MANAGUA.-JOSUÉ BRAVO
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Francisco Javier Ponce Sanarrusia fue detenido junto a 6 personas más en una misteriosa redada el pasado 28 de mayo en el municipio de Rivas, cerca de la frontera con Costa Rica, bajo sospechas de haber asesinado a un oficial de inteligencia del Ejército, usando la modalidad de sicariato.

Familiares de Javier Ponce Sanarrusia llegaron a El Chipote para retirar el cadáver del joven que murió en esa cárcel. (CORTESÍA)

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A los seis días, Ponce Sanarrusia apareció muerto en El Chipote, la tenebrosa cárcel octogenaria ubicada en la Loma de Tiscapa (una pequeña elevación de origen volcánico situada en el centro de Managua, la capital); donde hoy funciona la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Según la información oficial, Ponce, de 30 años, se ahorcó. Pero esta versión su madre nunca la aceptó.

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“Me lo mataron, a mi hijo me lo mataron, porque ellos lo tenían todo golpeado", dijo destrozada María Luisa Sanarrusia Oliva, de 57 años, al diario local La Prensa.

“El Gobierno eso es lo que hace, mandar a matar a la gente para callarles la boca, mi hijo era muy macho y no se iba a quitar la vida de esa manera”, apuntó la madre del fallecido.

Ponce había sido detenido por encapuchados, en Rivas, quienes se lo llevaron sin paradero conocido y sin que se le abriera un proceso judicial como establece la ley, actuación que ya parece normal por parte del Gobierno de Nicaragua.

Las denuncias

Hasta que apareció en una celda de El Chipote, el viejo complejo de calabozos que ahora toma fama internacional porque en estos tiempos se siguen escuchando denuncias de tortura, prolongados periodos de aislamiento de reos sin acceso a derechos humanos, y falta de aplicación de la ley para quienes ahí permanecen recluidos.

Desde hace más de ocho décadas los nicaragüenses le han temido, pero ahora ha trascendido fronteras con la reciente reclusión de un costarricense requerido por Interpol, a quien según su familia y la cancillería lo han mantenido sin ropa, sin acceso a medicinas para tratar su hipertensión, mucho menos el beneficio de ampararse a la ley porque ahí nada parece importar más que lo dicho por la Policía.

Las historia de EL Chipote

El Chipote mantiene sensación de terror que ha sembrado a lo largo de su historia, vigente hoy en la Nicaragua de Daniel Ortega, el presidente que incluso tiene una cicatriz en su cara por la tortura recibida en sus calabozos durante la dictadura de los Somoza.

Policías nacionales vigilan la entrada a El Chipote. (CORTESÍA)

Ortega fue capturado en 1967 junto a otros centenares de presos que formaban parte del Frente Sandinista, en ese entonces un movimiento de rebelión contra la dictadura.

Construida en 1931

La cárcel fue hecha en Nicaragua en 1931, cuando el presidente José María Moncada construyó por primera vez un palacio presidencial en esa zona, elevado a la par de la laguna de Tiscapa.

El lugar quedó severamente dañado tres meses después por el terremoto que destruyó Managua ese año. En 1934, el general Anastasio Somoza García construyó ahí la residencia del jefe director de la Guardia Nacional, llamada La Curva.

Infografía publicada en el diario La Prensa de Nicaragua.

Debajo del Palacio Presidencial se construyeron unos sótanos desde donde solo se conocen historias de terror por las torturas que Somoza y su estirpe aplicarían a todos los presos.

La dictadura somocista, derrocada en 1979 por revolucionarios sandinistas, torturaron en 1954 a civiles rebeldes que querían emboscar al entonces “dueño” de Nicaragua, el dictador. Unos fueron fusilados en otro lado y quienes cayeron presos sufrieron las penurias del llamado cuarto de tortura.

Además de Ortega, otros personajes que también cayeron presos fueron los ahora expresidentes Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2001 – 2007), así como el exdiputado y en contralor general, Agustín Jarquín, y el fundador del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, considerado un mártir de las libertades públicas en Nicaragua.

Un símbolo del terror

Primero se llamó La Loma, luego El Chipote y ahora la Dirección de Auxilio Judicial, pero es el segundo nombre por el cual se conoce y conceptualiza un símbolo del terror.

“Fui conducido a empujones por un tenebroso pasillo oscuro (…). Era un sitio lúgubre (…). Confieso que iba paralizado de terror. Por fin mis captores se detuvieron y me metieron en un espacio donde ni siquiera podía verse la palma de la mano”, escribió en un artículo de opinión en La Prensa, Erick Ramírez, dirigente socialcristiano preso en El Chipote durante la revolución sandinista en la década de 1980.

