La Fiscalía de Colombia ordenó este lunes el arresto del general Henry Torres y anunció que formulará cargos en contra del general retirado Mario Montoya en el marco de investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El órgano investigador y acusador de la Justicia colombiana ordenó la detención de Torres por la muerte de un hombre y su hijo que en 2007 fueron mostrados por militares como guerrilleros abatidos en combate.
La muerte de esas dos personas ocurrió en el municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare (este), en momentos en que Torres era comandante de la Brigada 16 del Ejército.
El general Torres se presentó en la sede central de la Fiscalía en Bogotá tras enterarse de que un fiscal había emitido en su contra la orden de captura.
Por otra parte, la Fiscalía anunció que en los próximos días un juez convocará una audiencia en la que se presentarán cargos en contra del general retirado Montoya, que fue comandante del Ejército durante una parte del Gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), por otros presuntos casos de ejecuciones.
Montoya fue interrogado a mediados del año pasado por una masacre cometida en 2005 por un grupo paramilitar en San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia (noroeste).
Según las investigaciones, el grupo armado ilegal presuntamente contó con la colaboración de tropas militares.
Como comandante del Ejército, Montoya planeó la operación que en julio de 2008 permitió el rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de tres estadounidenses y varios militares y policías que estuvieron secuestrados durante varios años por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía llamó a finales del año pasado a un interrogatorio a cinco generales del Ejército en el marco de procesos por ejecuciones cometidas entre 2006 y 2008.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, que hoy culmina su periodo al frente el organismo judicial, dijo el año pasado que más de 20 generales activos y retirados de las Fuerzas Armadas son investigados por su presunta responsabilidad en ejecuciones.
Una de las fiscales asignadas a esas investigaciones, Caterina Heyck, dijo en septiembre que la Fiscalía General investiga 4.475 casos de ejecuciones en las cuales estarían comprometidos más de 900 miembros activos y retirados de la fuerza pública.
Las ejecuciones de civiles por parte de militares, llamadas "falsos positivos" por la prensa colombiana, empezaron a conocerse en 2008 a raíz del caso de unos jóvenes del céntrico municipio de Soacha, contiguo a Bogotá, que aparecieron muertos en el noreste del país.
La Fiscalía concluyó entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a buscar a desempleados y drogadictos que eran llevados a diversas regiones bajo engaños relacionados con ofertas laborales.
Las víctimas eran ejecutadas y vestidas con uniformes camuflados para ser mostradas como guerrilleros o miembros de otros grupos armados abatidos en combate.
Según la Fiscalía, los militares buscaban con eso premios como condecoraciones o días de descanso, así como aumentar las cifras de las bajas ocasionadas a grupos armados ilegales.
