Las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia están a punto de quiebre.

Si bien ambos gobiernos mantienen abiertas sus respectivas Embajadas, las relaciones diplomáticas son prácticamente inexistentes desde principios del año 2017 cuando Juan Manuel Santos ordenó el retiro de su Embajador ante el gobierno de Nicolás Maduro. El 06ABR17, la entonces canciller de Colombia, María Angela Holguín, afirmó ante un comité parlamentario de su país que "no estamos frente a un país con el cual se pueda tener una relación normal por la misma situación interna que tiene Venezuela”. El 21MAY18, en una comparecencia ante la prensa en Bogotá, Holguín afirmó que “con Venezuela tenemos una relación ausente” a la vez que anunciaba que su gobierno no reconocía el proceso de votaciones del 20MAY18 mediante el cual Maduro se proclamó presidente reelecto.

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Actualmente no opera ninguna comisión bilateral venezolano-colombiana de integración o cooperación. Fuentes de la cancillería colombiana ya desde el año 2017 señalaban el silencio que las autoridades venezolanas mantenían ante rutinarias gestiones de la Embajada de Colombia en Caracas. Según un alto funcionario colombiano, su representación diplomática en Venezuela habría remitido más de 150 comunicaciones a diversas instancias oficiales venezolanas sin recibir respuesta, en relación al caso de 59 colombianos detenidos desde 2016 en Venezuela acusado de supuestamente pretender un atentado contra Maduro. Al igual que ocurre con la Embajada de EEUU y de diversos gobiernos latinoamericanos, la cancillería chavista suele retrasar inexplicablemente los trámites de acreditación de los funcionarios diplomáticos colombianos que llegan a asumir cargos en Venezuela dejándolos en un limbo legal. La cancillería chavista, que ha copiado el lenguaje y el estilo de la diplomacia cubana en sus cotidianos documentos y notas de protesta contra gobiernos extranjeros, mantiene un cerrado control de las actividades de los diplomáticos extranjeros llegando incluso a censurar reuniones con parlamentarios o líderes políticos opositores.

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Por indicaciones del nuevo mandatario, la cancillería colombiana no extendió invitación a Maduro para los actos de toma de posesión de Iván Duque el 07AGO18. Desde su campaña electoral, Duque había dejado saber que su gobierno minimizaría las relaciones diplomáticas con Maduro sugiriendo que procedería a cerrar la Embajada en Caracas. Desde entonces la cancillería chavista solicitó reiteradamente una reunión con el nuevo canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, pero Bogotá manifestó no tener interés en una reunión a nivel de cancilleres. Al igual que los representantes de otros gobiernos del Grupo de Lima, el jefe de la misión diplomática colombiana en Venezuela, por instrucciones de su cancillería, no atiende las invitaciones del canciller Jorge Arreaza a reuniones colectivas con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas en las cuales el canciller de Maduro suele atacar al gobierno colombiano.

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Tal como relatara el Informe Otálvora del 11AGO18, durante una cadena de televisión sobre el tema de la explosión de un dron durante un acto oficial tres días antes, Maduro ordenó el 07AGO18 que Arreaza invitara a los representantes diplomáticos de EEUU y Colombia para entregarles un informe de las “investigaciones”. El encargado de negocios de EEUU, James Story concurrió a la sede de la cancillería venezolana el 08AGO18. La convocatoria al representante diplomático colombiano fue evaluada por la cancillería colombiana tomando en consideración la tensa relación con Venezuela y la presencia de un nuevo mandatario en el Palacio de Nariño. La decisión colombiana fue atender la invitación pero enviando un mensaje implícito sobre la baja relevancia que Duque otorga al gobierno Maduro y resaltando el apoyo colombiano a la oposición venezolana. Colombia aceptó la invitación de Arreaza pero a la reunión convocada para el mediodía del 09AGO18 no envió al Encargado de Negocios y actual jefe de la misión diplomática Germán Castañeda, sino al consejero Augusto Blanco tercero en la línea jerárquica en la actual embajada de Colombia en Caracas. Mientras a la reunión con el jefe de la diplomacia chavista fue enviado un funcionario de rango medio, el Jefe de la misión diplomática colombiana en Caracas, por evidentes instrucciones de Bogotá, asistía a una sesión de la opositora Asamblea Nacional.

En tanto, a diversos medios de prensa de Bogotá llegaron durante el pasado mes de noviembre copias de comunicaciones, supuestamente filtradas por funcionarios venezolanos, en las cuales Arreaza solicita reunirse con el canciller colombiano. Mientras, el gobierno de Colombia es uno de los más activos miembros del Grupo de Lima, suscribió la solicitud a la Corte Penal Internacional para abrir un proceso contra miembros del gobierno Maduro por crímenes de lesa humanidad, propugna la imposición de un cerco diplomático al régimen chavista y junto a Ecuador encabeza las gestiones para implementar un plan internacional de atención a la masiva migración venezolana.

