El fin de una tregua entre el Gobierno salvadoreño y las dos principales pandillas le está costando más sangre a El Salvador, el país que se convirtió en el más violento del mundo desde que el año pasado los asesinatos aumentaron un 57% y la tasa de homicidios se elevó a 68,6 por cada 100.000 habitantes.
El lunes 17 de agosto se convirtió en el día más violento de este país al registrar 42 homicidios, dos más que los registrados el día anterior cuando 40 salvadoreños fallecieron violentamente. En total, la escalofriante cifra entre el viernes 14 y el martes 18 de agosto fue de 141 homicidios, gran parte de ellos pandilleros abatidos por policías o soldados del Ejército.
Un técnico forense observa varios cadáveres de la matanza entre pandilleros de este fin de semana. (EFE)
El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dice que las víctimas mortales también se da entre guerras internas entre una pandilla y otra, “pandilleros que de alguna forma han traicionado a las pandillas y que son asesinados por la misma estructura”, aseveró.
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Más que rutina, son noticias que duelen y prácticamente han desbordado a las autoridades de un país donde las pandillas, sobre todo la Barrio 18 y la MS 13, así como el narcotráfico, son las principales fuentes de la ola de violencia imparable.
La constante espiral de violencia para las autoridades y analistas es producto de una “guerra” casi declarada entre el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén y las pandillas.
Agentes de la Policía Nacional Civil custodian a pandilleros del Barrio 18 durante una presentación
ante la prensa, a las afueras de una delegación policial en San Salvador. (EFE)
En ese fin de semana con el aumento en las cifras, hubo al menos siete choques armados, entre estos grupos criminales con los cuerpos de seguridad del país. “El domingo (16 de agosto) fue un día duro en cuanto a eso (tiroteos); sin embargo, en todo el país nuestras unidades están respondiendo al llamado de los ciudadanos”, manifestó el jefe de la PNC, Mauricio Landaverde.
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El director del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, dijo a los periodistas que el promedio diario de homicidios, en lo que va de agosto, es superior a 25, por lo que el mes podría terminar con un registro superior a los 700 crímenes.
Diferentes sectores de la sociedad salvadoreña destacan que el Gobierno y las pandillas viven una "guerra tácita". El portavoz gubernamental, Eugenio Chicas, sostuvo que "grupos criminales han decidido declararle la guerra al Estado y a la "población".
Según la revista especializada InSight Crime, el final de la tregua entre pandillas y el Gobierno salvadoreño, que inició en 2015 y duró 15 meses, sería la causa principal de la ola criminal en el país.
Durante la polémica tregua entre Barrio 18 y MS 13, el gobierno anterior, presidido por Mauricio Funes, permitió bajar de 15 a 5 asesinados diarios en este pequeño país centroamericano, y la tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes bajó a 40.
El presidente Salvador Sánchez Cerén criticó esta tregua a inicios de año asegurando que el pacto con las bandas había “permitido a las pandillas crecer y fortalecerse”. Señaló que negociar con las pandillas iba en contra de la ley y que la obligación del Gobierno es “ir tras ellas (y) castigarlas”.
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Esa mano dura no ha servido más que para enfurecer a los pandilleros, quienes acrecentaron crímenes y extorsiones, al punto de paralizar hace semanas el transporte público en algunas partes del país asaltando y asesinando a conductores de las rutas de autobuses.
Raúl Mijango, exmediador de la tregua, considera que la "declaración de guerra" entre los bandos provino del Gobierno.
Ya en el año 2008 el entonces presidente Antonio Saca denunció que el Gobierno mantenía "una lucha frontal contra las pandillas" que sostenían una "guerra" contra las autoridades, lo cual tampoco funcionó.
El diputado del Partido de Concertación Nacional (PDC), Rodolfo Antonio Parker, considera que el Estado debe sustraer de las comunidades a las personas "en riesgo" de unirse a las pandillas o que formen parte de la estructura pero sin tener atribuido aún un delito.
Parker aseguró, durante una entrevista televisiva, que estas personas deben ser sustraídas y llevadas de manera coercitiva a "recintos bajo supervisión militar" donde se les enseñe valores, reciban talleres y realicen actividades en forma remunerada, aunque "no con sujeción al Código de Trabajo", sino con "excepciones"; como una alternativa para mejorar la seguridad ciudadana salvadoreña.
