Salvo excepciones como el golpe de estado en Honduras en 2009 y continuas denuncias de fraudes electorales municipales y nacionales en Nicaragua, los centroamericanos han consolidado una democracia electoral, respetando resultados en las urnas.
Ahora la clase política está entredicha y la función pública señalada debido a los actos de corrupción que llevó a varios ex presidentes a salas de juicio. Otros tienen procesos que podrían sentarlos en la silla de los acusados.
“Yo creo que (por los casos de corrupción) hemos perdido la legitimidad de la democracia representativa. Por un lado se ha ganado en las urnas, en términos generales con las salvedades del caso, las elecciones son perceptibles, fraude (electoral) deliberado y estructural no hay; pero la gestión pública ha venido perdiendo legitimidad y eso es muy negativo para la sociedad”, dijo el sociólogo Carlos Sandoval, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
La renuncia de la vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti, al ser señalada de integrar una red de corrupción aduanera, el mayor escándalo de corrupción en su país desde que se instauró la democracia en 1985, sin duda siembra un precedente histórico en un país adormecido que había dejado de creer en la justicia, cuyos ciudadanos presionaron en las calles por su salido desde que se destapó el escándalo, así como la cúpula empresarial.
La red criminal conocida como La Línea, la cual sería liderada por Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de la vicepresidenta y hoy en fuga, ingresó más de 500 contenedores de carga de manera ilegal en Guatemala, por lo que las autoridades calculan que obtuvo millones de dólares.
Con ello acarreó una crisis institucional en Guatemala, que amenaza incluso con salpicar al propio presidente Otto Pérez Molina, un defensor de Baldetti.
“Pierde el Gobierno del presidente Pérez Molina, pierde el sistema político y pierde la sociedad guatemalteca. Hay que recordar que en septiembre hay elecciones y eso es muy negativo para Guatemala”, explica el sociólogo.
De ahí que su dimisión era necesaria para buscar fortalecimiento de la democracia y preservar la institucionalidad de un país harto de una corrupción de la que nadie se responsabiliza, según Jorge Briz, presidente del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
A la par de Guatemala, en El Salvador, el expresidente Francisco Flores (1999 – 2004), fue acusado por la Fiscalía salvadoreña el 30 de abril de 2014, por aparente malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su Gobierno, destinados para proyectos de reconstrucción después de que dos terremotos asolaran El Salvador en 2001.
En Panamá, la Corte Suprema de Justicia decidió el pasado 28 de enero investigar al expresidente Ricardo Martinelli, el millonario empresario carente de diplomacia e intelecto que gobernó su país entre 2009 y 2014, por supuestos delitos contra la Administración Pública.
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A él se le acusa de ordenar a directores del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN), un proyecto de emergencias para combatir la pobreza, sobrecostos por más de 45 millones de dólares en comida deshidratada para las escuelas del país.
Costa Rica, el país con la democracia más sólida en América Latina, ya enjuició y encarceló a dos ex presidentes. Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), fugaz secretario general de la Organización de Estados Americanos (2004) y Rafael Ángel Calderón (1990-1994). Ambos llegaron al gobierno por el Partido Unidad Social Cristiana.
Rodríguez fue encontrado en 2011 culpable de corrupción agravada en un reparto de comisiones de la empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel por una licitación de un contrato público para la instalación de 400,000 líneas de telefonía móvil.
Calderón fue encontrado culpable de participar en un reparto de dádivas de un contrato para la compra de equipo médico para la Caja Costarricense del Seguro Social.
El pasado 22 de diciembre de 2012, el Tribunal de Apelaciones del II Circuito Judicial de San José, anuló las sentencias emitidas para este caso y absolvió a todos los imputados incluyendo a Rodríguez. La Sala Tercera de la Corte Suprema anuló el año pasado esta última sentencia y ordenó que un nuevo tribunal de apelación analice la sentencia original que encontró culpable al exmandatario.
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Por unanimidad, un tribunal condenó en el 2009 al expresidente Calderón por dos delitos de peculado en perjuicio del Estado Costarricense, y lo sentenció a cinco años de prisión; así como a ex funcionarios públicos y un empresario farmacéutico.
José María Figueres, quien gobernó el país entre 1994 y 1998, recibió cerca de 90,000 mil dólares de la firma francesa Alcatel, entre el 2000 y el 2003, por dar asesoría en promoción de tecnología de telecomunicaciones. Aunque a nivel público el escándalo se sumó a los de Calderón y Rodríguez, Figueres nunca fue acusado por la fiscalía y la oficina tributaria no consideró conducta financiera improcedente y él ahora ha velto a la arena política en busca de un nuevo mandato, esa fiebre que salpica a ex mandatarios de Latinoamérica.
En Nicaragua Arnoldo Alemán (1997 -2002) fue condenado en 2003 a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos y corrupción, cargos que motivaron su pérdida de la condición de diputado y posterior arresto.
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Ha sido considerado unos de los 10 jefes de estado más corruptos del mundo, ocupando el lugar 8. El 15 de enero de 2009, Alemán fue sobreseído de los cargos de corrupción por la Corte Suprema de Justicia, que en ese entonces era presidida por Manuel Martinez Sevilla, uno de sus principales aliados; pero además fue sin duda con la venia de Daniel Ortega, instalado de nuevo en el poder.
Ha sido el único expresidente condenado por corrupción, pero el sentimiento colectivo en Nicaragua es que el sistema político a modo general es corrupto, incluido el actual gobierno sandinista que maneja a su antojo los hilos del poder y por ende la justicia.
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Ortega y compañía maneja a discreción una millonaria cooperación petrolera venezolana. Él y sus allegados a través de los años han acumulado empresas y llevan una vida ostentosa. La corrupción en Nicaragua la gente la percibe a niveles de estructuras de poder inferiores, como delegados y alcaldes, así como otros poderes estatales como el electoral. Ahí, el magistrado presidente Roberto Rivas, quien literalmente le cuenta los votos a Ortega en cada elección, lleva una vida de rey.
“Yo diría que (la corrupción) es un efecto negativo que erosiona la legitimidad de los gobiernos, disminuye la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes y eso es muy negativo. Se va generalizando esa imagen que no es cierta pero que va agarrando fuerza y es esa que se dice que todos son corruptos, entonces para qué yo voy a votar si todos roban”, analiza Sandoval.
“Eso se escucha en Nicaragua, que todos roba pero que por lo menos Daniel está haciendo algo. Eso es muy negativo para cualquier sociedad”, puntualiza.
Honduras no escapa a esta ola de señalamientos. Durante el periodo actual de Juan Orlando Hernández, se destaparon muchos casos de corrupción del gobierno anterior de Porfirio Lobo, entre los que se destacan el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social y la corrupción en el Instituto de la Propiedad. Es apenas una cadena de señalamientos que inicia como en otros países desde la época colonial.
A diciembre de 2014, Nicaragua fue considerado el país más corrupto de Centroamérica, según el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción publicado por la organización Transparencia Internacional. En la lista le siguieron Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
