La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, saluda desde una ventana de la cárcel de mujeres de Miraflores.
AP/Juan KaritaLA PAZ - La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada este viernes a 10 años de prisión, acusada de haber realizado un golpe de estado contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales en 2019, anunció el tribunal.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio a conocer su fallo "de sentencia condenatoria" de 10 años, a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la exmandataria fuera encarcelada preventivamente.
La Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría del Estado y la presidencia de la Cámara de Senadores controlados por el partido de Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), habían pedido al unísono 15 años de prisión.
Morales reformó la Constitución para permanecer en el poder tras 14 años de permanencia en el gobierno de Bolivia. Además, reformó la Carta Magna, y durante los comicios se declaró "ganador" en medio de cuestionamientos de fraude electoral.
Durante las protestas, Morales huyó dejando el país acéfalo. Sin embargo, Morales y su delfín Luis Arce, acusan a Áñez de "golpe de Estado".
Áñez se declaró inocente este viernes en la recta final del juicio por un supuesto "golpe de Estado" en 2019 contra su predecesor, Evo Morales, y defendió su llegada al Gobierno.
En su alegato final, Añez señaló que el Tribunal "excluyó" pruebas que descartaban un derrocamiento de Morales en 2019, quien estuvo 14 años en el poder. "Nunca busqué el poder", afirmó.
La exmandataria anunció previamente que apelaría un fallo condenatorio: "no nos quedaremos acá, iremos a justicia internacional".
El Tribunal, presidido por el juez Germán Ramos, anunció en una audiencia "la sentencia condenatoria" para la exmandataria de 54 años "por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes [...], condenándola a la pena de 10 años".
La exmandataria fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
La exgobernante fue juzgada por sus actos como senadora, antes de que asumiera la presidencia de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.
Áñez sucedió a Morales, dos días después de que éste dimitiera, en medio de una fuerte convulsión social. Los opositores denunciaron que Morales había hecho fraude en las elecciones de octubre de ese año, para acceder a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
La expresidenta, ya en el poder, sofocó la fuerte oposición de movimientos sociales y de campesinos afines a Morales. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dirigida entonces por el brasileño Paulo Abrau, un defensor de Morales, que estableció que en los primeros meses de su gobierno hubo 35 fallecidos en manifestaciones.
Abrau, que se autodenomina defensor de "derechos humanos" ha condenado a Áñez en las redes sociales llamándola "golpista" y "exmandataria de facto", pero no menciona las delitos cometidos por Evo Morales por los que fue acusado y de los que la justicia dominada por el MAS retiró las acusaciones.
Tras la salida de Abrau en 2020, asumió el cargo Antonia Urrejola como secretaria ejecutiva de la CIDH, hoy actual canciller del izquierdista presidente de Chile, Gabriel Boric. El informe de la CIDH no fue favorable a Áñez.
La defensa de Añez arguyó que el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció la legalidad del mandato de Áñez e incluso el Congreso, controlado por el partido de Morales, aprobó extender su mandato "constitucional" cuando la pandemia del COVID-19 obligó a la postergación de elecciones en 2020.
Áñez, encarcelada en La Paz desde hace 15 meses, es juzgada junto a exjefes militares desde febrero por supuesto "incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución", el argumento empleado por el MAS a través de la "justicia".
Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia y huida de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Áñez se define como "presa política" del régimen del MAS.
Tras varias interrupciones, el juicio se retomó el lunes y se acerca a su fin: concluidos los últimos alegatos de los acusados, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que actúa como juzgador, deliberará y dictará sentencia.
Este viernes, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos agrupados bajo la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA) pidió a la ONU y la Unión Europea "repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria".
Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, después de que el izquierdista Morales huyera del país tras perder el respaldo de mandos militares y policiales en medio de una fuerte convulsión social por el fraude electoral en las elecciones de octubre de ese año, en las que Morales urdió estrategias para continuar su mandato hasta 2025.
La abogada y expresentadora de televisión dejó el poder en noviembre de 2020 tras nuevos comicios en los que resultó electo Luis Arce, delfín de Morales, y en marzo de 2021 fue detenida.
Áñez fue finalista del premio Sájarov de defensa de los derechos humanos y de libertad de pensamiento, que entrega el Parlamento Europeo, pero finalmente este fue otorgado al opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni.
FUENTE: Con información de AFP y REDACCIÓN
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