ESPECIAL
@ernestojt
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LIMA. - Perú vivió esta semana una nueva maratónica sesión del Congreso, donde se debatió y votó, infructuosamente, la destitución constitucional del presidente Pedro Castillo. El mandatario izquierdista sobrevivió a este segundo intento de vacancia presidencial, como se le llama al procedimiento a Perú, al conseguir la oposición solo 55 votos de los 87 requeridos para lograr la destitución.
Los votos del oficialismo y sus aliados resultaron suficientes para evitar una destitución, para la cual los alegatos de la oposición fueron presunta corrupción, mala gestión en la escogencia de sus colaboradores, e incluso hasta algún asomo de traición a la Patria, por parte de Castillo, por supuesta intención de entregar soberanía y territorio peruano a Bolivia.
En apenas 8 meses de mandato Castillo ha tenido cuatro gabinetes, decenas de ministros y lidiado con dos intentos de destitución desde el Congreso. El enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo es constante, y todo hace pensar que no pasará mucho tiempo para que la oposición intente, por tercera ocasión, desalojar del poder al presidente, a juicio de analistas y politólogos.
Paula Távara Pineda, politóloga y profesora de postgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que “es sumamente probable que veamos un nuevo intento de destitución”, aunque posiblemente sería con una nueva directiva del Congreso, que debe entrar en funciones en julio próximo, y con un Ejecutivo que tomó un poco de aire al superar esta votación de remoción del cargo.
Pero un tercer intento de destitución dependería de varios factores y cálculos políticos.
La firma de análisis Eurasia Group consideró esta semana en una misiva a sus clientes que “muchos congresistas temen perder sus cargos”, puesto que el presidente y los parlamentarios fueron elegidos para el período 2021-2026. En caso de destitución de Castillo debe asumir su vicepresidenta, Dina Boluarte. Pero si esta renunciara o también fuera destituida, la Constitución no es clara sobre si deben convocarse elecciones generales o solo para la Presidencia.
Al respecto Eurasia apunta que “seguirán las amenazas a la estabilidad de Castillo, con los congresistas buscando formas de sacarlo del cargo sin activar unas elecciones generales, pese a la reacción negativa que ello podría provocar en la opinión pública”, por la propia impopularidad del Parlamento.
Si bien la aprobación de Castillo en las encuestas en marzo fue de apenas 26%, la del Congreso fue peor, con solo 20% de aceptación entre los peruanos.
Távara también resalta que las nuevas escaramuzas pasan por el hecho de que la oposición parlamentaria considere que “tiene mejores condiciones para al menos acercarse más, en términos de números a la vacancia”, un mecanismo que además afirma se está usando “para debilitar un poco al gobierno, más que porque se vaya a poder sacar al presidente, porque él tiene los votos en el Congreso para evitarlo”.
Crisis en bucle
La crisis política peruana se ha vuelto crónica, con un enfrentamiento interminable entre Legislativo y Ejecutivo, que data de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, y quien renunció en 2018 ante una inminente destitución desde el Parlamento por incapacidad moral. Luego, dentro de la misma crisis, hubo otra vacancia contra Martín Vizcarra (sucesor de Kuczynski) en 2020, una presidencia de Manuel Merino de una semana (forzado a renunciar por represión a protestas de calle), y el nombramiento de Francisco Sagasti como presidente interino hasta julio de 2021, cuando entregó la banda presidencial a Pedro Castillo.
La politóloga Paula Távara subraya que “hay forma de salir de este bucle, pero no tiene que ver con este presidente o este Parlamento funcionando de determinada forma, sino con el tipo de actores políticos y partidos que tenemos”.
Para ello, explica, “la fórmula no pasa por cambiar a las personas solamente, sino con cambios en los partidos políticos, con una reforma política más férrea y probablemente con partidos políticos nuevos” explica Távara.
Esta crisis de identificación, evidenciada en las encuestas de opinión, tiene uno de sus puntos de partida en las agendas personales y ambiciones de los actores políticos. Para Távara, con partidos políticos “de intereses particularistas es difícil salir de esto, porque la pelea de quién tiene un poco más de poder, o quien consigue con ello fortalecer sus intereses seguirá primando”.
Agendas y luchas
Sobre cómo este ecosistema de partidos y los cálculos políticos pueden incidir en los próximos pasos de la situación política peruana, Eurasia afirma que “aún si no hay más alternativas que las elecciones generales, los legisladores podrían estar más inclinados a tomar ese riesgo más adelante dentro de su período constitucional, en vez de ahora, con más de cuatro años de mandato por delante”.
Cuando aún no culmina el primer año de este quinquenio 2021-2026, el balance de gestión de ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo puede considerarse pobre. Távara afirma que hay desencanto entre los votantes, por “expectativas de cambio o de control político que no se están cumpliendo''.
Expresa que prevalece una sensación de que “el país avanza o se sostiene por inercia, y eso es dañino para la forma en que se gestionan Gobierno y el poder Legislativo, pero más para la forma en que la ciudadanía siente que el Estado tiene algún sentido en su vida”.
“Si los políticos están dedicados a alguna pelea estéril en términos de resultados para la ciudadanía” —describe la docente universitaria— entonces la política no parece tener vínculo conmigo y mis necesidades diarias”.
No obstante, más de esto parece estar en el porvenir político peruano, de acuerdo con la previsión de Eurasia, que percibe que “la confrontación entre Ejecutivo y Congreso persistirá, con censuras a ministros, mientras que el Gobierno mantendrá un rumbo errático, con mensajes conflictivos en cuanto a políticas públicas, y con el presidente Castillo con dificultades para designar colaboradores confiables y con alto perfil por la propia inestabilidad en el seno del gobierno”.
Y para los peruanos esto podría significar que “no habrá cambios políticos radicales, pero también afectará negativamente la inversión y la recuperación de la economía”.
