La Justicia argentina ordenó estudiar si hay contradicciones en las declaraciones juradas presentadas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, entre 2013 y 2015, en el marco de la causa que lo investiga por supuesta "omisión maliciosa" tras su aparición en los llamados papeles de Panamá.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, tras la petición realizada el pasado 8 de junio por el fiscal Federico Delgado, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la Fiscalía encargada del caso.
El miembro del Ministerio Público había pedido realizar un análisis comparativo de las declaraciones presentadas por el actual presidente de la Nación entre 2013 y 2015, cuando Macri era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que la tarea fuera llevada adelante por docentes de la Universidad de Buenos Aires.
La Fiscalía señaló hoy que si bien Casanello dio lugar a ese pedido, determinó que el estudio fuera realizado por la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, en vez de la institución académica.
El objetivo central del estudio es determinar si existieron "contradicciones" en las declaraciones, confirmaron las mismas fuentes de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 6.
La causa investiga la supuesta participación del presidente argentino en sociedades inscritas en paraísos fiscales a raíz de la aparición de su nombre en la filtración de documentos del gabinete de abogados panameños Mossack Fonseca, denominados Papeles de Panamá.
En concreto, Macri figuraba, según los documentos, como miembro directivo de la empresa Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas, y de Kagemusha, inscrita en Panamá.
En su escrito de petición al juez, el fiscal Delgado, que presentó también ante el juzgado un cuadro con sociedades investigadas en relación a Macri, explicó que, a partir del análisis se podría "ingresar en la otra discusión, (...) que tiene que ver con valuaciones de inmuebles, porcentaje y valor de acciones, bienes en el exterior".
Además, Delgado explicó, en relación a la investigación de las sociedades off-shore, que es "complicadísimo" sobre todo porque se depende "de los vetustos exhortos cuya eficacia y velocidad está dada, exclusivamente, por la voluntad de los gobiernos requeridos y por la habilidad diplomática de los Estados requirentes".
Tras la filtración de los papeles de Panamá, a principios de abril, Macri explicó que las empresas nunca tuvieron movimientos, que su inscripción como directivo fue algo meramente formal, a petición de su padre, y subrayó que todos sus bienes siempre estuvieron declarados ante el Fisco argentino, además de indicar que se encuentra a disposición de la Justicia.
La investigación sobre el mandatario parte de una denuncia del diputado del kirchnerista Frente para la Victoria Darío Martínez, a la que hizo lugar el fiscal Delgado, quien pidió indagar si el jefe de Estado "omitió maliciosamente" su participación en dichas empresas en sus declaraciones juradas de bienes y activos.
El pasado 26 de mayo la Oficina Anticorrupción divulgó la declaración patrimonial de Macri de 2015, en la que se advierte que pasó de tener bienes, depósitos y dinero por casi 53 millones de pesos (casi 3,8 millones de dólares) al comienzo del ejercicio a los 110 millones de pesos al final (unos 7,8 millones de dólares).
Según explicó el mandatario, en el apartado 11 de la misma declaración el incremento se explica en que ese año consignó como "importe de valuación para los bienes exentos y no alcanzados por el impuesto sobre los bienes personales, el valor de costo informado en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias".
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