CARACAS.- La historia de 2018 vuelve a repetirse. Con manejos previos en los que se modifica la ley electoral y la convocatoria a comicios parlamentarios para el 6 de diciembre próximo, el régimen de Nicolás Maduro creo condiciones para colocar a la oposición venezolana y al gobierno interino liderado por Juan Guaidó en una situación desventajosa.

La oposición no solo se debate en este momento en si debe o no participar en esos comicios, también analiza, cómo puede, a partir de enero de 2021, mantener la legalidad de la Asamblea Nacional que sustenta al gobierno interino de Guaidó.

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Para el director de la firma Datanálisis Luis Vicente León la estrategia que sigue el régimen de Maduro es clara: “Se realizará una elección, participará una oposición sin confianza de los ciudadanos y habrá una oposición institucional que rechazará la elección y apelará a la continuidad de las autoridades (en alusión a la Asamblea Nacional electa en el año 2015) pero el tiempo sin legitimación electoral la pone en graves peligros futuros”.

La estrategia de manipular la situación desarrollada por el chavismo es clara, la postura de la oposición se complica aún más por el futuro que podría tener el gobierno interino.

El diputado (Primero Justicia) Ángel Medina sostiene que aludir la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional electa en 2015 como respuesta a la convocatoria de elecciones parlamentarias por parte de Maduro “sería profundizar la crisis existente en Venezuela (…)”

Sin embargo, para el ex procurador general del gobierno interino José Ignacio Hernández prorrogar a partir de enero de 2021 el mandato de la Asamblea Nacional electa en 2015 pudiese solucionar el dilema sobre acudir al evento parlamentario.

No obstante, aclara que esta extensión del mandato solo le permitiría a la Asamblea Nacional electa en 2015 trabajar para restablecer la institucionalidad del país, pero perdería las facultades que tiene para legislar.

Contra la abstención

Para la directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González-Lobato la abstención (como ocurrió en el evento presidencial de 2018) no debe ser la respuesta de la oposición.

Aunque reconoce que la oposición institucional en torno al gobierno interino de Juan Guaidó tiene “suficientes razones” técnicas y políticas si decide no participar en el proceso, debe idearse una respuesta que no se limite exclusivamente a la parálisis.

Para González-Lobato la exigencia de condiciones electores debe servir para transformar “esta parodia o este teatro electoral” en un evento que sirve para iniciar la reconstrucción del país.

La decisión no es sencilla. El director de Datanálisis sostiene que si la oposición en torno al gobierno interino llama a los ciudadanos a votar en las parlamentarias, probablemente este exhorto no sea respaldado dejando una abstención “demoledora”.

No obstante, si se decide por el boicot electoral, esta decisión no será respaldada por todos los integrantes de la coalición que respalda al gobierno interino, incluyendo a una parte significativa de la sociedad civil venezolana.”

Según León “la elección parlamentaria va a ocurrir y el gobierno sabe que no será reconocida por la comunidad internacional, pero también sabe que sus movimientos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) le ha permitido configurar una oposición que sí va a participar”.

105 partidos políticos

Según los datos del Consejo Nacional Electoral, recién nombrado por el Supremo chavista en usurpación de una función que corresponde a la Asamblea Nacional, en las parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre han manifestado su disposición a participar 105 partidos políticos. De éstos 28 son organizaciones de ámbito nacional. No obstante, en este grupo de 28 organizaciones se incluyen los partidos que han confirmado la llamada Mesa de Diálogo Nacional junto al régimen de Maduro desde el año 2019, instancia en la que se acordó la conformación del nuevo CNE, y cambios significativos en el sistema político y de adjudicación de cargos que se empleará en diciembre.

Entre los partidos de oposición que participarán en esta elección también se incluyen a los tradicionales Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular.

Sin embargo, el director de Datanálisis cree que existe un peligro evidente para el régimen de Maduro: “Que surja una propuesta de protesta civil a través del voto irreverente. Ese que no persigue ganar sino castigar, mover a la población del todo el país el día de la elección, aunque no sea competitiva, sólo para crear un momentum de lucha”.

Desde su perspectiva, cualquier otra acción no contribuirá a lograr el cambio político que necesita Venezuela. “El gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones a Venezuela confiando en que Maduro era tan débil que saldría rápido del poder. Pero una vez consolidado el peor escenario, que es Maduro anclado en el poder y el país aislado, se hace imperioso un cambio de estrategia o veremos el mismo resultado de Cuba, Irán, Siria”, consideró.

Las causas para no votar

El evento parlamentario convocado para el 6 de diciembre se realizará en medio de la conformación de un nuevo ecosistema de partidos políticos que incluye la intervención judicial y la imposición de directivas cercanas a Nicolás Maduro en organizaciones como Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular.

No obstante, estas elecciones también incluyen el aumento (66%) de la cantidad de diputados que deben escogerse, lo que implica la violación de varios artículos de la Constitución Nacional.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli recuerda que las decisiones tomadas por el CNE violan la Constitución Nacional.

“La Ley Electoral no puede modificarse con menos de seis meses de antelación a las elecciones y por ser parte de la Reserva Legal solo la Asamblea Nacional puede reformar la Ley Electoral. La potestad reglamentaria del CNE no abarca la posibilidad de alterar el sistema electoral previsto en la ley”, explica Rafalli.

Sin embargo, el CNE modificó la ley cinco meses antes de las elecciones. Según Rafalli “la reforma inconstitucional de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para crear un Parlamento paquidérmico pasando de 167 a 277 parlamentarios, es parte de la estrategia totalitaria. Todo esto es un gran fraude continuado a los principios electorales previstos en la Constitución”.

Por otra parte, en el análisis presentado por los integrantes de Acceso a la Justicia se recuerda que las decisiones tomadas por el CNE “no solo implican un cambio en el sistema electoral vigente desde hace casi veinte años, sino que generan muchas dudas e incertidumbres sobre el proceso de elección de los legisladores, más aún si se advierte que los cambios están al margen del marco normativo venezolano, empezando por la forma engañosa e ilegítima en que es designado el árbitro electoral por el máximo tribunal a fin de diseñar unos comicios a la medida del régimen de Nicolás Maduro Moros.

Según Acceso a la Justicia “los cambios realizados por el írrito CNE no configuran reales garantías para las elecciones de los representantes de la AN a celebrarse el 6 de diciembre de este año, sobre todo porque ni el incremento del 66% del número de diputados a la AN, ni la modificación de los votos nominales y lista hacen que se trate de un proceso más democrático y plural políticamente, así como tampoco de un proceso legítimo y ajustado a las normas y principios constitucionales”.

@Puskaz

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