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Vivir en Venezuela se ha convertido en un batallar diario para conseguir lo más elemental: comida, y medicamentos.

Pero no es eso lo único a lo que debe sobreponerse el ciudadano común en su dinámica de vida, sino también a la ausencia de los servicios básicos, que aunque son bienes públicos (pertenecen al Estado) han comenzado a verse "privatizados" de facto, como consecuencia de vivir en una Emergencia Humanitaria Compleja, que tiene como principal características el quiebre del Estado.

El agua y la electricidad son algunos de los servicios públicos que en Venezuela no cumplen con las exigencias mínimas de la población, y que como consecuencia de las fallas constantes a las que son sometidos los usuarios, se han visto en la necesidad de buscar alternativas no convencionales para contar con su suministro y distribución.

Aunque el país tiene suficientes recursos hidrológicos para que sus 32 millones de habitantes tengan acceso al agua potable y al saneamiento, la realidad es otra. En la actualidad 82% de la población, equivalente a 28.621.000, no recibe agua de manera continua, y quienes la tienen, no la reciben de óptima calidad, de acuerdo con el Reporte Nacional sobre el Derecho al Agua, publicado en octubre, que estuvo a cargo de académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Crisis del agua potable en Venezuela EFE
Las familias tienen que dedicar hasta el 40% de su presupuesto mensual para comprar agua, muchas veces de muy mala calidad.
Las familias tienen que dedicar hasta el 40% de su presupuesto mensual para comprar agua, muchas veces de muy mala calidad.

A pesar de que el acceso al agua es un derecho humano contemplado por Naciones Unidas, los venezolanos no lo tienen garantizado. El Estado incumple sus obligaciones en esta materia constantemente.

Alejandro Luy, gerente general de la organización Tierra Viva advierte que algunas zonas de Valencia, tercera ciudad más importante de Venezuela, han optado por bañarse con el agua de lluvia que recogen ante la ausencia del la distribución del servicio a través de sus tuberías.

La privatización de ese servicio es un hecho, oculto, pero real. En zonas con racionamiento extremo, las familias tienen que dedicar hasta el 40% de su presupuesto mensual para comprar agua (desde botellones para beber hasta el llenado de cisternas para asearse), señala Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y doctor en Ciencias Ambientales, y coordinador de la organización Coalición Clima 21.

En el primer semestre del presente año se han producido 260 protestas a nivel nacional por falta de agua. Los estados Miranda y el Distrito Capital, que tienen una población de 5.327.360 habitantes encabezan la lista, de acuerdo con lo expuesto en dicho informe.

Pero lo más preocupante es que las fallas en el suministro del agua no son exclusivas de las zonas residenciales, ya de por sí muy negativo para el saneamiento y salubridad de la población. También afecta a la red de salud pública, y a las instituciones educativas.

Hospitales y centros educativos sin servicios

En el 75% de los centros hospitalarios de salud pública del país no reciben agua de forma continua, y 25% dejó de recibir el suministro, según el Reporte Nacional sobre el Derecho al Agua.

El hospital infantil JM de los Ríos, el más importante del país, tiene problemas con el sistema de tuberías de aguas servidas, se filtra en 30% de sus instalaciones. “El 70% de las muertes se debe a sepsis, infección respiratoria y diarrea. El servicio de Oncología está cerrado porque las aguas servidas de pisos superiores se filtran hasta su nivel, estando ubicado debajo de Emergencia y Cuidados Intensivos. Adicionalmente, los tres tanques de agua que surten toda la edificación del hospital se encuentran contaminados, según confirmación con pruebas físico-químicas y bacteriológicas realizadas“, según el estudio 20 años después: Evaluación Tecnológica, Caso Hospital de Niños J.M. de Los Ríos.

crisis en servicios Venezuela EFE
El 75% de los centros hospitalarios de salud pública del país no reciben agua de forma continua.
El 75% de los centros hospitalarios de salud pública del país no reciben agua de forma continua.

La ausencia en el suministro del agua también afecta a la educación venezolana, los planteles educativos, en todos sus niveles: básica, media, diversificada y universitaria, también sufren las consecuencias por deficiencias en el servicio de agua, por problemas sanitarios e inundaciones. En ocasiones, deben suspenderse las actividades académicas por el riesgo de contaminación de alumnos y docentes.

En el informe sobre el Derecho al Agua advierten que la escasez ocurre por una multiplicidad de razones que no están relacionadas con factores climáticos sino con la gestión humana: las empresas hidrológicas no cuentan con supervisión, ni tienen recursos, lo que ha impedido que las plantas de potabilización convencionales tengan la capacidad de potabilizar el agua cruda.

