viernes 17  de  mayo 2024
Informe Otálvora

Informe Otálvora: EEUU y María Corina extienden plazo a Maduro

Tanto el gobierno de EEUU como MCM están coincidiendo en su evaluación de los hechos y en no apurar el restablecimiento de sanciones

Diario las Américas | EDGAR C. OTÁLVORA
Por EDGAR C. OTÁLVORA

La oposición venezolana entró en una línea de choque contra el secretario General de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro.

El régimen chavista, que durante dos décadas se mostró favorable a la ocupación guyanesa del territorio venezolano en el Esequibo, está ahora utilizando este delicado tema con obvios fines de política interna. A ello se suma la pugnacidad del gobierno guyanés al entregar concesiones petroleras en aguas no delimitadas con Venezuela, algunas de ellas frente a las bocas del río Orinoco. A los efectos de Venezuela desde antes que el chavismo existiera, la frontera terrestre con Guyana no está delimitada y por lo tanto no existe una delimitación marítima.

El 01NOV23, el Consejo Permanente de la OEA recibió al primer ministro guyanés Mark Anthony Phillips, quien expuso la posición de su país en cuanto al diferendo y acusó al régimen de Nicolás Maduro de amenazar militarmente a Guyana. Como es usual, Guyana recibió el apoyo de los países caribeños y de EEUU, quienes alegan que el caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Almagro tomó la palabra para negar cualquier derecho de Venezuela al territorio Esequibo, asegurando que el disputado Laudo Arbitral de 1899 ya fijó los límites entre los dos países.

Gerardo Blyde, quien encabeza el grupo negociados de la oposición venezolana frente a los representantes de Nicolás Maduro, hizo un inusual uso de su cuenta en la red X para responder a Almagro: “Su silencio sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial. El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder”.

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La hipótesis de una aventura militar en Guyana por parte de la dictadura chavista, emulando a la dictadura argentina que invadió las islas Malvinas en 1982, está siendo manejada en diversas cancillerías del continente. En general, tal posibilidad no parece realista.

Guyana se ha convertido en un país exportador de petróleo gracias a la producción de un consorcio conformado por la estadounidense Exxon (45%), la empresa propiedad del gobierno chino CNOOC (25%) y la estadounidense Hess (30%). El 23OCT23 Chevron Corporation anunció la compra total de la empresa Hess con lo cual Chevron adquirió la participación en el consorcio que explora petróleo en aguas no delimitadas entre Venezuela y Guyana en el Atlántico. La empresa Chevron, ejerciendo un matrimonio de intereses con el régimen chavista, ha sido una de las principales fuerzas de lobby para que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden permitieran que la empresa junto a otros de ingeniería petrolera, permanecieran en Venezuela pese a las sanciones impuestas por EEUU a la estatal petrolera venezolana PDVSA. En la práctica, el 55% de la propiedad del consorcio que realiza la explotación petrolera por autorización de Guayana, son socios directos de la dictadura venezolana. Repsol el aliado para negocios petroleros y el gobierno de China con el cual el chavismo mantiene una alianza estratégica. Maduro ha amenazado a las empresas que “pretendan entrar en aguas venezolanas o en aguas no delimitadas”, pero esas empresas son en realidad socias del chavismo.

El 26OCT23 el gobierno de Guyana anunció la aprobación de un grupo de licencias, sujetas todavía a negociación, para la explotación de petróleo aguas afuera. El consorcio formado por Exxon-CNOOC-Chevron fue uno de los ocho favorecidos para la asignación de nuevas zonas para exploración y futura explotación, esta vez en aguas no profundas.

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El 31OCT23 el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, compareció ante el Comité de Asignaciones del Senado para debatir sobre la propuesta del gobierno para ampliar los aportes en ayuda militar a Ucrania e Israel. Marco Rubio, senador republicano por Florida y miembro de este comité, decidió utilizar su pregunta para interrogar a Blinken sobre los sucesos en Venezuela tras las elecciones primarias. “La Administración Biden recientemente llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro en el que EEUU levantó las sanciones a cambio de elecciones libres y justas […] les ha llevado dos semanas y lo han violado. Cancelaron las elecciones primarias de la oposición y continúan prohibiendo a la ganadora de las primarias. Han roto el trato. ¿Vamos a volver a imponer sanciones?”

El día anterior, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designado y controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, había emitido una sentencia dictando medidas de “amparo cautelar” contra las elecciones primarias opositoras. El tribunal suspendió “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la “Comisión Nacional de Primarias”. El régimen de esta manera intentaba dejar sin efecto la elección autoconvocada y autoorganizada por la oposición para elegir un candidato para las hipotéticas elecciones de 2024. Mediante la sentencia, la sala electoral del tribunal exigía a los organizadores del evento electoral opositor la entrega de innumerables documentos incluyendo “el Acta de Aceptación de la Postulación, formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años, María Corina Machado”. De esta forma, el régimen dejaba colar además la confirmación de la inhabilitación política que le impuso a quien dos días antes había ganado la elección primaria. En paralelo a la acción de su Tribunal Supremo, el régimen inició un proceso judicial penal, a manos de su Fiscalía General, contra los organizadores de las elecciones a quienes acusó de “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

En el acuerdo suscrito el 17OCT23 en Barbados por el régimen chavista y la oposición se lee que “Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato”. Esta clausula fue presentada por el jefe negociado opositor, Gerardo Blyde, como la garantía del régimen de permitir la celebración de las elecciones primarias. La sentencia del tribunal del régimen retrataba el inicio de la violación del acuerdo de Barbados que había servido de excusa al gobierno de EEUU para complacer al sector petrolero ansioso de retomar operaciones en Venezuela.

