en Cuba que aseguran que a todos los que logren llegar a la frontera estadounidense les están dejando pasar y ello a dado lugar a la búsqueda de alternativas a través de la geografía latinoamericana. La esperanza empuja. Pero la realidad es distinta, al menos en concepto.
Por ello, el abogado de inmigración Santiago Alpízar aclaró: “Cuando estaban entrando pocas personas a algunos le daban el parole (permiso temporal). Ahora a casi todos le suscriben el documento I-220 A: Entrada bajo su propio Reconocimiento a los EEUU (Es emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que libera a alguien de la custodia de ICE siempre que la persona cumpla con todas las condiciones de liberación enumeradas). Este un documento que no da ningún beneficio migratorio. Yo quiero que los cubanos entiendan que todo el que entra ilegalmente por la frontera y le entregan este ‘papelucho’, lo que les están diciendo ´ reconocemos que has entrado, sabemos quién eres, espera tu día en corte porque podrías ser sujeto a un proceso de deportación’. Todas las personas que entran en la frontera inmediatamente se enfrentan a remoción del país”
Los cubanos que logran alcanzar territorio estadounidense viajan con la ilusión de obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, pero: “Solo tienen la posibilidad de solicitar asilo político. No tienen derecho a pedir permiso de trabajo ni para calificar al año y un día porque el requerimiento es claro: Aquellos cubanos que han sido admitidos en el país y todas las personas que han entrado con este I 220ª legalmente no gozan de admisión, no es la política de aplicación en ningún sentido por parte de inmigración”.
En septiembre de este año se presentó una demanda frente a un tribunal federal de Miami. La acción legal fue entablada por un grupo de abogados de Miami contra el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y reclama que se considere aceptar a este permiso de libertad bajo supervisión como un documento de admisión para procesar la residencia permanente.
La demanda de 55 páginas fue asignada a la jueza federal Beth Bloom. En el calendario judicial aparece el 29 de noviembre como la fecha de la última moción de los demandantes y el gobierno tiene la opción de responder para finales de diciembre mientras que los argumentos finales del caso deberían producirse en enero de 2022.
Ante los escollos que derivan de los trámites, son muchos los que sopesan otras variantes. El Gobierno mexicano recibió entre enero y octubre del presente año 108.195 peticiones de migrantes en busca de refugio. Estas cifras representan un récord que supera a cualquier periodo similar o año completo. Los cubanos con 7.915 casos son el tercer grupo con mayor cantidad de solicitudes según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
