lunes 18  de  marzo 2024
CASO BALDA

Fernando Balda: "El expresidente Correa está a un paso de la cárcel"

En exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, el exasambleísta Fernando Balda afirma que Correa es un prófugo de la justicia y relata detalles del escándalo que involucra al exgobernante como autor del secuestro del político opositor en Bogotá 
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Si el expresidente de Ecuador Rafael Correa no se encontrara en Bélgica, junto a su esposa y tres hijos de esa nacionalidad, lo más probable es que hoy estuviera en prisión a raíz del renombrado “Caso Balda”, un proceso que se remonta al año 2012 cuando el exasambleísta opositor ecuatoriano Fernando Balda fue “secuestrado” en Bogotá, atendiendo “órdenes” de Correa, quien manejó el Gobierno ecuatoriano desde el palacio de Carondelet, durante 10 años.

La Policía Internacional (Interpol) tiene plazo hasta el 19 de noviembre para informar si acepta o no lo que se conoce como “difusión roja”, en otras palabras, si este organismo multinacional ordena la localización y captura del exmandatario, en atención a una solicitud en ese sentido de la justicia del Ecuador, una nación en la que los procesos judiciales no avanzan si el acusado no se presenta en persona, por lo que el juicio contra Correa quedaría “estancado” a menos que se entregue voluntariamente o sea detenido.

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En caso de ser declarado culpable, Correa, quien orientó con mano de hierro los destinos de los ecuatorianos entre los años 2007 y 2017, podría ir a la cárcel por un periodo que oscila entre cinco y siete años, según el Código Penal de esa nación, como consecuencia de su primer llamado a juicio un año y seis meses después de haber dejado su gobierno, que creó “alianzas fuertes” con movimientos guerrilleros de la región y regímenes como el de Venezuela.

DIARIO LAS AMÉRICAS habló en exclusiva con el exasambleísta Fernando Balda, por quien ya se encuentran en prisión los exagentes de Inteligencia Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón. Ambos mencionan a Correa como determinador del “secuestro” ocurrido el 13 de agosto de 2012, cuando Balda se encontraba exiliado en Colombia, hecho que no llegó a su fin gracias a la intervención de un grupo de taxistas en la ciudad de Bogotá y a la rápida acción de la Policía local. Dos meses después, Balda fue deportado por las autoridades colombianas.

¿Qué piensa de la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa pueda ir a prisión por el caso en que lo relacionan con el secuestro que usted ha denunciado?

Nos ha costado muy duro llegar al momento que estamos viviendo. Parecía en otro tiempo que la justicia jamás podría actuar con independencia y, como producto de ello, con acierto. Es un hecho sin precedentes, es la primera vez que se llama a juicio a un expresidente por un crimen de Estado, en este caso, un secuestro. Lo único cierto es que ya la mano de Rafael Correa no impera dentro del sistema judicial; no existe la coacción, esa presión que había sobre los jueces. Han sido 10 meses extenuantes y de sobresaltos porque en el camino encontramos a un exasesor de seguridad del expresidente confesando ante el fiscal que Correa le ordenó ir detrás de mí a Colombia, a reportar mi ubicación. Ya fueron capturados los autores materiales de mi secuestro y confesaron que recibieron órdenes directas de Correa. Hay documentos desclasificados dentro del proceso que han sido judicializados en este Gobierno de Lenín Moreno, en donde están las órdenes tácticas para que el grupo asignado viajara a Colombia a atentar contra mí. Esto es de no creer. La Contraloría encontró un informe que se detalla como "Operación Secuestro", en donde estaban parte de los dineros que se utilizaron para el secuestro. Cualquiera puede pensar que estas personas eran estúpidas al dejar todas esas pistas, pero no, estaban amparados por la impunidad y pensaron que nunca se les acabaría el poder.

Correa se encuentra en Bélgica. Hay un pedido dirigido a la Interpol para que realice su captura. Pero también vemos que el sistema judicial ecuatoriano no permite que una persona sea enjuiciada sino se encuentra presente en el país. ¿Qué lectura debemos darles a todos estos factores?

El ánimo de Fernando Balda no es ver detrás de rejas a Rafael Correa, aunque por justicia lo merece. Aquí hay un proceso judicial que ha sido esgrimido con pruebas dentro de la Corte Nacional. Sin embargo, nuestro Código Penal no permite que un reo sea juzgado en ausencia. Lo que sí ha logrado este fallo de la jueza [Daniella] Camacho es ratificar la orden de prisión en contra de Rafael Correa dentro del territorio ecuatoriano, ratificar el pedido de ubicación y captura a la Interpol en contra de Correa y se ha logrado incautar todas sus cuentas y bienes. Además, se le ha ratificado como un prófugo de la justicia.

