Uno de los casos que ejemplifica cómo la justicia ha sido empleada por el régimen es el del supuesto intento de magnicidio contra Maduro, con un dron, en 2018
El dicatdor del régimen chavista, Nicolás Maduro, durante la apertura del año judicial el 31 de enero de 2024.
AFPCARACAS.- Los conceptos de independencia y autonomía en el sistema de justicia de Venezuela no existen. El régimen de Nicolás Maduro maneja a su antojo el poder judicial, donde se vale de jueces puestos a su medida para ejecutar las tareas de persecución judicial. Son jueces a quienes se les asigna la mayoría de los casos de los presos políticos.
Asimismo, estos jueces están a la cabeza, especialmente, de los tribunales con competencia en terrorismo, el tipo de cargos que le son imputados a la mayoría de los presos por razones políticas, además de los de traición a la patria y rebelión civil.
Los tribunales con competencia en terrorismo fueron creados en 2013, justo el año en que Nicolás Maduro llegó al poder, en sustitución de Hugo Chávez (1999-2013), cuya muerte fue anunciada en marzo de ese año.
Un monitoreo realizado para un reportaje del portal venezolano Tal Cual arrojó que los encargados de administrar la justicia del régimen no son solo jueces civiles, sino también militares.
El estudio, publicado en septiembre de 2022, reveló que de los 141 casos de presos políticos más sonados hasta esa fecha y que fueron llevados a tribunales civiles, el 43.3% llegó a los juzgados con competencia en terrorismo; 38.3% fue juzgado por otros tribunales civiles y 18.4% por tribunales militares.
El mismo reportaje reseñaba que el régimen de Maduro "usa el delito de terrorismo como una suerte de comodín y que las disposiciones penales sobre este delito son vagas".
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU ha documentado que en Venezuela existen patrones de persecución judicial en contra de quienes son actores críticos del régimen, que tienen perfiles públicos elevados y que con sus acciones pueden representar una amenaza para la dictadura. Entre esos actores críticos están líderes políticos, activistas sociales y militares disidentes. Además, también pueden entrar en el radar otros actores con menos exposición pública, pero que el régimen considera que de alguna manera "desafían las narrativas oficiales". Según el monitoreo, muchos de esto actores críticos son detenidos en procesos que son irregulares.
Asimismo, la investigación evidenció que de los un poco más de 2.000 jueces que hay en Venezuela, son 28 los que han llevado los juicios de los presos políticos.
Estos son algunos de los jueces "favoritos" del régimen:
Carol Padilla Rey: sancionada por el Departamento del Tesoro en 2019. Llevó los casos de Juan Requesens, Fernando Albán, Roberto Marrero, coronel Oswaldo García Palomo, general Héctor Hernández Da Costa, Julio Borges, Derbys Rodríguez.
Hilda Rosa Villanueva: Gilbert Caro, Edgar Zambrano, Víctor Ugas. Además, se encargó del caso de la llamada Operación Libertad, el levantamiento cívico-militar contra el regimen el 30 de abril de 2019.
Susana Virginia Barreiros: llevó el caso del líder opositor Leopoldo López, a quien condenó en 2015 a 13 años y nueve meses de cárcel.
Solchy Delgado Paredes: también llevó el caso de Leopoldo López.
Adriana López Orellana: caso Leopoldo López.
José Maximino Márquez: Roland Carreño, Rafael y Javier Tarazona, Freddy Guevara. Fue el juez de la Operación Gedeón, una incursión marítima en mayo de 2020 que buscaba derrocar a Maduro.
Hennit Carolina López: llevó los casos de Óscar Pérez, Juan Requesens, general Héctor Hernández Da Costa, y también la Operación Gedeón y el juicio por el supuesto intento de magnicidio contra Maduro, con un dron, en agosto de 2018, en el que la jueza impuso la pena máxima a los acusados.
Freddy Pérez Alvarado: Hugo Marino, Víctor Navarro, ONG Embajadores Comunitarios.
Uno de los casos que ejemplifica cómo la justicia ha sido empleada por el régimen es el de los acusados por el supuesto intento de magnicidio contra Maduro, con un dron, en agosto de 2018, en el que fueron condenados con la pena máxima contemplada en las leyes venezolanas tres militares y nueve civiles.
Para la ONG Acceso a la Justicia, el caso del dron fue "un punto de inflexión" por las condenas impuestas. La ONG destacó que el juicio "estuvo plagado de irregularidades, no solo por los tradicionales retrasos que aquejan a los juicios en Venezuela, sino que incluyeron violaciones a los derechos humanos consideradas como crímenes de lesa humanidad".
De igual manera, para Acceso a la Justicia, el régimen trató de dar un ejemplo pues desde el comienzo del gobierno de Chávez en 1999, se han denunciado variados supuestos intentos de asesinar a Chávez y Maduro, pero ninguno tuvo una conclusión legal.
Otro de los hallazgos del monitoreo de Tal Cual fue el de los "jueces sin rostro"; se trata de jueces de los que no se puede conseguir información y ni siquiera se conocen sus credenciales o si tienen alguna filiación política.
Sobre este último punto, en 2019, el periodista venezolano Joseph Poliszuk presentó la ponencia Jueces Políticos en el foro Estado de la Justicia y la Democracia en Venezuela, organizado por Acceso a la Justicia y otras organizaciones civiles.
De acuerdo a su investigación, el 40% de los jueces activos para ese momento simpatizaban y/o eran militantes de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y el 8% son, o habían sido contratistas del Estado en el ejercicio de sus funciones en el sistema judicial. Asimismo, otros jueces cumplían roles paralelos en instituciones del Estado.
“Siempre hablamos de presos políticos, pero para que haya presos políticos tiene que haber jueces políticos. Creo que ellos son tan responsables, los magistrados son tan responsables como los generales, de lo que está pasando en Venezuela” señaló Poliszuk en el foro.
FUENTE: Con informacion de Tal Cual / accesoalajusticia.org / Infobae
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