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La respuesta de Blinken a la pregunta de Rubio el 31OCT23 fue genérica: “como saben, tras el acuerdo con la Plataforma Unitaria, la oposición llegó a un acuerdo con el régimen sobre el camino a seguir hacia las elecciones. Queríamos apoyarlo y parte del apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad, por supuesto, de revertirlas o de establecer algunas licencias que pueden revocarse muy rápidamente si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo que alcanzó. Entonces, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No están obteniendo vía libre para acciones que contradigan los compromisos […] estamos siguiendo esto con mucho cuidado”.

Por cierto, durante la intervención de Blinken en el comité senatorial, la sala fue invadida por un grupo de activistas de la organización estadounidense proiraní Codepink. Gritos de consignas, activistas con las manos pintadas de rojo y carteles de “levantar sanciones a Venezuela y Cuba”, “Cuba fuera de la lista de terroristas”, “No al apartheid israelí”, fueron mostrados. El grupo Codepink es un grupo enfocado en acciones de propaganda de apoyo en EEUU a las dictaduras de izquierda del continente y con vínculos con el régimen iraní. En 2019 mantuvieron tomada la sede de la Embajada de Venezuela en Washington.

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La siguiente reacción de EEUU fue la más concreta, pronunciada por Francisco Palmieri, el jefe de la misión diplomática estadounidense ante el gobierno colombiano y jefe de la “Unidad de Asuntos Venezolanos” que opera desde Bogotá. Palmieri, en declaraciones a Gabriela Perozo del canal VPI el 02NOV23, afirmó que “a sólo dos semanas de lo de Barbados es muy prematuro para desarticular el acuerdo, por algunas acciones que no van a tener mucha relevancia”. Palmieri se negó a responder si la decisión del tribunal sobre las primarias viola el acuerdo de Barbados. “Tenemos plena confianza que María Corina será el candidato presidencial de la oposición democrática”.

Palmieri confirmó que EEUU mantiene “canales de entendimiento abiertos para hablar directamente” con el régimen chavista.

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María Corina Machado planteó a medidos de 2022 la necesidad de escoger un nuevo liderazgo para la oposición. El 06ABR22, Machado difundió un video en el cual expresó su línea: “para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno […] No cuenten con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiar sus crímenes ante la CPI, no cuenten con nosotros para simular una normalización […] no cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en 2024”. Machado afirmó en ese video que el régimen “está montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos al candidato opositor […] “lo que más le conviene al régimen es ver un gentío metiéndose en una feria electoral, con pitos y banderas, promoviendo candidatos en un país de fantasía”. Machado se refería a la elección de un candidato opositor, pero esencialmente a un liderazgo político y argumentaba que “para que en Venezuela haya una elección de verdad primero debemos elegir una nueva dirección política”. En aquellos días, , Machado no era visitada por las delegaciones que de tiempo en tiempo enviada la Unión Europea y Machado se mantenía al margen del gobierno de Juan Guaidó. Sobre las negociaciones que la opositora “Plataforma Democrática” mantenía con el régimen, Machado dijo el 29NOV22 en entrevista con Idania Chirinos que “la mesa de negociación ha sido una mesa de extorsión en la que los venezolanos no están representados”.

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Con los resultados de las elecciones primarias del 22OCT23, en las cuales según los organizadores logró el 92,35% de los votos válidos, Machado asumió la vía electoral como la gran oportunidad abierta. En diversas intervenciones afirmó estar “concentrada en lograr un gran acuerdo nacional”.

El 31OCT23, Machado entrevistada por Jorge Ramos de Univisión dijo que “hay que crear los incentivos para todos los actores, incluso para aquellos que hoy son los que sostienen el régimen. Que entiendan que por su propio bien, deben coordinar esfuerzos y colaborar en un proceso de transición”. Entrevistada por Marcos Colombo el 02NOV23 para el portar argentino Infobae, Machado aseguró que el régimen “todavía” no ha roto el acuerdo de Barbados con el proceder del Tribunal Supremo suspendiendo los efectos de las elecciones primarias y confirmando la inhabilitación de la propia Machado. “Yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto”.

Tanto el gobierno de EEUU como Machado están coincidiendo en su evaluación de los hechos. La elección de Machado como candidata no es anulable y deberá esperarse antes de considerar que el régimen no cumplirá sus compromisos electorales, lo que podría llevar a que EEUU deje sin efecto las licencias que permiten hasta el 18ABR24, operaciones de petróleo, gas y minería a empresas estadounidenses (o con presencia en EEUU) en asociación con el gobierno de Maduro.

El 18OCT23, en paralelo a la emisión de licencias con duración de seis meses por parte del Departamento de Tesoro permitiendo operaciones petroleras y mineras en Venezuela, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el cual fijó un plazo de menos de dos meses, hasta finales de noviembre, colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la

oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”. Además, EEUU espera que antes de finalizar el mes de noviembre de 2023 debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.

Este Informe consultó infructuosamente al comando de María Corina Machado acerca de sus eventuales conversaciones con el gobierno de EEUU.

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