El 9 de enero la violencia alcanzó su punto más álgido cuando las organizaciones criminales, en respuesta al estado de excepción decretado por el presidente Noboa tras la fuga de uno de los jefes del narcotráfico más poderosos, decidieron unirse en contra del Estado e iniciar una ofensiva que incluyó diversos motines carcelarios, con retención de policías y guías penitenciarios, agresiones a la ciudadanía, innumerables ataques terroristas, principalmente en Guayaquil (suroeste), y la irrupción de hombres armados a un canal de televisión nacional.
“Se están viendo niveles de violencia por parte de los sectores beligerantes con características muy escatológicas, muy morbosas. No se trata de una confrontación entre grupos irregulares y grupos regulares, se trata de una confrontación entre la motivación por el caos por sí mismo y la necesidad de construir un Estado de Derecho”, explica a DIARIO LAS AMÉRICAS el criminólogo venezolano, residenciado en Ecuador, Daniel Castro Aniyar.
Indica que la nación entró en un estado de “volatilidad”, en el que las bandas delincuenciales, que denunciaban asesinatos de presos en las cárceles, muestran alguna forma de “unidad” en su accionar en contra del gobierno, con una “disposición muy abierta de poner en riesgo y vulnerabilidad, inclusive a niños”.
“La acción de las bandas delictivas no es tomar una cárcel, tomar un grupo o hacer una sola jugada, es demostrar su capacidad de penetración en el territorio, lo cual hace mucho más volátil la situación”, agrega.
Sorpresa y terror
Pese a que la fuga de José Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de 'Los Choneros', asociado al Cártel de Sinaloa, quien amenazó al asesinado candidato Fernando Villavicencio; y de Fabricio Colón Pico, alias 'Capitán Pico', cabecilla de 'Los Lobos', ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, encendió las alarmas en el país, esa arremetida delincuencial tomó por sorpresa a los ecuatorianos.
En la noche del lunes y las primeras horas de martes ya se habían dado la toma de algunas prisiones y disturbios en varias zonas de la ciudad, sin embargo, el terror escaló cuando, en vivo, los delincuentes tomaron las instalaciones del TC Televisión y obligaron a transmitir en vivo, en medio de amenazas, gritos y chantaje, en un intento por frenar el accionar gubernamental.
“A todos nos agarró por sorpresa porque parecía un día normal”, rememora Anyer Luis Albán, de 21 años, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS. Este estudiante de artes musicales y sonoras de la Universidad de las Artes de Guayaquil tuvo que pasar la noche en la casa de estudio, cercana a la alcaldía guayaquileña, que había recibido amenazas de ataques.
Al salir, se pudo encontrar con una ciudad desolada, que operaba al 30% de su actividad comercial, según reportes de El Universo, en medio de un ambiente de zozobra, terror y fuerte tensión. “Había poca gente, tuve que ir caminando, viendo para todos lados, por si pasaba algo”, menciona.
La precaución ha estado presente en la población ecuatoriana, víctima de robos, secuestros, asesinatos a mansalva, ataques con explosivos y extorsiones, denominadas vacunas, con las que cobran a las familias un monto semanal obligatorio por su “seguridad”.
“Uno seguro no puede sentirse, porque no sabemos si al salir vamos a regresar a la casa. No se sabe qué pueda pasar en las calles”, indica. Esto le ha impedido llevar a cabo, por ejemplo, las clases de violín que imparte. “Tengo que velar por mi seguridad y la de mis alumnos porque ya ningún lugar es seguro”, apunta.
La dura jornada de violencia y terror que vivió Guayaquil el martes dejó al menos 12 muertos, entre ellos, el cantante Diego Gallardo Molina y tres personas que fueron calcinadas dentro de un vehículo.
Además, unos cinco terroristas abatidos y 329, pertenecientes en su mayoría a las bandas Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros, fueron detenidos; también se logró el rescate de 41 ciudadanos y se recapturaron a 28 privados de libertad, según el balance oficial.
Una herencia delincuencial
Tras la escalada de violencia, Ecuador entró en una situación inédita, con el decreto presidencial 111, que declara un conflicto armado interno y ordena a las Fuerzas Armadas salir en todo el territorio a enfrentar a 22 organizaciones criminales, identificadas como terroristas.
Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador (2003 - 2005) y asambleísta, asegura que la situación actual es producto “una gerencia de la política a favor de la delincuencia internacional y carteles de la droga” que promovió el exmandatario, Rafael Correa (2007 - 2017), prófugo de la justicia en Bélgica.
“No renovó el convenio para que, desde la base ecuatoriana de Manta, los Estados Unidos, con tecnología, nos ayuden a combatir a los carteles de la droga. Rafael Correa aprobó la tabla de consumo de drogas en el Ecuador y dejó en libertad a más de 2.000 personas que estaban presas por micro narcotráfico. Es decir, tuvo toda una política a favor de estos movimientos de delincuencia y de droga en el mundo”, dijo el expresidente Gutiérrez a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Denunció, además, que durante estos años el gobierno de Correa llegó a acuerdos con grupos criminales para que “operen libremente”, por lo que en esa época no se registraban conflictos armados como los que se viven actualmente.
“Se debe combatir a los carteles de la droga y obviamente hay esta reacción, pero tampoco podíamos permitir que el Estado ecuatoriano se vuelva cómplice de estos grupos de delincuencia”, apuntó.
Gutiérrez señaló que en el país ya se habla de “narcopolítica y narco justicia”, por la cantidad de candidatos electos que han sido presuntamente financiados como dinero del narcotráfico y los jueces que “dejan en libertad a delincuentes pagados con dinero del narcotráfico”, como quedó revelado con la operación “Metástasis”, que llevó a la detención de 31 funcionarios del gobierno, entre ellos jueces, fiscales, guías penitenciarios y policías. A 16 con prisión preventiva por delitos relacionados con el narcotráfico, en un caso que, de acuerdo con la fiscal general, Diana Salazar, deja en evidencia la “narcopolítica” que operaba en Ecuador.
“El decreto de conflicto armado interno es una consecuencia de la violencia desenfrenada e incontrolable que estaban desarrollando estos grupos de delincuencia”, asegura Gutiérrez, al resaltar el apoyo unánime que ha dado la Asamblea Nacional a Noboa, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en las acciones adoptadas para combatir las bandas delictivas.
“Dejamos a un lado nuestras diferencias políticas e ideológicas, y nos unimos para que este decreto, declarando un estado de conflicto armado interno, tenga el mejor de los resultados en beneficio de la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos”, enfatiza.
@ebritop22