"No existe mantenimiento en la red de distribución del agua potable que incluye las bombas, las válvulas y las tuberías que ya han alcanzado el tiempo de vida útil y no han sido reemplazadas; existe una contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos por actividad histórica de extracción, agro tóxicos y vertederos a cielo abierto, éstos contaminantes llegan a lugares que se suponían prístinos, incluyendo al mar Caribe y al océano Atlántico; y la red de monitoreo hidro meteorológica se ha visto disminuida en su capacidad para prevenir amenazas de riesgo como inundaciones o sequías, lo que impide a las autoridades poder contar con las herramientas para tomar de decisiones oportunas“, advierte el estudio.

Álvarez Iragorry asegura que “hay zonas del país donde la escasez del agua ha generado una crisis absoluta en la población, como la zona de Paraguaná (en el estado Falcón, al occidente del país), que está llegando a niveles críticos, el suministro es de unas pocas horas al mes. Las poblaciones de estas localidades se ven obligadas a comprar cisternas de agua a precios cada vez más altos“.

Existen casos tan paradójicos como las zonas alrededor del embalse del Guri, en el estado Bolívar, donde las localidades de Puerto Ordaz, y Upata, no tienen agua por problemas estructurales referidos a falta de mantenimiento, afirma el experto.

"El Estado perdió la capacidad para resolver la emergencia en materia hídrica y sanitaria. Necesitará ayuda externa, a través de cooperaciones internacionales“, advierte el biólogo.

apagon en venezuela EFE
Los apagones en Venezuela son constantes.
Los apagones en Venezuela son constantes.

Hasta 5.000 dólares por un transformador

Desde hace más de 10 años el sector hidroeléctrico del país no recibe mantenimiento, por lo que su margen de operatividad ha ido perdiendo capacidades que se traducen en fallas en el suministro eléctrico que deja por horas, y a veces días, a pueblos, urbanizaciones y ciudades, según el mencionado estudio.

La Asamblea Nacional presentó un informe en el que advierte que aunque el Gobierno Nacional realizó una inversión de 42.000 millones de dólares en infraestructura eléctrica, el servicio ha empeorado: 45% de las turbinas de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, antes llamada Raúl Leoni, conocida popularmente como Represa del Guri están fuera de servicio. Está subutilizada su capacidad de 2.065 MW en 10 unidades.

La tensión de las fases se cae, surgen fallas intermitentes o explotan transformadores y dejan a comunidades y urbanizaciones enteras sin el servicio por horas, e incluso días si que haya una efectiva respuesta de la empresa pública Corpoelec, ni del Gobierno, como ente regulador.

La tensión eléctrica puede disminuir por dos razones: la reducción de tensión por parte del proveedor del servicio para reducir la carga cuando existe una demanda muy alta o porque el suministro es muy débil.

El servicio eléctrico se está sectorizando en Venezuela, cuando un técnico de la Corpoelec, empresa pública nacional, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, acude a una zona donde existe una falla eléctrica suele explicarle a la comunidad que no cuentan con las herramientas para resolver el inconveniente, dejando desamparados a los ciudadanos.

En urbanizaciones de clase media (prácticamente extinta en Venezuela) y alta, cuando explota un transformador (habitual en la actualidad), los técnicos de Corpoelec advierten que la empresa no cuenta con equipos para reemplazarlos pero que por cifras superiores a los 5.000 dólares (el salario mínimo en el país es de cinco dólares mensuales) pueden conseguirlos y sustituirlos, de acuerdo con denuncias hechas por habitantes de zonas residenciales en la Gran Caracas.

Existen comunidades enteras en zonas distantes en los estados de Zulia, Miranda, Lara, y Falcón que reportan apagones prolongados de hasta varios meses sin electricidad, porque no cuentan con divisas para comprarle a los técnicos de Corpoelec los equipos que la empresa pública está en la obligación de reemplazar para que sea restituido el servicio.

Esta es la misma experiencia que se vive con los proveedores de telefonía local e internet en el país. Cantv, empresa nacionalizada por el gobierno, es la compañía más grande de comunicaciones en Venezuela y la que más fallas presenta para brindar servicio a sus usuarios. Los técnicos no reparan los servicios a menos que la comunidad haga un pago extraordinario para ello. Si a un usuario único le ocurre una falla lo más probable es que se quede sin línea indefinidamente.

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