Empleados del Secretario de Salud toman la temperatura de los venezolanos que regresan desde Colombia, como medida preventiva contra la propagación del coronavirus -COVID19- en el Puente Internacional Simón Boliviar, en Cúcuta.
Schneyder MENDOZA / AFP
El confinamiento obligatorio que se impuso en la mayoría de los países de América Latina ha impulsado a miles de venezolanos que se encuentran diseminados por el Continente a querer regresar a su país, debido a que la mayoría se quedaron sin empleo y sin dinero para pagarse un alquiler y comprar comida. Algunos han viajado a la frontera en autobus, otros han decidido caminar para regresar a su país.
Carmen, su esposo y su hijo de cinco años vivían en Ecuador desde noviembre. En los últimos dos años lograron ahorrar para viajar en autobús y pagar lo básico mientras se instalaban, pero los sorprendió la pandemia del coronavirus y tuvieron que regresar con las pocas cosas que tenían. Con ayuda de su hermana que está en Venezuela pagaron los pasajes para recorrer casi 1.800 kilómetros de retorno. Salieron de Quito llenos de miedo por los casos de coronavirus, llegaron a Cali, pasaron por Bogotá, y desde allí entraron por el estado Táchira. Pensaban que solo sería tomar el último bus hasta Los Teques para reunirse otra vez con los suyos, pero no. Se encontraron con un problema mayor, porque como ella miles de venezolanos intentan regresar a sus hogares.
Al llegar a San Antonio del Táchira los tres durmieron dos noches en el terminal. SIn ningún tipo de medida prevnteiva contra el coronavirus. No tienen dinero para pagar un hotel o alguna habitación. Luego les informaron que tenía que quedarse allí por lo menos 15 días a pesar de que en los test salieron negativos. Junto a unas 300 personas, los pasaron a la escuela Manuel Díaz Rodríguez de San Antonio del Táchira, donde se acomodaron en el suelo de uno de los salones “acondicionados” para recibir a centenares de repatriados. Otros fueron llevados a dos planteles más y a un galpón.
Ya no quiere ni hablar por teléfono, por lo que su hermana nos sirve de intermediaria. “Me comentó que el primer día no había agua en la escuela, los baños eran un asco. Luego llevaron una cisterna, pero cree que el agua no durará mucho. No les dieron ni colchones, ni agua, ni comida, mucho menos atención médica como dice el gobierno (régimen de Nicolás Maduro). Es como vivir en una de las calles de Quito, pero dentro una escuela. Yo le digo que aguante, que pronto llegará a su casa”.
El agrio retorno
En el momento de la elaboración de este reportaje según estimaciones de Migración Colombia más de 4.000 venezolanos iban en camino hacia la frontera para ingresar a su país. Muchos quedaron sin empleo, y al no pagar el alquiler donde vivían quedaron en la calle. Unos estaban en el terminal de pasajeros de Cali procedentes de Perú o Ecuador, otros ya habían logrado abordar una unidad hasta la frontera. El ingreso de venezolanos no ha cesado, pero ya no hay espacio en los primeros lugares destinados para recibirlos.
El régimen de Nicolás Maduro impuso un toque de queda en los pueblos fronterizos con Colombia, con el pretexto de que habían capturado a paramilitares que intentaban ingresar a Venezuela. Desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana, nadie puede estar en la calle, ni transitar libremente.
En la tarde del miércoles, los habitantes de El Palotal, municipio Bolívar, a 4 km de San Antonio, decidieron cerrar la vía principal con ramas y troncos de árboles en un intento de evitar que les lleven a un grupo de venezolanos repatriados. “Siguen llegando viajeros que los están acuartelando en las escuelas sin beneficios ni atenciones. Aquí escasea todo y con tanta gente que se está devolviendo, la situación se está poniendo tensa. Nosotros no queremos rechazarlos, pero no tenemos las condiciones para recibirlos”, declaró uno de los manifestantes en la protesta de El Palotal.
Otro aseguró que las escuelas son pequeñas y no tiene cómo recibir a un centenar de personas para que vivan allí más de 15 días. “Aquí no hay ningún caso de coronavirus. Nosotros hemos respetado la cuarentena y estamos tranquilos en nuestras casas, pero no tenemos agua y la comida es poca. Quisiéramos recibirlos pero no tenemos las condiciones”.
Una situación similar se presentó en la población de Capacho (Municipio Libertad), donde los padres y representantes del colegio “Las Marianitas” Santa Mariana de Jesús se vieron forzados de abandonar su cuarentena para impedir que grupos armados tomaran las instalaciones del plantel para meter a la fuerza a venezolanos repatriados. Padres, madres, maestros y hasta las monjas del plantel rechazaron la presencia de grupos armados, quienes intentaron ingresar. "Cómo los atendemos si no hay ni agua, ni luz, ni comida. Tampoco gasolina. Es una escuela pequeña que no tiene cómo recibirlos” denunciaron.
La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez aseguró que “ni colectivos armados ni grupos subversivos al margen de la ley, pueden disponer de instituciones educativas para cuarentena de venezolanos que retornan por la frontera, amenazan y confrontan al pueblo angustiado, exhorto a las FANB a brindar garantías inmediatas en Capacho”.
Frontera en crisis
La vida en la frontera es caótica. Ya muchos se acostumbraron. No hay agua, la luz se va todos los días por lo menos dos horas, no hay gas, la comida escasea, y desde hace unos diez días no hay nada de gasolina.
Es difícil que los habitantes de San Antonio del Táchira quieran denunciar. Si lo hacen, imploran que no se digan sus nombres porque les temen a la guerrilla. Aseguran que ésta se instaló en la zona desde hace más de cinco años y se ha filtrado en las comunidades de tal manera que nadie sabe quién es de la guerrilla, o trabajan para ellos o está amenazado por ellos. “Tú estás hablando con alguien que no conoces y no sabes si es de la guerrilla. Por eso nadie se queja. Después de las manifestaciones de 2014, cuando “los gochos” activaron una intensa protesta contra la dictadura, el gobierno permitió que el ELN (Ejército de Liberación Nacional) entrara a la zona y comenzara a controlar todo. Ellos mantienen su propia ley y quien la incumple lo matan como a un perro”.
Así lo describe otro nacido en la zona, quien lleva dos años viviendo en Panamá, pero que igual pide no dar su nombre porque teme por sus familiares. “La ejecuciones extrajudiciales han atemorizado a la población. A los que denuncian los matan, y no hay ley que haga algo al respecto. La Guardia Nacional y el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) lo saben, pero también son cómplices”.
En horas de la mañana del jueves 9 de abril se denunció que al ver lo que ocurre en las poblaciones fronterizas, los venezolanos que regresan lo están haciendo por las trochas, (caminos ilegales controladas por grupos armados quienes exigen el pago en dólares para pasar a través del río) y así evitar hacer la cuarentena hacinados en un galpón, o en un colegio sin condiciones. Muchos de ellos vienen de zonas con altos niveles de contagio, como Ecuador, por lo que el ingreso descontrolado podría generar la propagación del virus en todo el país.
10 lugares militarizados
A su ingreso a Venezuela las personas son sometidas a un "protocolo estricto" y recluidas en escuelas y liceos habilitados para que cumplan una cuarentena de dos semanas, afirmó Freddy Bernal, autoridad designada por el presidente Nicolás Maduro para Táchira, estado fronterizo con la ciudad colombiana de Cúcuta, según reportó AFP.
"Cada espacio se transforma en un recinto de estricta seguridad militar, nadie puede salir y nadie puede entrar, no es un centro de vacaciones, ni un centro de spa, es un centro bajo estrictas medidas de seguridad", remarcó Bernal en declaraciones a la televisión gubernamental.
Bernal afirmó además que las instalaciones educativas "no estaban diseñadas para albergar personas", pero han sido adecuadas en "tiempo récord" para atender la contingencia.
Según Bernal, "en los últimos cuatro días han ingresado al país 3.943 venezolanos provenientes fundamentalmente de Colombia y algunos de Ecuador y Perú", países que han recibido la mayor parte de los 4,9 millones de migrantes que han salido desde finales de 2015, según la ONU.
A través de las redes muchos de los que se encuentran en esto lugares se han quejado que le han dado comida podrida.
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