MANAGUA.- El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, investigado en su país por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero, durante su gestión como mandatario (2009-2014), vive asilado en Nicaragua, en una lujosa residencia ubicada en un exclusivo residencial en las afueras de Managua, la capital del país.
Videos y fotografías divulgadas por medios de comunicación muestran una cómoda vivienda color crema, de portones metálicos negros y cerrada con tapia de piedras, ubicada en Las Colinas, una zona de embajadas y exclusivas residencias.
El inmueble es custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, donde Funes y su familia viven desde hace dos meses, según vecinos, y el expresidente tiene dos vehículos a su disposición. En uno viajan él y la familia, y en el otro se desplaza la escolta policial.
Los policías nicaragüenses no dan información del exmandatario, quien desde que fue descubierto por la prensa no se deja ver fuera de la vivienda y ni siquiera sale a pasear a su perro, como lo hacía al inicio de su estadía en Managua.
Funes, su pareja Mitchell Guzmán y tres de sus hijos, Carlos Mauricio, Diego y Mauricio Alejandro, recibieron asilo político en Nicaragua “por considerar que “su vida e integridad física estaban en peligro por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”, según el diario oficial La Gaceta de Nicaragua.
El pasado 17 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó que estaba investigando a Funes por los delitos de robo, enriquecimiento ilícito, malversación y negociaciones ilícitas, los cuales habrían ocurrido durante su mandato.
La solicitud del expresidente fue presentada a Nicaragua, justamente una semana después de que él mismo negó, a través de su cuenta de Twitter, que estuviera o fuera a solicitar asilo en el país centroamericano, luego de asegurar que sólo realizaba una consultoría, de la cual no brindó detalles.
Asimismo, el hijo del expresidente, Diego Roberto Funes Cañas, enfrenta en El Salvador una demanda civil por presunto enriquecimiento ilícito, por la compra de ocho vehículos, por un monto total de 118.600 dólares. La Fiscalía salvadoreña ha indicado que Funes Cañas, un estudiante de 23 años, no ha justificado los ingresos para realizar esas compras.
Tras la avalancha de críticas por el asilo político en Nicaragua, el exmandatario salvadoreño señaló, por medio de su cuenta de Facebook: “Desde que dejé la Presidencia de la República sabía que la derecha oligárquica iba a arreciar la persecución política en mi contra, como un acto de venganza por las decisiones que tomé en mis cinco años de gobierno. La derecha, el partido ARENA y los grupos de poder económico, no toleraron nunca haber perdido su capacidad de incidencia y decisión en el Órgano Ejecutivo”.
Luego añadió: “Con el asilo político solicitado ante la autoridades nicaragüenses, no busco evadir la justicia salvadoreña y menos significa que estoy renunciando a mi defensa en las instancias correspondientes. Estoy convencido que puedo demostrar mi inocencia y desmontar un proceso de acusaciones arbitrarias en mi contra que inició la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y que me ha llevado a enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito en una cámara de lo civil”, añadió.
Otros casos en la Nicaragua de Ortega
Además del cuestionado asilo de Funes, hay otros casos sucedidos durante el mandato sandinista en Nicaragua con personajes internacionales, incluyendo algunos que son acusados de narcotráfico y terrorismo, que le ha valido críticas a Daniel Ortega por haber convertido al país en “refugio de delincuentes”, mientras el Gobierno restringe el ingreso a periodistas, líderes cristianos y grupos culturales.
Las colombianas Martha Pérez Gutiérrez, Doris Bohórquez Torres y Lucía Morett, esta última de origen mexicano, vinculadas A la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), recibieron asilo en Nicaragua en 2009, luego de sobrevivir a un ataque el 1ro de marzo de 2008 de las Fuerzas Armadas de Colombia.
También en 2009, el líder indígena amazónico peruano Alberto Pizango recibió asilo político en Nicaragua, tras ser acusado por el Gobierno del país andino de instigar los enfrentamientos que dejaron al menos 24 policías y nueve indígenas muertos.
Un año después, en 2010, otorgó asilo político al hermano del guerrillero colombiano de las FARC, Rodrigo Granda, Rubén Darío Granda, señalado por las autoridades colombianas de ser el encargado de realizar transacciones financieras millonarias con dinero de la guerrilla.
Ortega protegió al abatido capo de Medellín, Pablo Escobar, durante la revolución sandinista en Nicaragua de los años 80, según declaró el hijo del narcotraficante Sebastián Marroquín y quedó recogido en el libro Pablo Escobar: Mi Padre, las historias que no deberíamos saber.
Por otra parte, Ortega manifestó en reiteradas ocasiones su admiración por el fallecido Pedro Antonio Marín Marín, mejor conocido por su alias de Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, excomandante en jefe de las FARC.
De hecho, Ortega condecoró a Marulanda con la Orden Augusto C. Sandino y con la muerte del otrora líder de las FARC, el líder sandinista envió sus condolencias, cuando ya era presidente de Nicaragua por segunda vez, en 2008.
Ese mismo año, el diario La Prensa, en Nicaragua, reveló que un emisario de las FARC, Alberto Bermúdez, inició el proceso para obtener una cédula de nacionalidad nicaragüense ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), que a pesar de ser otro poder del Estado está controlado por el presidente Ortega, según aseguran sus detractores.
Según el rotativo, Bermúdez tramitó la cédula a través de la solicitud número 049052981 en la delegación del CSE en el Distrito III de Managua y obtuvo la cédula en tiempo récord.
Hace cuatro años el exfuncionario cubano de alto rango, Julio Antonio Alfonso Fonseca, que tuteló durante 15 años a los activistas del grupo terrorista ETA en Cuba, dijo al diario español El País que ocho miembros de la arupación, vivieron en Nicaragua y que a inicios de la década de 1990 a petición de los sandinistas, se fueron a Cuba.
El terrorista italiano Alessio Casimirri, miembro de la organización extremista italiana Brigadas Rojas, reside en Nicaragua, aunque continúa condenado en su país de origen por participar en el secuestro y asesinato del exprimer ministro Aldo Moro, en 1978.
Casimirri fue condenado a 11 cadenas perpetuas en Italia y hoy vive en Nicaragua, país donde obtuvo la nacionalidad en 1988, durante el gobierno sandinista. Italia ha pedido reiteradas veces su extradición pero el Gobierno de Managua ha negado la posibilidad de entregarlo a las autoridades del país europeo.
FUENTE: Especial
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