El centro de investigación InSight Crime publicó un análisis en el que estima que el gobierno de los Estados Unidos podría buscar un acuerdo de cooperación con el empresario colombiano Alex Saab, quien está acusado de lavar importantes sumas de dinero del programa de ayuda alimentaria a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del régimen de Nicolás Maduro. Explican que este posible acuerdo es lo que la dictadura venezolana intenta evitar a toda costa.

Cabe recordar que la pasada semana un alto tribunal de Cabo Verde aprobó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien puede tener información clave sobre presuntos esquemas de lavado de dinero en los que estarían implicados Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Los jueces de la Corte Constitucional de África Occidental dieron a conocer el veredicto en 200 páginas el 7 de septiembre.

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Los abogados de Saab se han opuesto a la extradición desde que fue detenido en junio de 2020, cuando su avión privado aterrizó en la isla de Sal, en Cabo Verde. El régimen de Venezuela y el dictador Nicolás Maduro también han protestado durante largo tiempo por su aprehensión y posible extradición por los cargos presentados por Estados Unidos de presunta participación en una multimillonaria red de lavado de dinero.

Amplio expediente

En un expediente presentado el 21 de enero al juzgado estadounidense que lleva el caso, sus abogados incluyeron una carta enviada a Saab por el ministro de relaciones exteriores venezolano Jorge Arreaza. La carta con fecha del 1 de julio se refiere a la detención de Saab, y le dice que en su calidad de Delegado Especial de la República Bolivariana él tiene información clasificada sobre “la seguridad y la defensa nacionales”. También le advierte que podrían enfrentar procesos penales si divulga información.

“Usted está sujeto a las leyes venezolanas y está obligado a mantener los más altos niveles de confidencialidad con respecto a la información clasificada que posee”, le advertía Arreaza.

Esta carta es uno de varios expedientes presentados por los abogados de Saab buscando que se desestimaran las acusaciones por lavado de activos interpuestas en 2019.

Según InSight Crime ese escrito de acusación señala a Saab de hacer parte de un esquema de corrupción que incluyó sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con un contrato firmado en 2011 para la construcción de viviendas de interés social que nunca llegaron a erigirse. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab y su socio desviaron más de US$350 millones a cuentas en el exterior.

El Departamento del Tesoro estadounidense también acusa a Saab de usar empresas de papel para malversar dinero del programa de ayuda alimentaria a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab y otros son señalados de pagar coimas y sobornos a funcionarios del gobierno para adjudicarse contratos con sobreprecios y asignados a dedo para la importación de cajas de alimentos para venezolanos pobres. Los víveres importados al por mayor eran de mala calidad y se adquirieron con sobreprecios superiores.

Saab —aliado cercano de Maduro— ha sido un importante negociador para el régimen, lo que le permitió mantenerse a flote ante las sanciones estadounidenses. También desempeñó un rol clave en la negociación de acuerdos de venta de oro venezolano a países como Turquía y participó en las negociaciones con Irán para llevar a Venezuela el combustible que tanto se necesitaba, según Bloomberg.

En el caso de una eventual cooperación, Saab podría entregar a los fiscales estadounidenses un inventario completo de flujos ilícitos de efectivo y otras actividades al margen de la ley en las que estarían implicados Maduro y el gobierno venezolano. Según la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, Saab lavó dinero para Maduro, su familia y varios funcionarios del gobierno.

La saga legal de la extradición de Saab, sin embargo, indica que sus abogados están preparados para la pelea y que las negociaciones pueden ser lentas, si es que llegan a darse.

¿Quién analiza?

InSight Crime es un centro de pensamiento y un medio de comunicación sin ánimo de lucro que combina el periodismo investigativo con rigor académico, basando sus análisis en la investigación en campo y testimonios de todos los actores, legales e ilegales. Además de sus publicaciones, ofrece estudios y recomendaciones sobre políticas para organismos gubernamentales.

InSight Crime busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe mediante la publicación periódica de informes, análisis e investigaciones sobre este flagelo y sobre los esfuerzos de los Estados para combatirlo.

Así abrió el caso

El Departamento de Justicia de EEUU publicó el jueves, 25 de julio de 2019 la información sobre la investigación. La misma titulada "Dos empresarios colombianos acusados de lavado de dinero en relación con plan de soborno en Venezuela" explica la operación para el lavado de dinero. Aquí copiamo el texto completo.

"Dos empresarios colombianos fueron acusados en una acusación formal presentada hoy por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela.

El Secretario de Justicia Auxiliar Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Adolphus P. Wright de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA) hicieron el anuncio.

Alex Nain Saab Moran (Saab), 47, y Alvaro Pulido Vargas (Pulido) 55, ambos ciudadanos de Colombia, fueron acusados cada uno en una acusación formal de ocho cargos devuelta en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. La acusación formal también alega y busca la confiscación de más de $ 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación.

La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 o alrededor de esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos. Según la acusación formal, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Los acusados y sus co-conspiradores supuestamente se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornando Funcionarios del gobierno venezolano para aprobar esos documentos.La acusación formal alega que la actividad ilícita fue un esquema de soborno que violó la FCPA e involucró delitos de soborno contra Venezuela. También alega que se llevaron a cabo reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y que Saab y Pulido enviaron dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente $ 350 millones fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban, alega la acusación.

Una acusación es simplemente una acusación y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Este caso fue investigado por la División de Campo de la DEA en Miami con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Miami del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU. El abogado litigante John-Alex Romano de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .".

Si desea leer el texto completo del informe del Departamento del Tesoro haga click AQUÍ.

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