Pero si Correa no viaja a Ecuador para hacerle frente a este caso, ¿qué puede pasar?

Estamos esperando a ver si él viene a dar la cara en Ecuador frente a este proceso judicial o Interpol lo captura, pero aun así habría que esperar si las autoridades de Bélgica acceden a su extradición, lo cual es difícil porque él está casado con una ciudadana belga y tiene hijos de esa nacionalidad.

Correa ha dicho que es víctima de una persecución política por su enemistad de hoy con el presidente Lenín Moreno, y hay quienes en el mundo pueden verlo de esa forma.

Al no poder defenderse en derecho, lo que intenta Correa es vender una idea falsa de que es un perseguido político. Este proceso judicial es quizá el más mediático de toda la historia del Ecuador y nunca como antes nuestro país ha conocido, día a día, las pruebas que se dirimieron dentro del proceso. Correa no solo trata de mostrarse como un perseguido político, sino que trata de deslegitimar el estado de derecho que hoy existe en Ecuador. Lo que él no dice es que quien abrió el caso de mi secuestro es el fiscal Carlos Baca Mancheno, que fue escogido durante su Gobierno, que era uno de sus mejores amigos, que fue asesor suyo en la presidencia. Es decir, a ese fiscal no lo puso la oposición, no lo puso el presidente Lenín Moreno, lo puso el mismo Rafael Correa. Y el fiscal lo hizo porque ya no había la presión del Gobierno para tapar las cosas en todos los estamentos; el fiscal no podía dejar de abrir el caso porque entonces le costaba el puesto. Los jueces que hacen parte de la Corte Nacional, en donde se lleva este caso, tampoco han sido puestos por la oposición o por el presidente Moreno; son los mismos que dejó Correa. A más de querer decir que es un perseguido político, Correa también trata de deslegitimar y criminalizar a la víctima, tratando de virar la torta, pero les recuerdo que este es un tema judicial, no mediático. Si es inocente, que venga y se defienda ante el Sistema Penal ecuatoriano, y no ante los medios de comunicación con mentiras y más mentiras.

En el pasado, usted también ha mencionado a Colombia dentro de este caso. ¿Por qué?

Cuando se llamó a rendir su versión al exsecretario de Inteligencia y asesor de Seguridad de Rafael Correa, un policía de nombre Rommy Vallejo confesó no solo que Correa le ordenó directamente ir a Colombia, sino que, además, Correa dispuso que se le dieran los recursos económicos para que realizara la operación en mi contra. Vallejo dijo que para cumplir con este cometido, él contó con la cooperación de altos mandos policiales de Colombia, entre esos el general Jorge Vargas, que en ese entonces era el director de la DIPOL (Dirección de Inteligencia de la Policía de Colombia), y que además contó con el apoyo de un subteniente de apellido Martínez. ¿Por qué Rommy Vallejo tuvo que confesar que tuvo la colaboración de las autoridades colombianas? Porque él cuando estaba frente al fiscal sabía que el funcionario tenía su registro migratorio, sus pasajes de avión, los viáticos que le habían sido otorgados por la Presidencia. Pero también estaban los videos de seguridad de mi domicilio en Bogotá, donde se veía a Rommy Vallejo con todos esos oficiales colombianos, dándome cacería, por decirlo de alguna manera, que fue mi primer intento de secuestro donde les falla una deportación porque me detienen ilegalmente, me llevan a Migración Colombia y tienen que soltarme al constatar que mis documentos estaban en regla. Evidentemente, ese oficial de la Policía y sus hombres no podían actuar sin la anuencia política del presidente Juan Manuel Santos. Además, los hechos demuestran que ninguno de estos actos, ni la infiltración que se hizo en el Hotel Las Lomas, de Medellín, el 9 de mayo, ni el intento de deportación que se hizo el 5 de junio, ni el secuestro del 13 de agosto y mi posterior deportación el 10 de octubre, se pudo haber consumado sin la anuencia del expresidente Juan Manuel Santos, su canciller María Ángela Holguín y altos funcionarios de Migración Colombia y policiales. Porque, además, nosotros tenemos la constancia del que el expresidente Santos y la canciller Holguín tenían pleno conocimiento de los hechos. Ellos supieron cuando me infiltraron una reunión con el expresidente [Álvaro] Uribe, luego supieron cuando intentaron deportarme y luego sobre el secuestro y nunca hicieron nada. Más bien, el 10 de octubre me detuvieron ilegalmente y me entregaron al que me había mandado a secuestrar y asesinar.

