LA HABANA.- El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) afirmó que las leyes en Cuba no defienden los derechos humanos de la población, sino que por el contrario, son usadas para "perseguir y reprimir" a las voces críticas del régimen.
El Iclep presentó los resultados de un análisis de un grupo de leyes que considera son "restrictivas a la libertad de expresión y prensa en Cuba". El estudio se titula "Leyes de papel: análisis del marco jurídico vs. contra libertad de expresión 2023", el cual "examina minuciosamente las leyes que limitan la libertad de expresión, prensa y acceso a la información pública en Cuba", según señaló el Iclep en una nota de prensa.
Entre sus conclusiones destacan "la discriminación y la represión" ejercida por el régimen en contra de "periodistas independientes, activistas de la sociedad civil y opositores pacíficos", lo que pone en duda la "eficacia" de la Constitución cubana en la protección de los derechos de los ciudadanos, ya que los derechos congrados en el texto fundamental "son sistemáticamente vulnerados en la práctica".
Lo anterior es debido a que la Constitución a pesar de ser "la norma jurídica suprema", en la práctica está subordinada al Partido Comunista de Cuba.
Señalan concretamente que "la restricción de movimiento, la persecución y la censura a artistas y disidentes también evidencia la falta de respeto a la libertad de expresión y manifestación cultural".
Mención especial para el Código Penal
También puntualizan que el nuevo Código Penal de Cuba, conocido como la Ley N° 151 de 2022, "refuerza la represión de la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación en el país", pues establece "sanciones severas" para quienes "ejerzan sus derechos reconocidos en la Constitución y pongan en peligro el orden constitucional y el funcionamiento del Estado y el régimen cubano, entiéndase el Partido Comunista de Cuba".
El informe puntualiza que el artículo 120.1 del nuevo Código Penal prohíbe cambios en el sistema político cubano, incluso a través de la protesta pacífica. Para el Iclep esto dificulta que los cubanos puedan buscar y promover cambios significativos en el sistema político.
Asimismo, los artículos 274 y 275 penalizan la creación de asociaciones no autorizadas y la participación en reuniones y manifestaciones sin permiso, lo que "limita la capacidad de la sociedad civil independiente y la oposición para organizarse y expresar sus opiniones".
Destacan también el artículo 270 del nuevo Código Penal que "penaliza la difamación de instituciones, organizaciones y héroes nacionales", lo que "restringe la posibilidad de un análisis objetivo de la historia y sus protagonistas".
El Iclep también cuestiona el artículo 268 de este texto legal que permite sanciones a quienes usen las redes sociales "para incitar a la protesta o violar las leyes y regulaciones cubanas".
El artículo 52 de la referida normativa permite la "confiscación" de bienes, tales como computadoras, teléfonos y dinero "lo que afecta negativamente a periodistas independientes y disidentes".
De igual manera, cuestiona el artículo 59 que "se utiliza para restringir la libertad de movimiento tanto dentro como fuera de Cuba, especialmente contra personas de interés para las autoridades".
Por último, resaltan que el nuevo Código Penal incluye disposiciones "que favorecen la impunidad de los agentes estatales que actúan en defensa del gobierno, incluso si emplean fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos".
FUENTE: Nota de Prensa / Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa