CARACAS.- Un pozo sin fondo. En eso se han convertido las cientos de empresas públicas que al cobijo del chavismo nacieron o fueron adquiridas, vía confiscación o expropiación; por el Estado y las cuales pese a que el año pasado recibieron del presupuesto nacional 6,1 billones de bolívares (22.100 millones de dólares, de acuerdo con la tasa de cambio promedio de 276 bolívares por billete verde calculada por la firma Ecoanalítica a partir de los tres tipos de cambios vigentes en el país) mostraron unos niveles de producción bajos, los cuales explican por qué cerraron con unas pérdidas de 1.2 billones de bolívares (4.400 millones de dólares).
Los montos anteriores superan a lo destinado en el mismo período por el Gobierno para la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social en conjunto. Así lo denunció Transparencia Venezuela, en su informe “Empresas Propiedad del Estado en Venezuela: Un modelo de control del Estado”, en el cual denunció que la política industrial puesta en marcha durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez y continuada por su sucesor, Nicolás Maduro, es una de las responsables de la grave escasez de alimentos, medicinas y otros productos que padece el país y además lo ha transformado en una cleptocracia.
“Hace 18 años Venezuela tenía 74 empresas propiedad del Estado, hoy el número llegó a 526 empresas y sigue creciendo, porque todos los días nos encontramos con una nueva o el Gobierno anuncia la creación de otra como ocurrió ayer (el miércoles) (…) Hay empresas de todo tipo propiedad del Estado, sin embargo, nuestra situación actual es de escasez es también en todos los sectores. No tenemos cabillas, no tenemos leche, la mayoría de las torrefactoras están en manos del Estado y sin embargo la escasez de café es de más de 80%”, denunció Mercedes De Freitas, directora de la organización, luego de la presentación del reporte.
Un mecanismo de control
En el documento, de 46 páginas, se deja en claro que la situación de parálisis o cuasi parálisis en las que están la inmensa la mayoría de las industrias públicas no es producto de falta de recursos ni tampoco de negligencia o ineficiencia.
“No podemos pensar que hay errores de gerencia o ineficiencia, sino que hay una intencionalidad”, aseveró De Freitas, quien agregó: “La expansión del Estado hacia el sector de la producción tiene como único fin el control político mediante la colocación de la militancia en puestos de la nómina. Pero ese control no se limita a buscar tener a una gran masa de personas que dependan de un grupo político, sino que abarca el control económico: La posibilidad de acceder a grandes fondos públicos sin auditoría y que se manejan discrecionalmente; y con los cuales se ha enriquecido a un pequeño sector. El control político ha servido para tener el control de grandes fondos y por eso hablamos de cleptocracia”.
Pruebas a granel
El hecho de que el grueso de esas empresas no publiquen sus balances financieros es para la directora de Transparencia Venezuela una prueba de que buscan ocultar no solo la mala gestión sino irregularidades en su administración.
Sin embargo, Christi Rangel, responsable de la elaboración del informe, aporta otros datos. “Mientras en Argentina y Brasil quienes están a cargo de las empresas públicas son ingenieros, abogados o economistas en Venezuela el perfil más importante es ser militar. El 30% de las empresas tiene en su directiva un militar activo o retirado”, apuntó y por ello llamó a los venezolanos a exigir cuentas a las autoridades sobre este enorme aparato.
La publicación del informe coincidió con el escándalo de corrupción que sacude a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, ha estimado en 35.000 millones de dólares y por el cual hasta ahora hay 13 detenidos.
Nadie se salva
En el reporte, elaborado a partir de los últimos presupuestos disponibles, de los informes anuales de los ministerios, de la información aparecida en la Gaceta Oficial y en otros documentos públicos, Transparencia concluyó que el modelo empresarial chavista ha fracasado y no tiene ningún ejemplo exitoso que mostrar.
Así por ejemplo en el reporte se destacó el caso de PDVSA, la cual hoy tiene 114 empresas filiales, de las cuales 42 no tienen nada que ver con hidrocarburos ni energía sino con producción y distribución de alimentos, fabricación de partes para viviendas y otras áreas. Para la organización este desvío de fondos y de esfuerzos en sectores ajenos a la principal industria del país son factores que explican por qué ya no es la tercera empresa petrolera del mundo, por qué ha perdido un 31% de su mercado y por qué el año pasado cerró con pérdidas por 750.000 millones de bolívares (2.700 millones de dólares).
Otro caso es de la industria azucarera, la cual en 1999 cubría el 99,6% de la demanda nacional, pero desde que en 2007 comenzó a ser expropiada por el Gobierno la producción ha caído y hoy la escasez es de más del 60%. Situación similar presenta Lácteos Los Andes, empresa que desde 2008 ha visto multiplicar por seis su nómina al tiempo que su producción se reducía en dos tercios, lo cual explica en buena medida por qué hoy en el país no hay leche en polvo completa ni fórmulas para niños.
Sin embargo, el caso de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la cual en 2008 fue estatizada nuevamente, posiblemente es el más dramático de todos. “Su situación patrimonial desde 2014 la coloca en condición de liquidación según el Código de Comercio”, se lee en el reporte, el cual denuncia que la producción de acero se redujo en 93% desde 2006 hasta 2016.
Por último, Rangel achacó el desabastecimiento que padece el país a la situación de parálisis de las empresas públicas. “Ni abastecen ni aportan ingresos, vía impuestos, que permitan al Estado atender los servicios necesarios”.
