CARACAS.-El chavismo ha sabido hacer algo muy bien a lo largo de los 17 años que lleva como Gobierno: acabar con la meritocracia y el concurso para acceder a cargos como funcionario público, exigencia que está expresada en la Constitución venezolana, y en el Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos, donde se prohíbe expresamente a los funcionarios intervenir en la toma de decisiones en el que resulten beneficiados parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta es la conclusión a la que llega Transparencia Venezuela con las investigaciones realizadas sobre el nepotismo en el país.
Aunque el nepotismo no es un ilícito nuevo, ocurre habitualmente en todas las áreas del Estado como parte de la idiosincrasia del venezolano, en los últimos 17 años los jerarcas chavistas se han repartidos cargos de poder, confianza y control económico como nunca antes. El nepotismo es un acto de corrupción en sí mismo porque genera opacidad, impunidad, discrecionalidad y debilita la rendición de cuentas públicas.
Dentro del Poder Judicial, 14 funcionarios actuales o jubilados designaron al menos a 45 familiares en puestos claves en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública o la Defensoría del Pueblo. El ilícito se incrementó cuando Luisa Estella Morales ascendió a la presidencia del TSJ, en la que designó a sus tres hijas: Leticia Acosta Morales, Ana Acosta Morales, Marta Acosta Morales, para distintos cargos dentro de la institución que representaba hasta que ejerció el cargo en 2013.
Casos particularmente delicados son los de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, quien ubicó a tres sobrinas en distintas áreas de su competencia. Mientras que Gabriela Ramírez, exDefensora del Pueblo, cuando estaba en funciones designó a su hermano Daniel Ramírez, como director de Atención al Ciudadano, y a su hermana, Yannelis Ramírez, como defensora delegada en Puerto Ordaz, estado Bolívar, información que se desprende de la investigación de Transparencia Venezuela.
A pesar de que el Artículo 279 de la Constitución establece que: “el Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad (…)” El máximo representante del Poder Moral, Manuel Galindo, designó a 13 familiares en cargos directivos del organismo que representa. Por paradójico que resulte, este funcionario justamente debería velar porque estos ilícitos no ocurran, y de generarse promover la investigación.
En el marco de las investigaciones, Transparencia Venezuela consignó el 28 de julio ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Freddy Guevara, la solicitud de investigar al Contralor General, Manuel Galindo, por los resultados que evidencian el ilícito de nepotismo en su gestión pública pero a mes y medio aún no han recibido respuesta al respecto, por lo que Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, ha exigido un pronunciamiento de la Asamblea Nacional.
Casa Amarilla como tentáculo del chavismo
El ejemplo más emblemático ocurre en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, de donde se desprende que 43 familiares de los altos funcionarios del Gobierno: Diosdado Cabello (diputado); Aristóbulo Istúriz (vicepresidente); Calixto Ortega (magistrado); Jorge Rodríguez (Alcalde del municipio Libertador de Caracas); Luisa Ortega Díaz (Fiscal General); Jacqueline Faria (directiva del PSUV); Francisco Arias Cardenas (gobernador de Zulia); Desireé Santos Amaral (exministra de Comunicaciones); Clodobaldo Russián (fallecido exContralor General); entre otros, han asumido algún cargo dentro del servicio exterior, sin haber tenido carrera diplomática.
La práctica de ubicar a familiares en embajadas se acentuó después de la reforma de la Ley de servicios exteriores. Europa y Estados Unidos son los destinos más cotizados por el chavismo, pero no los únicos. Salvo África y Oceanía, en cada continente existe algún familiar asignado a un cargo diplomático, incluso se han detectado creación de cargos que no existían en las sedes consulares para justificar la presencia de estos, entendiendo así que aunque los casos de embajadores asignados a dedo existen no son los únicos en donde se comete el nepotismo.
De Freitas explica que el nepotismo es cualquier forma de favoritismo de funcionarios públicos, quienes gozan de poder para influir en el ingreso de familiares y amigos en la Administración Pública, favoreciendo a familiares amigos y conocidos con cargos, contrataciones e incluso información de su interés.
Durante la presentación de las investigaciones, De Freitas advirtió que una cosa es el árbol genealógico y otro el organigrama de las instituciones, por lo cual explica que estos no se deben mezclar.
Transparencia Venezuela ejemplificó que el nepotismo ha permeado en todas las instituciones del Estado: "Que los profesores universitarios reserven un cargo para sus hijos en las universidades públicas es nepotismo, como también lo es que un alcalde contrate a su hija para ejercer un cargo de confianza, o la esposa de un funcionario haga proselitismo dentro del órgano que él preside. Todo esto es ilegal y debe ser sancionado”, advirtió la directora de la ONG.
Pero esto no es todo, también el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, oficialismo) ha logrado promover la parcialización de los funcionarios públicos, a pesar de que la Constitución lo prohíbe; los más altos representantes de los poderes públicos no guardan las formas al manifestar su respaldo al proyecto político del presidente Hugo Chávez.
Es habitual ver como la representante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, se muestra como la defensora del chavismo desde su palestra judicial, mismo órgano que en ocho meses del año 2016 ha dictado 27 sentencias contra el Poder Legislativo, que incluye la del 2 de septiembre en donde declaró: “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo las leyes que sean sancionadas”, por considerarla en desacato al incorporar el 28 de julio a tres diputados opositores que representan al estado Amazonas, sur del país, dejando a 160.548 ciudadanos sin representación parlamentaria.
@VeroEgui
