CARACAS.- “A los hombres se le conquista por el estómago”. El Gobierno de Nicolás Maduro quiere comprobar la veracidad de esta frase y para ello ha decidido entregar los llamados “Carnet de la Patria”, una especie de tarjeta de débito a través de la cual los venezolanos podrán acceder a alimentos escasos como la harina de maíz, el azúcar, el café, el aceite, productos de higiene personal y medicinas, pero también les permitirá acceder a pensiones y becas, computadoras y hasta viviendas.

Sin embargo, la oferta no es gratuita, al menos así lo consideran expertos y activistas de Derechos Humanos, para quienes la información que las autoridades están requiriendo a los ciudadanos que, por necesidad, están haciendo las largas filas para poder obtener la susodicha tarjeta no es más que una herramienta para reforzar el control social que el Gobierno ejerce sobre la población.

“Todas las políticas sociales del Gobierno conllevan elementos de control social y político. Todas las misiones requerían saber dónde está la población, qué hace, de qué vive. Fueron censos permanentes, pero lo que se está haciendo con esta tarjeta es un paso más elaborado”, afirmó el exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca.

Medios venezolanos aseguran que durante la primera jornada de inscripción, celebrada el pasado fin de semana, una de las preguntas que les formulaban a los interesados en hacerse con el polémico carnet era en cuál partido militan. “Esa una medida clientelar que exacerba el paternalismo, pues el Estado se puede comportar como el padre que le da una mesada al hijo, pero cuando éste se porta mal, o cuando no lo obedece, se la quita”. “Esa una medida clientelar que exacerba el paternalismo, pues el Estado se puede comportar como el padre que le da una mesada al hijo, pero cuando éste se porta mal, o cuando no lo obedece, se la quita”.

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Suspicacia entre rojos

La iniciativa no ha sentado bien ni siquiera entre los aliados del Gobierno. Así, el secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, anunció que esa organización no participaría en las jornadas de “carnetización”, por considerar que “puede convertirse en un mecanismo de discriminación inaceptable”.

Las preocupaciones están justificadas, pues en el país se adjudican trabajos en la administración pública, papeles, becas o viviendas de dependiendo si se simpatiza o, al menos, no se expresa su oposición abiertamente al Gobierno. Así lo aseguró la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Ligia Bolívar, quien denunció que en “Venezuela la discriminación es una política de Estado desde 2004, cuando se creó la llamada lista Tascón”.

En 2004, el chavismo obtuvo del Consejo Nacional Electoral (CNE) los registros de los ciudadanos que firmaron en respaldo a la solicitud del referendo revocatorio que la oposición activó contra el fallecido Hugo Chávez y elaboró una lista, la cual utilizó para despedir a funcionarios públicos o para negarles trabajo a ciudadanos que aparecían en ella. A este listado se le llamó Tascón, en honor al fallecido diputado chavista Luis Tascón, quien la promovió.

“Hablamos de una política de Estado, porque hay una concertación entre todos los poderes para permitir este tipo de situaciones, pues el Gobierno pidió al CNE la información y el CNE se la dio. El Gobierno despidió gente y los tribunales no ampararon a ninguno de los despedidos ni tampoco la Defensoría del Pueblo”, agregó Bolívar, quien indicó que otros mecanismos de control social han sido los fallos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado en los últimos años, y en los cuales reinterpretó artículos de la Constitución para, por ejemplo, exigir permisos para las protestas, con lo cual proscribió las espontáneas.

Por la aplicación de la llamada lista Tascón el Estado deberá responder próximamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que conocerá el caso de la ahora activista Rocío San Miguel, quien fue despedida del Consejo Nacional de Fronteras por haber respaldado con su rúbrica la petición de revocatorio.

Salamanca, por su parte, ofreció otro ejemplo: los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), instancias creadas por el Gobierno en 2016 y a las que le ha entregado la responsabilidad de distribuir los alimentos escasos. “Estudios de opinión revelan que solo el 36% de los venezolanos dice hacer logrado comprar una bolsa de comida en los CLAP y de ese 36%, el 68% se identifica como chavista”, dijo.

Los temores de que la información obtenida en el censo para el “Carnet de la Patria” sea cruzada con los registros de las misiones e incluso de procesos comiciales, han sido sembrados incluso por las autoridades en estos años. “Está quedando el registro electoral de todos los que votan (…) En estos procesos tenemos esa ventaja: sabemos quién vota y quién no”, declaró Maduro luego de las primarias chavistas de 2015.

De cara a elecciones

El Gobierno ha rechazado los señalamientos y el propio Maduro ha asegurado que el objetivo de la iniciativa es “hacer más eficiente todos los programas de protección social”, al elaborar un censo que permitirá “saber quién está beneficiado y de cuál programa”, y así combatir la corrupción al “capturar a estafadores que hay por ahí y que se dedican a pedirle dinero a las comunidades a cambio de bolsas de comida”.

Asimismo, ha afirmado que la meta es lograr entregar unas seis millones de tarjetas.

Para Salamanca, estos datos le hacen sospechar también que el oficialismo se está preparando para competir en unas eventuales elecciones. “El Gobierno sabe que la gente lo está pasando mal, que la crisis es muy aguda y le ofrece plata para ayudar a superarla, lo cual no lo hace más que cuando hay una elección cerca”.

En 2017, deberían celebrarse las elecciones de gobernadores y diputados regionales que debieron ocurrir en 2016, así como las de alcaldes y concejales. No obstante, hasta ahora el CNE no ha anunciado ningún cronograma.

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