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“Al rato me senté en el suelo y me di cuenta de que el lugar estaba húmedo, solo se sentía un olor desagradable mezcla de sudores, heces fecales, orines, vómitos y de pronto sentí recorriendo por mis brazos y piernas pequeños tentáculos y mordiscos producto de cucarachas, ratas y quién sabe qué clase de insectos”, añadió Ramírez, quien fue llevado al calabozo por la tenebrosa Dirección General de la Seguridad del Estado, la represiva institución de inteligencia del primer gobierno sandinista.

Piden su clausura

El dirigente político fue encarcelado porque los revolucionarios pensaron que era parte del eslabón político con La Contra, la guerrilla financiada por Estados Unidos que en esa década luchó contra la revolución; para botar al gobierno.

“El Chipote es un culto al somocismo y una afrenta a los patriotas que ahí fueron torturados y muertos. Debe clausurarse por razones de decencia política, concepto que parece olvidado en nuestro país. Que aún esté abierto es una vergüenza nacional”, escribió Ramírez hace tres años.

Lo que aún sorprende es que en estos tiempos los métodos de torturas se sigan aplicando. La familia del costarricense José Joaquín Gil Trejos, detenido desde hace un mes, pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos humanos por las condiciones infrahumanas en las que ha estado.

La Constitución Política de Nicaragua obliga a liberar a cualquier persona en un término de 48 horas o de lo contrario, ser remitido a cualquier instancia judicial que resuelva su caso. Ninguna de estas dos cosas ha ocurrido a favor de Gil.

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Al lugar no solo llegan presos políticos. Gil es requerido por un aparente fraude comercial en México. Su coterráneo, Eduardo José Tiffer Campos, también estuvo preso por un mes en El Chipote por problemas migratorios.

Además de otros vejámenes, no se le permitió llamadas a su consulado en Managua. Explica que fue encerrado en un túnel tipo espiral, donde ni una cuchara plástica tenía para comer.

Las denuncias de violación de derechos humanos que el gobierno de Ortega recibe pasan por las reclusiones y malos tratos en esta cárcel.

Informes de violaciones de los derechos humanos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó un informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que critica algunas acciones en Nicaragua.

El informe critica abusos de derechos humanos en la detención de personas sospechosas; duras condiciones penitenciarias y potencialmente mortales; la prisión preventiva arbitraria y prolongada; entre otros aspectos.

En el año 2011, Leonel Santana Zambrana denunció ante organismos de derechos humanos que había sido torturado salvajemente en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote.

Según dijo en una publicación de La Prensa, “te ponen en un charco de agua y te ponen chuzos eléctricos para que tenga más efecto la electricidad (…), duele, como que te altera, no sé, un fuerte impacto de electricidad ¡fum! te sentís y ellos te golpean, te preguntan…”.

Quienes de ahí salen viven traumas que les dificulta reinsertarse a la sociedad y prefieren no hablar o hacerlo con mesura, en privado.

“Te jode (molesta) lo sicológico. No se respetan las 48 horas de investigación cuando te detienen. No te permiten visitas de familiares. No es válido ningún recurso de Habeas Corpus ni nada. Ahí no vale nada. A mí me dejó afectado sicológicamente. Me daba miedo andar en las calles cuando me liberaron”, dijo una persona que estuvo detenido aparentemente por elaborar una investigación académica de cómo es la cárcel.

Las denuncias contra esta cárcel se incrementaron desde que Ortega llegó al gobierno en 2007, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

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Solo en 2014 este organismo recibió 750 denuncias de violaciones de derechos humanos en esa cárcel, según el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Nicaragua pidieron el año pasado al gobierno el cierre de esta cárcel. A la plegaria se han sumado organismos de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. El Gobierno ha puesto oídos sordos a esta demanda.

“La cárcel de El Chipote es el símbolo de la muerte en Nicaragua porque allí se han torturado seres humanos por su derecho que tienen de disentir de políticas e ideologías estatales”, según Monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia de la Arquidiócesis de Managua.

El Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1190 – 1997) mostró la voluntad de cerrar la cárcel, pero el esfuerzo no fue continuado. En Nicaragua los críticos de Ortega consideran que además de cerrarse El Chipote, debe haber un saneamiento de la Policía Nacional, institución cuestionada por estar plegada a los designios de la pareja presidencial en Nicaragua.

 

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