BOGOTÁ.- Voceros del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenaron a sus unidades cesar las acciones ofensivas contra las fuerzas militares de Colombia mientras negocian un cese del fuego con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La orden de la dirigencia del grupo insurgente es uno de los pasos claves para el cumplimiento del alto el fuego que se espera que comience a regir el próximo 3 de agosto.
El cese de acciones ofensivas entre las partes fue acordado el 9 de junio en La Habana en el marco del proceso de paz entre el grupo armado ilegal y el gobierno colombiano que se reactivó en agosto del año pasado y que estuvo congelado durante tres años y medio.
Según lo anunciado, a partir del 6 de julio y hasta el 3 de agosto el ELN “debe cesar todas las acciones militares ofensivas contra las fuerzas militares y de policía” de Colombia.
El 3 de agosto comenzarían a contarse los seis meses de cese de las acciones armadas de ambas partes que sería verificado por organismos internacionales como las Naciones Unidas y que podría prorrogarse.
La orden impartida forma parte de la fase de “alistamiento” en la que se llevarán a cabo acciones de pedagogía entre los guerrilleros y se firmarán los protocolos de monitoreo que faltan para la entrada en vigencia plena del alto el fuego.
Acciones violentas
Las autoridades colombianas atribuyeron diferentes acciones violentas a la guerrilla horas antes de que comience un cese del fuego acordado con el gobierno de Petro.
El Ejército denunció el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos en Arauca, ciudad fronteriza con Venezuela. “Responsabilizamos de la vida e integridad física de nuestra oficial y los menores de edad al Frente de Guerra Oriental del ELN”, manifestó esa fuerza en un comunicado.
En simultáneo, el gobernador del departamento de Norte de Santander, Silvano Serrano, señaló a la guerrilla de dos ataques ocurridos en su región, también fronteriza con Venezuela.
El más reciente sucedió cuando, según dijo Serrano a la emisora Blu Radio, integrantes de esa organización armada llegaron hasta una mina en la zona rural de Cúcuta y colocaron explosivos que causaron heridas a dos personas.
Previamente habían sido asesinados tres oficiales de policía, uno en el municipio de Tibú y los otros dos en el Zulia, homicidios que el gobernador también adjudicó al ELN.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que estas acciones violentas del ELN muestran una “actitud completamente bipolar de sus dirigentes” e hizo un llamado a la guerrilla para que admita el secuestro de la sargento y sus dos hijos y los libere de manera inmediata. “Quien quiera conectarse con la sociedad tiene que dejar de hacer ese tipo de aberraciones”, dijo.
El Alto Comisionado de Paz de Colombia, Danilo Rueda, calificó la orden del ELN como un avance en el proceso de paz y afirmó que “es aquí donde se va a aprobar la unidad de mando que pueda tener el Ejército de Liberación Nacional”.
Rueda agregó en declaraciones a la cadena radial oficial RTVC que el presidente Petro hará un llamado igual a las fuerzas militares en los próximos días.
Aunque el anuncio fue celebrado por sectores afines al gobierno, hay escepticismo especialmente entre los expertos que afirman que el ELN también mantiene enfrentamientos con otros grupos ilegales en algunas regiones del país.
La víspera la delegación de la guerrilla en las negociaciones de paz aseguró que existen grupos que estarían realizando acciones que podrían torpedear el cese del fuego. Específicamente se refirió al departamento del Chocó, en el pacífico colombiano, donde grupos paramilitares estarían realizando acciones contra la población civil como el desplazamiento forzado y el asesinato de pobladores y líderes sociales.
Desde su reanudación el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN ha tenido cinco mesas de diálogo en Venezuela, México y Cuba.
El ELN fue fundado en 1964 inspirado en la dictadura cubana e intentó infructuosamente llegar a un acuerdo de paz con el Estado en media docena de ocasiones. Actualmente opera en más de 200 municipios de Colombia y podría tener entre 2.000 y 4.000 integrantes, según las autoridades, las cuales también lo han señalado de estar relacionado con el narcotráfico.
FUENTE: AP