LA HABANA.- Pese a la crisis del transporte urbano, que ha ido agravándose en las últimas semanas, muchos habaneros concuerdan en que no habrá soluciones para las demandas exigidas por los transportistas privados al Gobierno cubano.

Las normativas aprobadas por el Ministerio de Transporte (MITRANS), como parte de las disposiciones para el ejercicio del "trabajo por cuenta propia", están muy lejos de incentivar la actividad privada, coincidieron una veintena de transportistas entrevistados.

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Con la justificación de adecuar su sistema de organización y control, el Gobierno dictó al menos tres resoluciones, recogidas en la Gaceta Oficial No. 35 Extraordinaria, del 10 de julio de 2018, que dejan como resultado más limitaciones que aperturas.

Alexis Sarmiento, quien realiza el itinerario La Habana-Cienfuegos, recordó que en febrero de 2017 varios transportistas privados ya habían exigido la libre circulación, alegando para ello que la licencia de operación del transporte es nacional y una sola para todos.

"Fue una exigencia a partir de la aprobación del Acuerdo 185/2016 del Consejo de la Administración Provincial (CAP), que nos obligaba, entre otras cosas, a fijar precios referenciales máximos para 30 rutas. Esta fue una de las razones por las cuales organizamos la huelga '0 Carros'", ahondó Sarmiento.

La Resolución 174/2018 detalla, entre otras categorías, las de:

Taxi de alto confort o clásico: servicio de transporte de pasajeros hacia cualquier destino, en piqueras exclusivas para el turismo, por reservas en las oficinas comerciales. Su pago es por taxímetro o acuerdo de pago por kilómetro recorrido, según tarifario establecido.

Taxi rutero: servicio de transporte de pasajeros que se realiza de acuerdo con el tráfico autorizado por sistemas de piqueras o de rutas predeterminadas en cada territorio.

Taxi libre: servicio de transporte de pasajeros que se produce en la vía pública hacia cualquier destino. No puede brindar el servicio de alto confort o clásico, ni el servicio rutero.

De estas tres modalidades los transportistas consultados coincidieron en que la de taxi libre permite un margen de beneficios más amplio, al no estar sujeta a las obligaciones de los agenciados (alto confort), ni a las rutas y tarifas fijas impuestas a los taxis ruteros.

Oscar Casanella, bioquímico y gestor de la agencia de viajes privada Qvainside, aseguró que desde hace años mantiene una base de datos de cientos de transportistas privados de toda la Isla.

"De unos 150 transportistas que solicitaron la modalidad de taxi libre, solo a uno le aprobaron la licencia para operar en toda Cuba. El resto solo puede hacerlo en La Habana", dijo.

"Mi familia tiene un carro de alto confort por el que debe pagar más de 700CUC entre combustible e impuestos, y otro en categoría de taxi libre, que debe pagar como mínimo 220CUC en combustible más otros 120CUC", ilustró Casanella.

Con cinco años de experiencia en el servicio de taxi de alto confort en las inmediaciones de La Habana Vieja, "El Vara" concordó en que al Gobierno no le conviene la existencia de taxis libres, y que ninguna de las disposiciones emitidas por el MITRANS pretenden solucionar la crisis del transporte, que se traduce en graves afectaciones a la población.

"Prefieren a los ruteros para controlar las tarifas y la ruta, o a los agenciados por los 700CUC que estamos obligados a desembolsar cada mes. El Gobierno quiere todo el control y todo el dinero, no quiere diálogo, y cualquier exigencia la convierte en asunto político", apuntó "El Vara" y añadió una pregunta que consideró esencial: "¿Por qué razón el sector privado tiene que asumir las obligaciones que corresponden al Estado?"

"Y el Estado qué pone"

Fuentes del MITRANS aseguraron que desde mediados de noviembre el Gobierno habría indicado retirar a inspectores del transporte y solicitado a la Policía hacer la vista gorda con los taxis ilegales hasta mediados de enero, cuando se supone deben entrar en circulación unos 600 ómnibus estatales.

"Pero tanto la Policía como los inspectores siguen en las calles sofocando a los boteros", afirmó Rubén Pomares, transportista que cubre la ruta Vedado-Alamar.

"¿Y quiénes van a conducir esos 600 ómnibus en caso de ser cierto?", preguntó. "Los choferes estatales ya no están dispuestos a trabajar por los ínfimos salarios que les paga el Estado y, por otra parte, esos nuevos ómnibus serían para reemplazar a más del 60% de los existentes, que circulan por puro milagro", fustigó Pomares.

Un funcionario de la Dirección Provincial de Transporte informó que hasta el momento no existe ninguna convocatoria para la contratación de nuevos conductores de ómnibus.

"Tampoco se sabe si esos ómnibus serán adicionados al sistema de cooperativas o a los paraderos estatales. Y mucho menos se ha comentado sobre reformas salariales para este sector estatal", aclaró el funcionario.

La actual crisis de la transportación urbana en La Habana, que se expresa en grandes aglomeraciones que duran horas en paradas y piqueras de cooperativas, así como trifulcas para abordar los escasos ómnibus estatales, va en ascenso debido a las reacciones de los transportistas privados ante las disposiciones gubernamentales.

Entre las regulaciones que impone el Decreto 175/2018 en La Habana, se prevé como requisitos adicionales exigir el contrato suscrito con la entidad FINCIMEX S.A., del consorcio militar GAESA, para la adquisición del combustible por tarjeta magnética, y tener cuenta bancaria para realizar las transacciones de pago con las entidades estatales.

"Abrir la cuenta bancaria fiscal y obtener el contrato para la adquisición del combustible nos costaría unos 476CUC", dijo Juan Miguel Sánchez, transportista que aseguró encontrarse en proceso de obtener el permiso de operar bajo la modalidad de taxi libre.

"Es mucho dinero y demasiadas restricciones que desalientan, pero es preferible a que te sorprendan boteando ilegal. Te pueden quitar la licencia si no consumes el mínimo de combustible, lo que significa que ni puedes disfrutar de vacaciones ni te puedes enfermar, además de que el Gobierno de la provincia tiene la potestad de emitir las restricciones que les parezcan convenientes", advirtió Sánchez.

La Dirección General de Transporte de La Habana es la entidad administrativa que tiene el encargo de tramitar y controlar los asuntos relacionados con las licencias, incluyendo su registro y la emisión de certificaciones sobre su posesión. Además, el Consejo de la Administración Provincial de La Habana podría establecer, a discreción, restricciones adicionales.

Eric Alonso Gómez, ingeniero mecánico, tenía planes de obtener la licencia de operación del transporte en la modalidad de taxi libre para mejorar su economía doméstica. Después de revisar las disposiciones, se encuentra en una disyuntiva.

"No quiero perder mi vínculo de trabajo estatal. Creí que después de mi jornada laboral podría botear libre cuatro o cinco horas diarias, pero la obligación de comprar y consumir el mínimo de combustible es una obligación que, de no cumplir, me costaría la licencia".

"Es decir, en Cuba no es permitido el pluriempleo para nadie. Te obligan a elegir siempre entre una cosa y la otra. En el medio de esa ecuación, el Gobierno no tiene en cuenta al principal afectado: el pueblo", concluyó Gómez.

FUENTE: DIARIO DE CUBA

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