La sentencia inicial, dictada en 2022, condenó a Kenji Fujimori a cuatro años y medio de cárcel por tráfico de influencias
El congresista Kenji Fujimori habla ante la prensa sobre su expulsión, liderada por su hermana Keiko, del partido político leal a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en el Palacio Legislativo en Lima, Perú, el 31 de enero de 2018.
AP/ArchivoLIMA.- La Corte Suprema de Perú confirmó este martes que Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente peruano Alberto Fujimori, no será enviado a la cárcel a pesar de la ratificación de su sentencia por corrupción. La decisión se basa en la reciente aplicación de una ley emitida por la actual presidenta Dina Boluarte, la cual evita encarcelar a los condenados por penas no mayores a cinco años.
Esta medida, justificada por el gobierno para reducir el hacinamiento en las prisiones, genera críticas de expertos debido a su potencial para beneficiar a sentenciados por corrupción.
La Corte Suprema reafirmó la acusación de que en 2018 Kenji Fujimori intentó comprar votos de congresistas para evitar la destitución del entonces presidente Pedro Kuczynski, quien enfrentaba acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht. La sentencia inicial, dictada en 2022, condenó al menor de los hijos de Fujimori a cuatro años y medio de cárcel por tráfico de influencias, una variante del delito de corrupción.
La ley de Boluarte, que amplía la posibilidad de evitar la cárcel a penas no mayores a cinco años, contrasta con la normativa anterior que establecía este límite en cuatro años. El juez Manuel Luján fundamentó la decisión argumentando la aplicación del principio de retroactividad benigna.
La medida también afecta a otros implicados en el caso, como los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, así como el asesor parlamentario Alexei Toledo, quienes recibirán condenas de prisión suspendida.
La compra de votos salió a la luz en 2018, cuando el entonces parlamentario Moisés Mamani reveló videos en los que Kenji y sus computados ofrecían beneficios gubernamentales a cambio de votar en contra de la destitución de Kuczynski.
Este intento de manipulación política tenía como objetivo evitar una nueva solicitud de vacancia impulsada por la oposición liderada por Keiko Fujimori, quien actualmente enfrenta un pedido de la fiscalía de 30 años de cárcel mientras es investigada por presunto lavado de activos relacionado con la constructora Odebrecht, cargos que niega.
FUENTE: Con información de AP
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