El Gobierno hondureño dijo hoy que el "cúmulo de evidencias científicas" encontradas permite prever que los asesinos de la dirigente indígena y ambientalista Berta Cáceres "serán definitivamente identificados y localizados", mientras Estados Unidos reitera que es "vital una investigación exhaustiva" del crimen.
La dirigente indígena y ambientalista Cáceres fue asesinada el 3 de marzo en su residencia por sicarios que le dispararon a su cuerpo.
El mexicano Gustavo Castro Soto, que estaba como invitado en su hogar, resultó herido y es el único testigo del asesinato.
En un comunicado emitido este viernes por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras se señala que las circunstancias del asesinato serán "debidamente esclarecidas".
Cáceres era la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que aglutina a las principales tribus de la etnia precolombina lenca.
Durante décadas se encargo de luchar por los derechos de los indígenas lencas, especialmente por la protección de los bosques y ríos, los cuales son explotados por compañías mineras y energéticas. Igualmente se oponía al despojo de las tierras ancestrales de los lencas por poderosos terratenientes locales.
El asesinato de Cáceres desató una indignación nacional y una ola de condena internacional, que exigen al gobierno hondureño que dé con los responsables de su muerte violenta.
Por su lado el Gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajador en Honduras, James Nealon, dijo que es vital que el Gobierno hondureño lleve adelante una investigación del caso.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twiter, Nealon dijo la "asistencia técnica de Estados Unidos para la investigación en Honduras está en curso y con ella, nuestro compromiso total de que se haga justicia" en el asesinato de Cáceres.
La Cancillería hondureña destacó y agradeció a Estados Unidos por su "acompañamiento activo y continuo" en las investigaciones para encontrar la verdad de los hechos en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
El mexicano Castro Soto se encuentra bajo protección del gobierno mexicano y cuenta con medidas de seguridad provistas por Honduras.
Pero la juez que conoce el caso prohibió su salida de Honduras por 30 días, ya que debe testificar en varias ocasiones ante el juzgado y estar a disposición del Ministerio Público, el ente a cargo de la investigación de la muerte violenta de Cáceres.