Tal como Hugo Chávez ya hizo contra Andrés Pastrana Arango y Alvaro Uribe Vélez, el gobierno de Nicolás Maduro rutinariamente ha denunciado inminentes acciones “contra Venezuela” por parte de los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Los puentes entre los dos gobiernos están prácticamente rotos.

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El 20DIC18, autoridades migratorias colombianas procedieron a detener y expulsar al venezolano Carlos Pino García quien figura como empleado en la Embajada de Venezuela en Bogotá. Pino García oficialmente es un “asesor político” sin rango diplomático por lo cual no contaba con inmunidad. Pino García, quien está políticamente vinculado con grupos de la izquierda radical colombiana, confirmó en entrevista con el canal radial RCN del 21DIC18 que él realizaba tareas “de hacer contactos y establecer puentes” y dijo haber recientemente visitado el Congreso colombiano “solicitando a algunos senadores y algunas bancadas su intervención”. En esa declaración se quejó porque “el gobierno de Colombia no le haya respondido ninguna de las cartas que ha mandado el canciller Arreaza”.

El gobierno colombiano no ha hecho públicas las razones concretas para la expulsión de Pino pero las autoridades migratorias aseguran contar con información en su contra proporcionada por organismos de inteligencia. La expulsión fue acordada por Colombia basándose en la existencia de “informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social”.

El 21DIC18 la cancillería chavista emitió un comunicado calificando como “un secuestro” la detención de Pino y anunció la decisión de expulsar de Venezuela al Cónsul General de Colombia en Caracas Juan Pérez Villamizar. “Por razones de seguridad de Estado y en aplicación del principio de reciprocidad” el gobierno Maduro expulsó a Pérez Villamizar acusándolo de “ejercer funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente”. La orden de salida del país a un alto funcionario consular de Colombia en Caracas como contrapartida a la expulsión de un empleado no diplomático de la embajada de Maduro en Bogotá fue un acto de clara represalia que no puede entender como una usual medida de reciprocidad ya que no existe equivalencia entre los cargos de ambos funcionarios. La embajada colombiana informó el 11ABR18 al gobierno venezolano la designación de Pérez Villamizar como Cónsul General en Caracas pero la cancillería chavista jamás emitió la respectiva acreditación. Las jugarretas diplomáticas están multiplicándose entre los gobiernos de Ivan Duque y Nicolás Maduro.

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Tal como estaba previsto, el 19DIC18 se produjo en Bogotá una reunión de trabajo del Grupo de Lima para continuar analizando los detalles de una declaración que sería suscrita el 04ENE19 en Lima. El encuentro de Bogotá fue a nivel de vicecancilleres o representantes especiales. El resumen del encuentro lo ofreció el embajador y actual vicecanciller peruano Hugo de Zela Martínez quien aseguró que “se ha logrado un alto nivel de coincidencia, aunque todavía está pendiente pulir la declaración que van a hacer los cancilleres”(…) “estamos muy satisfechos porque lo principal ha sido que se ha reafirmado la unidad de los países del Grupo de Lima y el convencimiento de que en Venezuela ha habido una ruptura del proceso democrático y que tenemos que colaborar para que esa ruptura termine”. Perú propuso al Grupo de Lima la ruptura de relaciones colectiva de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro a partir del 10ENE19, posición no compartida por todos los miembros del grupo. El Grupo de Lima no reconoce la legitimidad de un segundo gobierno de Nicolás Maduro pero aún no encuentra una posición común para materializar esa postura.

En la reunión que fue realizada en la sede de la cancillería colombiana participaron representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

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La reunión de Bogotá del 19DIC18 fue la primera del Grupo de Lima posterior a la toma de posesión de AMLO en la Presidencia y en medios diplomáticos existían dudas sobre la continuidad de la presencia de México en este foro dedicado al “tema Venezuela”. El nuevo gobierno mexicano envió a Bogotá una delegación encabezada por el subsecretario para América Latina y el Caribe Maximiliano Reyes Zúñiga quien es una de las primeras cuotas ingresadas a la cancillería de México por el gobierno de AMLO. Reyes Zúñiga es un militante de izquierda y fue diputado regional en la ciudad de México por el partido PRD de Cuauhtémoc Cárdenas.

El enviado mexicano notificó de su presencia en Bogotá mediante varias publicaciones en sus cuentas en Twitter y Facebook. En una de ellas escribió: “en la reunión preparatoria del Grupo de Lima, México reafirma su posición de no intervención, respeto absoluto a la soberanía y no injerencia en asuntos internos de ningún país o pueblo del mundo y más de América Latina. Reiteramos que no vamos a romper relaciones diplomáticas con Venezuela”. Todo indica que México se convertirá en la pieza disonante dentro del Grupo de Lima. El partido gobernante en México, Morena, está afiliado al Foro de São Paulo y propugna una línea de aproximación del gobierno mexicano a los regímenes castrocomunistas.

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