El Gobierno de Venezuela rechazó la apertura de una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes cometidos por fuerzas de seguridad gubernamentales en las protestas contra el Gobierno, que dejaron en 2017 más de 100 muertos.

En un comunicado oficial, el Gobierno dijo que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los derechos humanos, tal y como lo consagra la Constitución.

A pesar de ello, el Gobierno comprometió plena contribución a la CPI y ofreció entregar la información relevante para comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional.

El Gobierno recordó que la CPI solo puede conocer aquellos casos en que un Estado se niega a investigar o judicializar una situación competencia de la Corte y remarcó que éste no es el caso venezolano.

En este sentido, aseguró que el sistema judicial venezolano adelanta los procesos legales correspondientes para llevar justicia a cada una de las personas que vieron vulnerados sus derechos.

"Durante los meses de abril a julio del año 2017, el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticos, con la finalidad de derrocar el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro", dice.

El reporte señala que los sucesos de violencia focalizada en menos del 10 % del territorio arrojaron como saldo víctimas fatales, tanto civiles como funcionarios de las fuerzas del orden público, cientos de heridos e importantes daños al patrimonio de la nación y a establecimientos privados.

El Gobierno reprochó la inexistencia de una comunicación oficial por parte de la Corte "y que sea a través de la información difundida en un comunicado" que se haga de conocimiento oficial "los infundados alegatos" en contra de sus fuerzas de seguridad.

Además señaló que el examen preliminar es un procedimiento inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa investigativa o procesal. "Se trata de 'un proceso al estilo de la inquisición', implantado por la Fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva a perpetuidad hacia los Estados", dice el comunicado.

La fiscal del organismo internacional con sede en La Haya, Fatou Bensouda, dijo que se ha denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de opositores o personas consideradas como tales, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos durante la detención.

"También se informó de que algunos grupos de manifestantes (los civiles) recurrieron a medios violentos, lo que resultó en la muerte o lesiones de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", dijo la fiscal.

FUENTE: DPA

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