MIAMI.- El dictador Daniel Ortega ha utilizado a los militares a su antojo desde que llegó al poder en 2007. Esto le ha permitido respaldo de las fuerzas armadas cada vez que el pueblo manifiesta en contra de su régimen y lo perfila para ganar, utilizando varios mecanismo -al margen de la constitución- el próximo 7 de noviembre y así asumir su cuarto mandato consecutivo, quinto en general.

En un informe de Expediente Abierto, una comunidad de investigadores, generadora de información y análisis, aseguran que Ortega desde su llegada al poder se ha entrometido con las fuerzas armadas. Más que como "Comandante en Jefe", cumpliendo incluso las funciones que debería desarrollas el Ministro de Defensa.

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Desde 2008, un año después de llegar nuevamente al poder -también presidió al país de 1985 a 1990- revela la investigación que "el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) comenzó a reportar un deterioro del Ministerio de Defensa y, por ende, de la gestión civil y democrática del sector, reformas a la ley del Poder Ejecutivo que eliminaron la figura del Ministro de Defensa como actor delegado de la presidencia para atender los asuntos militares (...)".

La crisis de abril, como se conoce a las protestas contra el régimen de Ortega en 2018, dejaron un saldo de más de 300 muertos, según cifras conservadoras, y entre 1.200 y 2.400 heridos con armas de fuego de alto calibre, detalla el documento, en el que también se lee que Informes de organismos internacionales especializados hicieron ver que las armas utilizadas en la represión son de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua, mientras que algunos exmilitares de alta graduación y expertos nacionales señalaban que esa institución habría armado a los "paramilitares", un grupo de civiles que operó junto con la Policía Nacional y causó la mayoría de las muertes y asesinatos. Con ello, estas personas inferían un mayor involucramiento de las fuerzas castrenses.

Sin embargo, el análisis de Expediente Abierto deja claro que Ortega desde que se apoderó del país buscó:

  • Crecimiento desmesurado de los negocios del Ejército de Nicaragua y sus ganancias;
  • Crecimiento acelerado del presupuesto militar desde la llegada de Ortega al poder.
  • Contratación de oficiales retirados de la institución en puestos del Estado y en corporaciones privadas y mixtas; así como la contratación recurrente de familiares de los militares. Ortega aplica la “política del espejo” para mostrar lo que pasa con los militares que son leales a su causa;
  • Garantía de impunidad ante abusos y delitos cometidos por los miembros del Ejército de Nicaragua. A la fecha, no existe ninguna investigación oficial contra militares por abusos de fuerzas y homicidios resultantes en sus operaciones, como la muerte de los hijos de doña Elea Valle.
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Según el documento, para Mariam Mufti, cientista política de la Universidad de Waterloo, asegura que “para los dictadores es muy importante someter los aparatos represivos del Estado para ejercer el uso legítimo de la fuerza”.

El análisis indica algunas recomendaciones para separar los poderes. Entre las posibles soluciones se destaca Reformas en la estructura del Ejército de Nicaragua, en los que se pide investigación por violar los derechos humanos.

"Uno de estos exfuncionarios expresó: “Antes de 2018, en varios casos que investigué, principalmente en Jinotega, la participación del Ejército de Nicaragua es muy clara. Desde nuestro organismo, criticábamos que los militares operaran contra los grupos armados, pues no tienen facultad constitucional para perseguir el delito”19 (Comunicación personal. Diciembre, 2020), se lee en una página de la investigación.

FUENTE: Con información de Expediente abierto

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