CIUDAD DE GUATEMALA La fiscal general y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, presentó un amparo para que la Corte de Constitucionalidad frene una comisión de políticos que intenta investigar los procesos judiciales que la fiscalía y la Comisión contra la Impunidad de la ONU hicieron en el país.

Porras argumentó que la Comisión creada por el Congreso para investigar el trabajo que hizo en el país la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante 12 años viola la Constitución y la independencia del Ministerio Público, informó un fuente judicial que habló en condición de anonimato por no estar autorizada a hablar con la prensa.

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El 24 de septiembre pasado el Congreso de la República creó una comisión de 5 diputados para investigar el trabajo de la Comisión anticorrupción e impunidad.

Entre sus funciones se establece que podrían revisar el trabajo realizado por la institución, evaluar información de cualquier persona o entidades que se hayan visto afectadas la CICIG, presentar denuncias, solicitar extradiciones, revisar cómo se financió e incluso solicitar información personal de trabajadores de la comisión.

La comisión había iniciado sus funciones el lunes y preveía concluir su trabajo el 10 de enero de 2020.

La forman los diputados afines al oficialismo Luis Pedro Álvarez, Luis Hernández Azmitia, Manuel Conde, Juan Ramón Lau y Aníbal Rojas, todos ellos designados a través de una propuesta hecha por varios diputados, entre ellos Felipe Alejos y Álvaro Arzú, ambos investigados por corrupción por la CICIG.

La comisión logró 82 de 158 votos de los diputados al Congreso.

La CICIG cesó sus operaciones el 3 de septiembre debido a que el presidente, Jimmy Morales, no renovó su mandato. Activistas de derechos humanos y jueces alertaron y denunciaron su preocupación ante el riesgo de que se criminalizara la labor del organismo, que supuso juicios y condenas para cientos de personas por actos de corrupción. Las investigaciones de la comisión parlamentaria alcanzaban a los fiscales a cargo de cientos de investigaciones.

Poco menos de una cuarta parte de los diputados actuales del Congreso fueron investigados, procesados y llevados a los tribunales por actos de corrupción. Terminarán su gestión el 14 de enero próximo.

Mientras operó en Guatemala, la CICIG logró desarticular 70 estructuras del crimen organizado y llevó a juicio y sentencia a 400 personas entre empresarios, funcionarios, jueces y particulares por actos de corrupción.

FUENTE: Con información de AP

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