El expresidente de El Salvador Francisco Flores regresó este lunes a su casa para cumplir con un "arresto domiciliario" en espera de un juicio a mediados de enero próximo que se le sigue por presunta corrupción en su gestión, entre 1999 y 2004.
A Flores se le procesa judicialmente desde el año pasado por los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito, así como por lavado de dinero, debido a que un donativo de Taiwán a El Salvador para beneficio de damnificados de los terremotos de 2001 no llegó a las arcas del Estado sino que fue desviado a cuentas del partido político de Flores.
Flores fue enviado el 6 de diciembre a una cárcel de la Policía Antinarcóticos (DAN) por el Juez de Instrucción, Miguel Ángel García, quien además decidió ampliar dos delitos de lavado de dinero, al de peculado y enriquecimiento ilícito por lo que se le procesa desde el año pasado.
Sin embargo, una Cámara Penal superior de San Salvador revocó el viernes las decisiones del Juez García y este lunes Flores regresó a su domicilio, donde es fuertemente custodiado por un grupo policial especial.
La decisión de trasladar a Flores a su domicilio y de suprimirle los delitos de lavado de dinero por la Cámara de lo Penal de San Salvador despertó duras críticas de parte del partido de Gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El secretario general del FMLN, Medardo González, afirmó este lunes que la decisión de la Cámara Primero de lo Penal de anular el lavado de dinero a los delitos imputados al expresidente Francisco Flores "responde directamente a intereses políticos para favorecer al partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista)".
El también diputado del FMLN apuntó que el presidente de dicha Cámara, Guillermo Arévalo Domínguez, "es un histórico militante de ARENA desde los tiempos del conflicto armado, y que desde su labor cuando fue fiscal resolvió múltiples casos a favor de la derecha política en el país".
El "Caso Flores" ha causado gran revuelo político dado que el ex mandatario Francisco Flores podría ser el primer funcionario de su envergadura que sería investigado, procesado y sancionado por graves hechos de corrupción en El Salvador.
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