¿Usted está pensando en la posibilidad de instaurar algún tipo de acción judicial contra el expresidente Santos?

Una vez que ya concluyó el proceso fiscal en Ecuador y que la Corte ha devuelto el expediente a la Fiscalía General del Estado, nosotros estamos cotejando toda la información y estamos seleccionando las partes pertinentes a Colombia, y junto con mis abogados en Ecuador, Felipe Rodríguez, y en Colombia, Abelardo De la Espriella, estamos perfeccionando una denuncia que vamos a poner en la Fiscalía colombiana directamente contra del expresidente Juan Manuel Santos, su excanciller María Ángela Holguín y el general Jorge Vargas. Esto será en el transcurso de los próximos 30 días porque tenemos otra prioridad, y es que una vez que la jueza Camacho esgrimió las pruebas dentro de la audiencia en su dictamen, y quedó certificado que se usaron dineros del Estado ecuatoriano para organizar mi secuestro y contratar a los sicarios, con esas pruebas vamos a interponer esta semana otra denuncia contra Rafael Correa y el secretario de Inteligencia, Pablo Romero, por el delito de peculado pues usaron fondos públicos para cometer este delito. Y luego de esto empezaríamos a trabajar en el capítulo judicial que vamos a dedicarle a Colombia.

¿Cuál sería el peor escenario que le tocaría enfrentar al expresidente Correa?

Ya ha quedado demostrado que Rafael Correa es el autor intelectual o determinador de mi secuestro. Hago un llamado a las autoridades de Bélgica; no se dejen engañar. Rafael Correa no es un perseguido político, ha quedado demostrado que Correa es un peligroso antisocial, un peligroso criminal, y por tanto es un peligro para la sociedad en el país en el que se encuentre, sea en Ecuador o sea en Bélgica. Apelo a la sensibilidad de los Gobiernos europeos para que no les den cabida a proteger a alguien que está a la altura de los grandes criminales que ha tenido la historia y que han estado al frente de ciertos gobiernos. Rafael Correa tendrá que decidir si es un prófugo de la justicia toda la vida, y muere siéndolo, o viene a Ecuador a dar la cara.

Acusar por peculado a Correa, ¿qué puede traer dentro de este caso?

Por peculado tampoco se le puede procesar en ausencia, pero el caso no prescribe, entonces si vuelve tiene que dar la cara en cualquier momento. Es cierto que este proceso inicial contra Rafael Correa todavía no tiene una sentencia condenatoria, pero ha logrado que los decretos criminales de Correa no se repitan nunca más en el Ecuador. También es una advertencia para quienes deseen seguir su ejemplo en el futuro. A partir de este momento, Rafael Correa oficialmente es un prófugo de la justicia.

¿El llamado a juicio a Correa es una victoria para Fernando Balda?

No lo es en el fondo, no podemos festejar el hecho de que se haya comprobado en una corte que estos criminales fueron ordenados por un presidente. Eso nos llena de vergüenza y consternación. Más allá de sentirme victorioso, me siento aliviado. Para mi familia y para mí ha sido un gran alivio en esta lucha tan dura como nos ha tocado, luchando contra el hombre más poderoso de este país, que tenía alcances criminales, que podía hacer de nuestras vidas lo que él quisiera, que pudo exiliarnos como familia, que pudo mandar secuestradores y sicarios a otro país donde creíamos que estábamos seguros, que pudo coaccionar a las autoridades de otro país para que le colaboraran en sus aspiraciones criminales, que luego me secuestró y logró mi deportación, que me encarcelaron dos años injustamente y luego vivir todos los días mirando de un lado para otro. Ahora, como soy un testigo protegido por el Estado, tengo una escolta muy fuerte que garantiza nuestra seguridad, pero, sin embargo, hemos tenido que sacrificar lo que es la privacidad de la familia porque no podemos ir a ningún lado sin escoltas, dejando a un lado la tranquilidad que todos los seres humanos merecemos. Este ha sido nuestro sacrificio, además del sufrimiento que tuvieron mi esposa, mi madre y mis hijos. Lo que nos llena de alegría es que esto ya no es un tema de Balda Vs. Correa; esto es el triunfo del futuro que merecemos todos los ecuatorianos para fortalecer nuestra institucionalidad y la democracia Vs. el pasado de terror, criminalidad, despilfarro y robo que vivimos durante los 10 años del Gobierno de Rafael Correa.

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